Es la que investiga maniobras con acciones cuando era director ejecutivo de la ANSeS. El diputado nacional Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular, cuestionó ayer duramente la decisión judicial de dejar en manos del polémico juez federal Norberto Oyarbide una investigación contra el vicepresidente Amado Boudou por presunto delito en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) cuando este último era director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
“Es una demostración más de cómo se consolida la impunidad para con aquellos funcionarios que estafan moral, social y económicamente a los argentinos”, expresó el legislador referenciado en el Frente Amplio Progresista (FAP) liderado a nivel nacional por el ex gobernador santafesino Hermes Binner.
Lozano denunció hace dos años, en plena campaña electoral, un presunto faltante de 4.200 millones de pesos del FGS y la compra con recursos de la ANSES de acciones de empresas supuestamente vinculadas a funcionarios del Ministerio de Economía.
La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría y estaba bastante avanzada, según dijeron fuentes judiciales. La magistrada había solicitado informes a diversos organismos y habría reunido prueba que podía llegar a complicar a los denunciados.
Sin embargo, inesperadamente, la causa pasó esta semana al juzgado de su polémico colega Oyarbide, cuestionado por fallar reiteradamente en supuesto beneficio de funcionarios del Gobierno, como ocurrió con las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner.
Ocurre que Oyarbide fue recusado en una causa promovida por el ex banquero Eduardo Saiegh contra ex funcionarios de la dictadura y el sorteo determinó que a partir de ahora intervenga el juzgado de Servini. Como “compensación” -un polémico mecanismo utilizado en los tribunales- ella solicitó desprenderse y mandar al juzgado de Oyarbide una causa de similar complejidad y magnitud. Así, los papeles y pruebas acumulados en la investigación contra Boudou y otros funcionarios quedarán ahora en manos de Oyarbide.
Lozano había señalado a la empresa Mirgor.
La ANSES compró la mitad de las acciones de esa firma el 22 de octubre de 2008. Al abrir la rueda cada acción cotizaba 76 pesos, al cierre subió a 84 pesos y al día siguiente cotizó a $90.
