La secretaria de Pueblos Originarios de Unidad Popular, Miriam Liempe, acompañó el reclamo del Movimiento en Defensa de la Pacha para preservar Punta Querandí (Tigre) de ser anexado a un complejo de countries.
Los manifestantes se dirigieron luego a la sede de la Dirección de Patrimonio Cultural, donde fueron recibidos por tres funcionarios. Allí, después de tres horas de reunión, obtuvieron su logro más importante: que los estudios de impacto arqueológicos financiados por las empresas, realizados por el arqueólogo Daniel Loponte y, polémicamente, aprobados en noviembre de 2011 después de que se dictó una medida cautelar para detener la obra en septiembre, serán reevaluados.
Por su parte, la abogada y referente de UP en Morón Andrea Burucua presentó al Juzgado Civil y Comercial Nº9 de San Isidro la solicitud de extender la medida cautelar sobre el Sitio Punta Canal-Punta Querandí donde se explica que la media hectárea que abarca “conserva restos arqueológicos indígenas de mil años de antigüedad, destruidos para la construcción de countries”.
Además de Liempe, acompañaron la protesta la agrupación Hijos del Condor (La Plata), la Asamblea Delta y Río de la Plata, los compañeros del Bloque Unidad Popular de Tigre, los funcionarios qom Gabriela Comuzio y kolla Fortunato Vilca (Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, Secretaría de Derechos Humanos), el abogado diaguita Benito Espíndola (ORCOPO), la diputada provincial Karina Nazabal (FPV), compañeros/as de la CTA, los periodistas Zulema Enriquez y Javier Sahade, y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros.
