Por Liliana Parada– Diputada Nacional
Luego de un mes y medio del anuncio presidencial, ayer recibimos en ambas Cámaras los proyectos en que se sostiene la mentada “democratización de la justicia”. Si bien el gobierno actual en sus dos versiones, nos tiene acostumbrados a resignificar los términos acuñados por las luchas populares, vaya como ejemplo el Ingreso Universal para aplicar a un plan focalizado, esta vez ha sobrepasado los límites. Esta vez se define por contraposición, antagónicamente. De los seis proyectos presentados, los dos sobre publicación de las sentencias y declaraciones juradas de los funcionarios, que prácticamente no merecen observaciones, no llegan a encender el motor de una transformación en el sentido que se expresa en la ambiciosa titulación del paquete presentado.
El tercero, también iniciado en la Cámara de Diputados, es el llamado “Ingreso Democrático e Igualitario” de personal al Poder Judicial y al Ministerio Público, es un manifiesto declarado de un “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. Las reiteradas denuncias de los trabajadores de todos los Ministerios del Gobierno Nacional, no dejan lugar a dudas del sistema precarizado y de privilegios que encarna la Administración Pública, donde además el acceso y el tratamiento arbitrario y discriminatorio, es el pan de cada día. Discutamos el empleo público, no sólo su acceso parcializado sino su marco jurídico integral, desde el tipo de contratación, el escalafón, las paritarias, hasta la carrera administrativa. Este proyecto debe ampliarse a todas las etapas laborales y a todos los poderes del Estado, muy especialmente, al Ejecutivo, que hace de las contrataciones y sus prerrogativas cotos de una militancia rentada y con privilegios.
El proyecto de Reforma del Consejo de la Magistratura, en una forzada interpretación del art. 114 de la C.N., lisa y llanamente confunde democratización con partidización, atacando el corazón de la mentada independencia del poder judicial, que no es otra que la autonomía a la hora de la toma de decisiones de los poderes políticos y económicos nacionales o extranjeros. Una cosa es la participación popular a la hora de seleccionar magistrados, y otra la partidización del organismo que llevará a cabo el proceso de selección y remoción de los jueces, además de quitarle al Poder Judicial todo el manejo en relación a su propia administración de recursos económicos y humanos. Es decir pasamos de una arbitrariedad a otra, con aristas que directamente tienden a la total intervención del partido de gobierno sobre la justicia.
La creación de las Cámaras de Casación, también van en el sentido de recortar las atribuciones de la Corte, en este caso las jurisdiccionales. Una Corte que podría ser el motivo de mayor orgullo de este gobierno, se ha convertido en su pesadilla, por eso vuelve sobre sus pasos, para dejarla aislada y acotada en sus facultades. Por otra parte, la creación de estas Cámaras para la Justicia Nacional Ordinaria de la Capital Federal, es un avasallamiento a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y violatoria de su Constitución y de la Constitución Nacional, ley Cafiero mediante, que dispusieron el traspaso de estas competencias al ámbito de la ciudad. Que la transferencia se encuentre pendiente de su realización total, no implica que el Estado Nacional pueda avanzar en modificaciones sustanciales, que además alterará la condición de igualdad ante la ley que deben tener los justiciables, vecinos de la ciudad de Buenos Aires, a medida que se vayan llevando a cabo las transferencias correspondientes. Pero la peor parte, es que en lugar de ampliar la base de juzgados “democratizar” el acceso a la justicia, lo que se hace es alargar el cuello de botella que implica una instancia más para el mismo juicio. Juicios más largos, juicios más caros para aquellos, como nuestros jubilados, que necesitan más temprano que tarde, que se haga justicia.
Por último, la reglamentación de las medidas cautelares, en contra y a favor del Estado, es invertir la pirámide que sostiene las garantías ciudadanas frente a la arbitrariedad de la administración pública. Exigen tal cantidad de requisitos simultáneos, que cualquier posibilidad de defenderse en tiempo oportuno de los actos ilegítimos, abusivos o arbitrarios, que lleven adelante las autoridades estatales va a ser una quimera, así como también los reclamos de los trabajadores de servicios públicos tercerizados o no. Un verdadero desbaratamiento de derechos. Poner al Estado como el débil de la relación con los administrados, es al menos una falacia carente de toda legitimidad más allá de que se termine sancionando por disciplina del partido de gobierno.
En el Congreso no habrá debate, ni serio ni profundo como declama la Presidenta en su twitter, mientras remite al Congreso un producto enlatado con la orden de aprobarse de inmediato. La necesaria y reclamada bandera de la democratización de la justicia, en los términos planteados es una farsa lamentable, una broma de mal gusto si no fuera cierto.
