En el marco del paro y las medidas de lucha que están llevando adelante los trabajadores de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), adjuntamos el Proyecto de Ley presentado por la diputada nacional. Para Parada, «es importante la planificación del transporte en general y en particular, antes de las tragedias y no como consecuencia espasmódica de las mismas». Los trabajadores de ANAC llevaron esta inquietud al Congreso y surgió la elaboración del proyecto 2932-D-12 que trae racionalidad a un área tan sensible como la aviación civil.
Dicho proyecto de autoría de la Diputada Parada, de Unidad Popular y Vicepresidenta de la Comisión de Transportes, cuenta con el apoyo de diputados de diversos bloques legislativos (Proyecto Sur, Gen, FCCba., UCR-CC) y del Presidente de la Comisión, Dip. Juan Pais, quien ya ha convocado a reunión de asesores para el próximo miércoles, a fin de comenzar el tratamiento.
«En cambio, el proyecto del Ejecutivo que circularon internamente y que provocó el paro de hoy, representa un avance privatizador que no sólo deja expuestos a los trabajadores a una tercerización, sino que además continúa el camino de creación de sociedades anónimas para desempeñar funciones indelegables del Estado, tales como el control aéreo. Espero que con el apoyo de los trabajadores saquemos este proyecto que recupera el rol del Estado y sus trabajadores, en la articulación necesaria para brindar un transporte digno y seguro a la población» concluyó la diputada Parada.
Antecedentes y Objetivos del Proyecto Adjunto
En los últimos 15 años, las tragedias de los aviones comerciales de LAPA (vuelo 3142) y el vuelo 5428 de Sol Líneas Aéreas, sumados a una cantidad de accidentes e incidentes en la aviación civil[1], pusieron al descubierto los descalabros producto de años de negligencia de política área civil al control de la Fuerza Aérea Argentina. Según la propia Junta de Investigaciones de Accidentes de la Aviación Civil, “en el lapso 2000‐2009, la JIAAC investigó seiscientos noventa y tres (693) Accidentes e Incidentes “Denunciados”, sin contar las Actas de Intervención, de los cualessetenta y nueve (79) son de Aviación Comercial”.[2]Los primeros intentos de cambio se dieron únicamente cuando, en el año 2007, se estrenó la película documental “Fuerza Aérea S.A.”. Este largometraje logró posicionar la cuestión de la aviación civil y el rol de la Fuerza Aérea Argentina en el debate político de la sociedad. Fue gracias este documental que se masificó una real conciencia acerca del grave peligro que representaba mantener el control del transporte aéreo-comercial (y el resto de los servicios: de información, comunicación, meteorología, búsqueda y salvamento) en manos militares. Este riego respondía básicamente a dos causas:
– una estructura piramidal basada en la disciplina y la obediencia debida, necesarias tal vez para el comando de una fuerza preparada para la guerra, pero que en la administración de asuntos civiles es caldo de cultivo para la aparición de la corrupción, como se verificó en múltiples casos durante las últimas décadas;
– un sistema de selección por antigüedad y grado que es incompatible con la prestación de un servicio que requiere de competencias específicas y capacitación permanente, en el cual la idoneidad profesional resulta esencial.
Frente a esto, la gestión de Néstor Kirchner por medio del decreto 239/2007 creó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) fundado en: “Que la centralización de la administración de la Aviación Civil en la esfera de un organismo militar no es compatible con las recomendaciones formuladas por la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE AVIACION CIVIL (OACI),…”. Tal es así, que sólo un puñado (de 3 a 7) entre más de 200 países aún conserva una participación militar relevante.
Lamentablemente el avance logrado se estancó, la ANAC no pudo alcanzar los estándares de seguridad y calidad del servicio que distinguen a organismos similares en muchos países, y esta degradación comenzó a afectar las condiciones de trabajo de quienes más bregaban por su éxito. Los conflictos gremiales derivados trajeron una nueva involución: parecía más importante garantizar empleados que no hicieran paro prefiriéndolos sobre los trabajadores idóneos.
En una decisión vinculada con cuestiones de “política” y no con una visión de Estado, la actual gestión, mediante el decreto 1840/2011 transfirió la función de control aéreo a la Fuerza Aérea, manteniendo en la ANAC la prestación del resto de los servicios para la navegación aérea, más las funciones de fiscalización y control de todos estos servicios, contradiciendo los fundamentos del propio decreto 1840: “Que para el mejor cumplimiento de las finalidades tenidas en mira al momento de la creación de la ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL, y siguiendo recomendaciones de la ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI), resulta necesario y conveniente que dicha Administración no tenga a su cargo la prestación de los servicios de navegación aérea, cuya actividad regula y le compete fiscalizar.”
