La presentaron ATE, CTA y la Comisión Provincial por la Memoria para que se investigue el «presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y amenazas».
El referente provincial de la Unidad Popular, Adolfo “Fito” Aguirre, asistió este viernes, a la presentación de la denuncia penal, realizada conjuntamente por ATE, CTA y la Comisión Provincial por la Memoria, para que se investigue el procedimiento realizado por las autoridades policiales, ante el presunto incurrimiento en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y amenazas, en la detención de los cinco trabajadores de la Dirección General de Escuelas.
En su carácter de secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, Aguirre fue uno de los firmantes de la denuncia, manifestando su preocupación ante los irregulares operativos policiales que culminaron con la detención de cinco militantes gremiales realizados esa mañana por agentes de civil pertenecientes a la Policía Bonaerense.
Además, en la denuncia, se destaca la condición de delegados gremiales de Silvia Valdez, Alejandro Sánchez Moreno, Miguel Ciappina y María Inés Uro y de afiliado de Marcelo Ardetti quienes participaron de reclamos salariales durante el 2012. La no identificación previa de los delegados de ATE lleva a pensar que hubo inteligencia sobre ellos, resulta importante que se pueda establecer con claridad quién la ordenó, y las diferentes responsabilidades en el asunto.
El evidente seguimiento formalizado por el personal de custodia de la directora General de Escuelas, desde la salida de la reunión, en la sede Ministerial, hasta la intersección, donde suceden los hechos, no pueden tampoco dejar de mencionarse. Esto implica un accionar conjunto de las fuerzas policiales y la ligazón inescindible con las autoridades de la Dirección General de Escuelas.
Las irregularidades mencionadas, sin duda hacen a la consolidación de conductas previstas y sancionadas por nuestro Código Penal. No basta para legitimar el accionar policial que existiera una orden dada por la autoridad competente, sino que a la vez, quienes la ejecuten, deben cumplir con todas las formalidades que hacen a los derechos de quienes deben sufrir la detención dispuesta.
La Argentina, a través de la suscripción de los tratados de Derechos Humanos, ha fijado una posición firme por su defensa. La libertad personal de las personas es uno de los bienes más preciados, que toda sociedad debe defender a ultranza; y si bien es cierto que la orden provino de autoridad competente, hay un cúmulo de irregularidades en la ejecución de aquella disposición jurisdiccional.
Estuvieron presentes por la CPM Alejandro Mosquera (Secretario Ejecutivo) y Margarita Jarque (Directora del Programa de Litigios Estratégicos), junto a Oscar de Isasi (Secretario General de ATE), Hugo Godoy (ATE Nación), Juan Cosino (APL- CTA provincia), Carlos Leavy (CTA), Marta Vedio (Secretaria de DDHH Municipal), Marcelo Ponce Nuñez (Abogado CTA), Guadalupe Godoy, y Hugo Blasco (AJB).
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