La diputada nacional Graciela Iturraspe, del bloque Unidad Popular, presentó un proyecto (Expte. 750-D-2013) por el que expresa su beneplácito ante el inicio, el pasado 5 de marzo, del Juicio por el Plan Cóndor, implementado en el marco del acuerdo de dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países en la década del 70.
Iturraspe, integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, señaló en los fundamentos del proyecto que “el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) 1, tras varias dilaciones, lleva adelante este juicio por crímenes de lesa humanidad, por 106 víctimas todas asesinadas o desaparecidas, entre las que hay ciudadanos uruguayos, paraguayos, chilenos y bolivianos y un caso de Perú”.
Exclusivamente por el Plan Cóndor, los acusados son 24, entre ellos, los principales jefes locales de la represión, responsables a su vez de la coordinación del Cóndor y están acusados como autores mediatos por asociación ilícita y privación ilegal de la libertad. Hay dos casos distintos. Uno es Cordero, el coronel uruguayo que fue extraditado de Brasil. Sólo es juzgado por privación ilegal de la libertad porque Brasil entendió que la asociación ilícita estaba prescripta. El otro caso es Miguel Angel Furci, el número 25. Llegó a juicio por Orletti, acusado por privación ilegal de la libertad y tormentos.
Asimismo, están siendo juzgados nuevamente el dictador Jorge Rafael Videla, Reinaldo Benito Bignone, Jorge Olivera Rovere, Santiago Omar Riveros y Antonio Vañek. «El gran problema que tuvo el juicio fue la demora en la investigación y eso se ve a la hora de recorrer los nombres de los acusados. Sólo entre las tres causas elevadas, había 32 acusados: algunos murieron antes del juicio y otros están fuera del proceso por motivos de salud. En el primer grupo está Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Antonio Bussi« dijo Iturraspe.
El proyecto está acompañado por la firma de los diputados nacionales Claudio Lozano y Ricardo Cuccovillo.