La consecuencia de esto es que dos ministerios y 3 entes descentralizados tienen injerencia parcial en este conjunto de servicios cuya articulación es fundamental para su eficiencia. Si entendemos por seguridad operacional en el espacio aéreo, aeropuertos y aeródromos del país, cuando el riesgo de lesiones a las personas o de daños a los bienes como consecuencia de las operaciones aeronáuticas se reduce al mínimo; vemos claramente que la misma depende en buena parte que los Servicios para la Aeronavegación -cuyos destinatarios directos son los pilotos de las aeronaves-, sean gestionados de forma profesional y eficiente.
El borrador final de proyecto de ley que ha elevado la Secretaría de Transporte Aéreo se mantiene por los carriles que este gobierno nos tiene acostumbrados: máximo nivel de discrecionalidad y arbitrariedad para la toma de decisiones, desprecio por la gestión estatal de lo público, mínima participación de los trabajadores en las cuestiones que los involucran directamente y falta de capacidad para comprender los efectos colaterales de sus políticas.
1.- Declara a estos servicios como esenciales, de forma de prohibir el ejercicio del derecho constitucional de huelga. El Jefe de gabinete elegirá quienes son dignos de pasar a la nueva empresa.
2.- En vez de un organismo estatal crea una sociedad anónima.
3.- Los gremios y otros grupos de interés, van a un Consejo Consultivo, pero cuyos dictámenes no tienen ninguna relevancia.
4.- El Directorio está formado por dos funcionarios nombrados por el Ministerio de Interior y Transporte y dos representantes de quienes serán los clientes de esta empresa.
5.- Aun con todo esto, el gobierno se reserva debido a “situaciones de emergencias y/o supuestos de defensa” la posibilidad de cerrar parcial o totalmente el espacio aéreo dejando a la Fuerza Aérea a cargo.
El derecho humano a la movilidad pone en cabeza del ESTADO la obligación de asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios un servicio de transporte público. En tal sentido, el Estado Nacional debe velar por la adecuada prestación de los servicios públicos, preservando la salud no sólo del transporte aéreo, sino también del sistema general de transporte, evitando prácticas ruinosas que, detrás de la efímera ventaja para el consumidor por evitar la demora que un eventual conflicto sindical le podría generar, se revelan, a la larga, contrarias al interés general.
Es por ello que coincidimos con el Poder Ejecutivo acerca de la necesidad de separar las funciones de control y fiscalización de las de prestación de los servicios; pero al mismo tiempo notamos que son elementos tan necesarios como esta:
– un sistema de selección de personal que priorice parámetros de excelencia profesional e igualdad de condiciones;
– una política constante de capacitación y especialización;
– una jerarquización de la actividad de administración de la aviación civil;
– una planificación participativa de la política de transporte Aerocomercial.
Proponemos, entonces, a la sociedad, un conjunto de modificaciones a la legislación que creemos que constituyen un avance sobre lo actualmente vigente pero que se construye sobre lo ya hecho, en la búsqueda una auténtica política de Estado en la materia.
En este sentido, los puntos principales de nuestra propuesta legislativa son:
a.- La creación de un nuevo organismo, denominado Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA), dependiente del Ministerio de Interior y Transporte.
b.- Este organismo pasaría a ser el prestador de los siguientes servicios estrechamente interrelacionados entre sí (actualmente desperdigados entre la ANAC, Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina):
Servicios para el Tránsito Aéreo;
Servicios de Información Aeronáutica;
Servicios de Comunicaciones Aeronáuticas;
Servicios de Meteorología Aeronáutica;
Servicios de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico;
Servicios auxiliares a la Navegación Aérea
c.- La Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) será asistida por un Comité Consultivo, que tendrá como función colaborar y asesorar en todo lo concerniente a la temática de la Seguridad y Protección del Vuelo y estará integrado, con carácter ad honorem, por representantes de organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria e idoneidad, del mundo de la empresa, la academia, la ciencia, el trabajo y de todo otro ámbito comprometido con la Seguridad y Protección del Vuelo
d.-Se transfieren la DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y AERODROMOS y el CENTRO DE INVESTIGACION PERFECCIONAMIENTO Y EXPERIMENTACION para promover la especialización permanente del personal.
e.- Se garantiza la continuidad y derechos de todos los trabajadores alcanzados por la presente Ley. A partir de su incorporación a la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA), el personal se encuentra amparado por el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, según lo establecido en el decreto 214/2006. El ingreso de nuevos trabajadores seguirá las pautas establecidas en el decreto mencionado precedentemente.
f.- Se establecen toda una serie de pautas para el ingreso, capacitación y promoción del personal en la búsqueda de los mejores estándares de calidad de servicio.
[1]En los últimos tres años se investigan 179 accidentes e incidentes – http://www.jiaac.gov.ar/basicos.php
[2] http://www.jiaac.gov.ar/files/pdf/Bol40.pdf
