El dirigente de UP en Junín, Jerónimo Torres, denunció que el año pasado el muniicipio recibió alrededor de un millón y medio de pesos para la implementación de programas relacionados con la protección y promoción de los derechos del niño y adolescente, pero que desde el 2004 la administración meonista no ejecuta programas.
(La Verdad Online) “Es una problemática de Junín y de casi todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, que están negando al avance de la aplicación de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de niños y adolescentes”, dijo el dirigente.
En este marco, apuntó que “lo grave de la situación en Junín es que, casualmente, cuando sale un funcionario municipal a hablar de la baja de la edad de imputabilidad, para que se juzgue a menores de 14 años, pareciera que no conociera la legislación local”.
“Figura en los registros municipales y saben los concejales y funcionarios, que la comuna desde el 2004 tiene refrendado un acuerdo con la Provincia, mediante el cual le derivan fondos al municipio para programas sociales y se comprometía a aplicar el sistema de promoción y protección de los derechos del niño”, resaltó el representante del FAP.
Según detalló, “ese acuerdo está aprobado por Ordenanza 4786 del año 2004. Han pasado ya nueve años y ahora, si sacamos una cuenta sencilla, un chico que tenía 6 años cuando el municipio iba a empezar a implementar esta ley, hoy ya tiene 15. Y en este tiempo, no nos consta que el municipio haya hecho políticas sobre niñez en este tiempo”.
“La Provincia manda los fondos correspondientes, tal como figura en los presupuestos locales y en el Ministerio de Economía. El año pasado enviaron aproximadamente un millón y medio de pesos, en una de las partidas, así que hoy habría que evaluar los diferentes programas que se han venido conveniando con el municipio, porque de eso no tenemos información”, agregó.
Sin mejoras
Torres puntualizó que “si en algo estamos de acuerdo con el discurso del Gobierno Local, es que después del menemismo, la crisis de los ’90, el 2000 y la actual, hoy sigue habiendo pobreza. Hay una gran cantidad de familias que no superan la línea de pobreza, la gente no llega a fin de mes”.
“Esta cuestión se viene acarreando durante años, pero se puede mejorar porque contamos con las herramientas, como esta ley provincial, y el presupuesto que manda la Provincia y otros de Nación. Si no se aplican, la situación se irá agravando cada vez más”, subrayó.
En este marco, calculó que “si se hubiesen aplicado desde el 2004, cuando el Gobierno Local se compromete a aplicar la normativa de promoción y protección de los derechos del niño, se hubiese evitado que muchos jóvenes hoy estén cometiendo delitos”.
“Obviamente que en este tema también entran las adicciones, el problema de la violencia y otros puntos. Pero la ciudad tendría condiciones más favorables, con mayor inclusión”, destacó.
Consejo Local
Por otra parte, el dirigente de UP-FAP resaltó: “no podemos aceptar tampoco que no esté funcionando un Consejo Local que debería estar en marcha desde el 2006. Según cuentan quienes estuvieron en el armado en su momento, hubo algunas partes que no quisieron que funcione”.
“Este Consejo debería direccionar las políticas sobre niñez y adolescencia y los programas, y alguien no quiere que esto suceda”, explicó, agregando que “son fondos que el Servicio Local luego debe aplicar, y a su vez, el Consejo Local -que está integrado por funcionarios estatales y la comunidad en general-, debe controlar dónde se aplican, cómo y cómo se aplican los programas. Estos fondos son reservados a este fin”.
El Consejo que no está
Según la Ley de Menores, en su artículo 23, “los Consejos Municipales serán creados por ordenanzas y funcionarán descentralizadamente dentro de la órbita del Departamento Ejecutivo. Se crean con el objeto de impulsar y ejecutar la política de promoción y protección de derechos del niño y el joven, y son órganos esenciales del Sistema de Promoción y Protección de Derechos creados por esta ley”.
Además, la normativa establece que “en cada municipio se establecerán Servicios Locales de Protección de Derechos, que serán unidades técnico-operativas con una o más sedes, desempeñando las funciones de facilitar que el niño o joven que tenga amenazados o violados sus derechos, pueda acceder a los programas y planes disponibles de su comunidad”.
