La diputada de UP participó de la marcha que convocó ayer la CTA y se expresó respecto de la reforma judicial. «Algunos de los proyectos revelan serios retrocesos a la posibilidad de tutelar judicialmente los derechos sociales», afirmó.
La diputada nacional de Unidad Popular y dirigente de ATE, Graciela Iturraspe se expresó respecto de la reforma judicial, y dio su opinión en la marcha que convocó la CTA donde se presentan los 21 puntos que debería contemplar la reforma y no están presentes en los proyectos del gobierno.
“En necesario e imprescindible reformar el sistema judicial. Reformar una Justicia que sirvió como garantía del sistema represivo en los años de la dictadura cívico militar y que fue el sustento para la ofensiva neoliberal en el período democrático y que se profundizó en los años ´90. Una justicia que sirvió para legalizar la flexibilización laboral y el recorte de los derechos laborales, la especulación financiera y la protección a los bancos, las privatizaciones y la destrucción del sistema jubilatorio estatal, entre otros”, sostuvo Iturraspe.
“Reformar el sistema judicial para la defensa de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad debería ser el cometido. Pero, en función de lo que observamos en los proyectos presentados por el Ejecutivo hay aspectos fundamentales en lo que se intenta aprobar que distan de esos objetivos”, indicó la legisladora.
Al hacer hincapié en dichos manifestó que “uno de esos aspectos es la creación de nuevos tribunales de casación, uno de ellos en lo previsional, cuyo resultado no sería una desburocratización y horizontalidad del sistema judicial sino al contrario, esto implicaría más instancias burocráticas, generando más demoras en el trámite judicial y obligaría a los litigantes a perder más tiempo y dinero. Esto va en contra de los más vulnerables, en este caso los jubilados, que lo que no tienen es tiempo y dinero para hacer frente a esto. Ya que esto beneficiará al más poderoso en una relación, tanto a aquellas personas y al propio Estado que tienen los recursos suficientes para sostener un litigio largo en el tiempo y seguir apelando. En el tema previsional el Gobierno viene demostrando su intención de no cumplir con las sentencias a favor de los jubilados, por lo cual esto aparecería como algo que podría resultarles propicio para dilatarlo aún más”.
Prosiguiendo su discurso indicó: “Por otro lado, no es menos preocupante lo que la reforma plantea en cuanto a las limitaciones de las medidas cautelares y como esto restringiría su condición de garantía de tutela judicial hacia aquellos grupos más vulnerables. En particular en el caso de los trabajadores y su relación con el Estado, en la cual podría permitir al Estado confrontar protestas sociales y laborales y que podrían ubicar al Estado como el débil de la relación de él con sus trabajadores y en nombre de la difusa figura de “actividades de interés público”.
«Más aún, algunos de los proyectos revelan serios retrocesos a la posibilidad de tutelar judicialmente los derechos sociales. En este aspecto, realmente la propuesta del Ejecutivo nos recuerda al peor neoliberalismo en intentar legislar sobre las medidas cautelares dictadas contra el Estado, ya mientras en el discurso oficial se dice que la reforma apunta a impedir que las corporaciones recurran al Poder Judicial para limitar las políticas decididas por los órganos de gobierno, en realidad en el proyecto no es eso lo que encontramos y lo que vemos es la intención de terminar con una herramienta que ha sido muy utilizada para tutelar los derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad, herramienta para tutelar derechos ante las injusticias perpetradas por un Estado al servicio de las corporaciones, independientemente de quien gobierne o administre el Estado.
Asimismo, Iturraspe sostuvo que “las medidas cautelares que este proyecto ataca son aquellas que habitualmente se utilizan para tutelar el derecho a la salud, para enfrentar las erróneas liquidaciones de jubilaciones y pensiones que realiza la ANSES, para reinstalar a un trabajador despedido por su actividad sindical, para impedir el desalojo de una comunidad campesina, para frenar incrementos de tarifas en los servicios públicos, para impedir afectaciones al medio ambiente, etc. Estamos ante una oportunidad de llevar adelante una verdadera democratización de la justicia, algo que los distintos sectores del campo popular vienen bregando hace tantos años”.
Por último indicó: “Existen un amplio acuerdo a favor de la reforma judicial y que es un tema sustancial para nuestra democracia. Y como entendemos que no va a existir un sistema judicial que garantice la igualdad de derechos con un sistema social que se sostenga en la desigualdad, creemos que este debate debe ser adentro y fuera del Congreso, adentro y por fuera de los partidos políticos, es una cuestión que concierne a todo la sociedad y por ende debe ser amplio y popular”.
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