Si bien aún no contamos con los proyectos a la vista para emitir una opinión más acabada de los mismos, la presentación realizada por la Presidenta de la Nación, bajo el título «Democratización de la Justicia», contiene elementos que distan seriamente de tamaña definición.
La reforma que se propone del Consejo de la Magistratura, claramente es la politización de la institución, no su democratización con mayor participación ciudadana, apelando a una interpretación forzada de la Constitución Nacional, ello no obstante a que el proyecto contendría elementos como los concursos previos y otros en relación a la selección de los magistrados en base al mérito, donde aparentemente se estarían recogiendo las demandas que en tal sentido vienen realizando diversas organizaciones que reclaman mayor democracia y transparencia en los concursos, cosa ésta última valorable positivamente.
Por otra parte, el resto del paquete, contiene de todo un poco, menos participación y democratización. La reglamentación de las medidas cautelares, constituye un claro retroceso a nivel de derechos no sólo individuales, sino colectivos. Igual que con el Código Civil, hay una fuerte embestida gubernamental de carácter neoliberal, para delimitar hasta hacer desaparecer la responsabilidad del Estado.
La creación de las Cámaras de Casación, no sólo evidencian la limitación que desde el poder ejecutivo se pretende imponer a la Corte, sino que avanza sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, obviando cual si no existiera, el mandato constitucional de transferencia de la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal al ámbito de la Ciudad Autónoma.
Por lo que puede apreciarse, una vez más el Gobierno Nacional rotula, etiqueta, titula, sólo para legitimar estrategias de poder antidemocráticas que nada tienen que ver con los enunciados.
La reforma que se propone del Consejo de la Magistratura, claramente es la politización de la institución, no su democratización con mayor participación ciudadana, apelando a una interpretación forzada de la Constitución Nacional, ello no obstante a que el proyecto contendría elementos como los concursos previos y otros en relación a la selección de los magistrados en base al mérito, donde aparentemente se estarían recogiendo las demandas que en tal sentido vienen realizando diversas organizaciones que reclaman mayor democracia y transparencia en los concursos, cosa ésta última valorable positivamente.
Por otra parte, el resto del paquete, contiene de todo un poco, menos participación y democratización. La reglamentación de las medidas cautelares, constituye un claro retroceso a nivel de derechos no sólo individuales, sino colectivos. Igual que con el Código Civil, hay una fuerte embestida gubernamental de carácter neoliberal, para delimitar hasta hacer desaparecer la responsabilidad del Estado.
La creación de las Cámaras de Casación, no sólo evidencian la limitación que desde el poder ejecutivo se pretende imponer a la Corte, sino que avanza sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, obviando cual si no existiera, el mandato constitucional de transferencia de la justicia nacional ordinaria de la Capital Federal al ámbito de la Ciudad Autónoma.
Por lo que puede apreciarse, una vez más el Gobierno Nacional rotula, etiqueta, titula, sólo para legitimar estrategias de poder antidemocráticas que nada tienen que ver con los enunciados.
