La Dra. María América González, presentó sendas notas ante el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por la Excelentísima Sra. Presidenta, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, y el de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Daniel Osvaldo Scioli, solicitándoles con carácter de urgencia procedan a corregir los respectivos decretos que otorgan subsidios a jubilados y pensionados, por ser de características totalmente discriminatorias.
La presentación al PEN, se efectuó con copias al Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, y el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, firmantes también del Decreto Nº 390/2013 (Boletín Oficial año CXXI, número 32.616, del 11 de abril de 2013).
La Dra. González cuestionó que las ayudas económicas del gobierno nacional, previstas de realizar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), sólo incluyen afectados de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Berisso, Ensenada, La Matanza y San Martín, excluyendo a los municipios de la Región Metropolitana Norte (San Isidro, Vicente López, San Fernando y Tigre).
La legisladora porteña y presidenta del Foro de la Tercera Edad solicitó que el Gobierno Nacional corrija inmediatamente el acto de discriminación que se comete a través del mencionado Decreto, no sólo porque establece la exclusividad de los municipios referidos, sino que se agrava con la delimitación de cuadras, lo que no necesariamente contempla la realidad de quienes se vieron afectados por el temporal de principios de abril; y porque sólo contempla a quienes perciben el mínimo haber jubilatorio.
Por otra parte, y en el mismo sentido, se le remitió una nota en iguales términos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien dispuso el pago de un pago extra a los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS), en un decreto al que se hace difícil acceder públicamente. Por lo visto, señaló la Dra. González, se contempla aparentemente la atención exclusiva en La Plata, Berisso y Ensenada, dejando afuera otras jurisdicciones provinciales, tales como La Matanza, San Martín, San Isidro, Vicente López y San Fernando. Y al igual que en el orden nacional, sólo podrán acceder a dicho beneficio aquellas personas que cobren el haber jubilatorio mínimo.
«Queda demostrado en los hechos, que ambos decretos están cortados por la misma tijera, en un marco de discriminación para quienes padecieron la peor de las tragedias, dejando desamparada a la mayoría de los jubilados damnificados, por lo que urgen las correcciones solicitadas a ambos gobiernos», enfatizó la Dra. María América González.