La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una ley, cuya autoría es de la diputada porteña María América González (Buenos Aires para Todos – UP), mediante la que se modifica la Ley 2697 que obliga a las Compañías de Telefonía Móvil, Medicina Prepaga, Servicios de Televisión por Cable y/o Internet que brindan servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de entregar un certificado de baja a los consumidores o usuarios que soliciten la rescisión del servicio.
La modificación propuesta y votada por el cuerpo legislativo en la sesión del jueves 9 de mayo corresponde al artículo 3º, que de acuerdo con la iniciativa de la Dra. González quedó redactado de la siguiente manera: “La rescisión o baja del servicio solicitada por el consumidor o usuario, interrumpe los plazos de facturación del mismo a partir de la fecha de su solicitud, y en el caso que el pago sea por adelantado, el servicio se interrumpirá cuando finalice el período abonado. Si el proveedor continuara proveyéndole servicio pese a la solicitud de rescisión o baja realizada por el usuario, no podrá facturar cargo alguno por los períodos posteriores a la misma”.
La Dra. María América González refirió que “la modificación del art. 3 se dirige a dejar sentado, de forma clara y concreta, que una vez que el usuario o consumidor, decide rescindir o dar de baja un servicio, debe interrumpir los plazos de facturación del mismo a partir de la fecha de su solicitud”.
Además enfatizó que la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 46º sobre Usuarios y Consumidores, prescribe: «La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas…».
Para finalizar, la diputada de Buenos Aires para Todos – UP, señaló que “en atención a esa información transparente, adecuada y veraz, debe regularse la forma de desvinculación concreta del usuario al momento de solicitar la baja del servicio, y las obligaciones recíprocas de cada una de las partes ante esa decisión, por lo es dable esperar que el Ejecutivo de la Ciudad la promulgue de manera inmediata”.
