La empresa PRIMA, investigada por presunta evasión y lavado de dinero, se hizo de un contrato de más de 274 millones de dólares para proveer netbooks e Internet a escuelas públicas. La Auditoría ya investiga el contrato.
(Tiempo Argentino) Diversos referentes de la oposición porteña adelantaron que solicitarán pedidos de informes al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri con respecto a las sospechas suscitadas alrededor de la licitación que benefició a la firma PRIMA SA, del Grupo Clarín, que en 2011 se hizo con un contrato de más de U$S 274 millones para proveer netbooks y servicios de Internet a escuelas públicas primarias del ámbito porteño. A las sospechas de sobreprecios en la licitación se suma la inclusión de esa compañía en el listado de 469 personas y empresas que el juez federal Sergio Torres remitió a organismos de Suiza y Estados Unidos para investigar delitos por presunta evasión y lavado de dinero, según reveló Tiempo Argentino en su edición del domingo.
La empresa PRIMA, investigada por presunta evasión y lavado de dinero, se hizo de un contrato de más de 274 millones de dólares para proveer netbooks e Internet a escuelas públicas. La Auditoría ya investiga el contrato.
«Vamos a hacer un pedido de informes reclamando al gobierno de la Ciudad que dé explicaciones por el hecho grave de que empresas sospechadas de lavado de dinero son proveedoras del Plan Sarmiento. En este asunto está la firma del ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, avalando un plan semejante. Este tema tiene varias aristas por lo que nuestro pedido va a tomar todos los ángulos posibles», explicó a Tiempo Argentino Fabio Basteiro, presidente del bloque Buenos Aires para Todos.
«Se trata de una mecánica reiterada por el macrismo de vincular a determinadas empresas con ciertas licitaciones turbias y que se basa en la lógica de hacer del Estado el garante de las ganancias empresarias. Para esto, el gobierno de la Ciudad apela al mecanismo de hacer licitaciones con contratos por menos de cinco años, lo que le permite eludir a la Legislatura. Esto pasó con las netbooks y con las luminarias, entre otros casos, como el Polo de las Artes, que casualmente incluye al Grupo Clarín dentro de sus límites», agregó el legislador.
El pedido de informes no parece ser hasta el momento una herramienta demasiado eficiente si se tienen en cuenta los resultados. Según Basteiro, desde la Legislatura se presentaron unos 500 reclamos, de los cuales menos del 10% obtuvo algún tipo de respuesta. «Se trata claramente del vaciamiento de una institución de la cual surgen los insumos que los legisladores usamos para investigar las acciones del Ejecutivo y eventualmente plantear correcciones a determinadas políticas».
El legislador y referente del MST en Proyecto Sur Alejandro Bodart fue otro de los referentes opositores que solicitará información adicional al jefe del PRO. «Lo primero que hay que hacer es elevar un pedido de informes, como mínimo, más en un momento como este que se está investigando el dinero de la corrupción. Muchos se la dan de adalides de la lucha contra la corrupción y tienen las manos sucias. El gobierno porteño es uno de ellos», señaló.
A pesar de tratarse de un negocio por demás interesante, PRIMA fue la única oferente en el proceso de licitación que llevó a cabo el gobierno porteño, según consta en la resolución firmada por el ministro de Educación Esteban Bullrich y publicada el 18 de marzo de 2011 en el Boletín Oficial. Junto a otras firmas de Clarín, en 2010 PRIMA mudó sus oficinas al Distrito Tecnológico creado por la Ciudad en los barrios de Pompeya y Parque Patricios, bajo un régimen de beneficios fiscales y créditos a tasa subsidiada del Banco Ciudad.
PRIMA es una de las 15 sociedades de Clarín que se encuentran en la lista de sospechadas de participar de maniobras financieras ilegales a través del JP Morgan Chase. La investigación se originó a partir de una denuncia de Hernán Arbizu, ex ejecutivo de esa banca para la región, quien se autoinculpó para evitar un proceso de extradición a Estados Unidos.
Más allá de los pedidos de informes, desde hace meses la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires puso la lupa sobre el proceso de licitación que benefició a la empresa del holding Clarín. Y es que no fueron pocas las voces que criticaron los elevados montos consignados en la adjudicación, situación que incluso motivó una denuncia por malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Macri. Desde la oficina del auditor general Eduardo Epszteyn, rechazaron brindar precisiones sobre el contenido de esa auditoría que, afirmaron, estará lista en los próximos meses.
«Vamos a hacer un pedido de informes que apuntará a los que ejecutaron la compra de las netbooks del Plan Sarmiento. No sólo se trata de una licitación cuestionada sino que además, ahora está la denuncia de que las empresas ganadoras están sospechadas de haber realizado actividades de lavado de dinero», precisó Juan Cabandié, titular del bloque de legisladores del Frente para la Victoria.
Cabandié recordó que uno de los cuestionamientos que suscitó el programa de educación Sarmiento es que el precio de las netbooks a entregar duplicaba los de Conectar Igualdad del gobierno nacional. «Las relaciones de Macri con el Grupo Clarín son vastas. Hay que recordar, por ejemplo, que en la misma época en que se denunció el resultado de la licitación del programa de las netbooks, el gobierno de la Ciudad estaba reinaugurando el Teatro Colón tras las obras que había contratado. En esa oportunidad, el macrismo le dio en exclusiva la transmisión al Grupo Clarín», concluyó.
Sociedades
En la mira
La lista de 469 personas y empresas que envió la justicia argentina a Suiza y Estados Unidos incluye, además de la compañía PRIMA, a otras 14 sociedades ligadas al Grupo Clarín.
Las Claves
PRIMA, del Grupo Clarín, ganó en 2011 una licitación para proveer netbooks y servicios de Internet a colegios del ámbito porteño.
El contrato es por un monto superior a los 274 millones de dólares para un plazo de cinco años. PRIMA fue la única oferente y hubo sospechas de sobreprecio.
PRIMA es una de las 15 sociedades del Grupo Clarín involucradas en una investigación por presuntos delitos de evasión y lavado de dinero a través del banco JP Morgan Chase.
Al respecto, la justicia de Suiza y Estados Unidos debe responder un requerimiento del juez federal Sergio Torres.
Legisladores de la oposición elevarán un pedido de informes a Macri. La Auditoría también puso la lupa sobre la licitación y ultima los detalles sobre un informe.
