«La Asignación Universal por Hijo constituye un avance en términos de protección social ya que cubre a 3,6 millones de chicos menores de 18 años, que anteriormente quedaban excluidos del sistema de asignaciones familiares. Se trata de una medida resistida por el Gobierno Nacional, y que termina siendo aplicada como modo de reconstruir el vínculo con los sectores populares que se había deteriorado significativamente, como lo expresaran las elecciones legislativas de 2009. Recordemos que el propio Néstor Kirchner fue derrotado en la Provincia de Buenos Aires.
La AUH contiene serias limitaciones. En primer lugar, no es universal ya que impone una serie de restricciones para su acceso (demostración de ingresos inferiores al salario mínimo, no tributar en régimen de autónomos o monotributo, el carácter excluyente de la contrapartida de salud y educación, la incompatibilidad de su percepción con la mayor parte de los programas del sector público pese a que atienda otra necesidad, etc.), que genera la exclusión de nada menos que del 22,4% de la población menor de 18 años, es decir 2,7 millones de chicos no la perciben. En segundo lugar, no resuelve la heterogeneidad del nivel de la prestación, convalidando distintos montos por pibe en función del tipo de inserción laboral y el lugar de residencia de los padres. Así, los $460 por pibe vigentes a nivel nacional, se transforman en $210 en Chaco, $258 en Santiago del Estero, $270 en CABA y $112 en Santa Fe, para los hijos de trabajadores de los respectivos Estados Provinciales. Un verdadero aquelarre. En tercer lugar, no da respuesta a la constante pérdida del poder adquisitivo de la prestaciónproducto de la persistente inflación como consecuencia de no haber contemplado un mecanismo de ajuste automático más eficiente que los aumentos discrecionales del Poder Ejecutivo -esto implicó que los $180 por hijo iniciales, que luego del último aumento otorgado se convirtieron en $460, en términos reales, eran hasta el aumento anunciado esta semana $160 (un 12% menos).
Por otra parte, el efecto redistributivo que tendría una medida de este tipo se ve limitado ya que la base de recursos que la sostiene proviene de la Anses, organismo que desde hace tiempo mantiene un esquema de haberes previsionales pobres (el 75% de los jubilados perciben apenas $2.165). Esto significa, en otros términos, que la AUH lejos de construir su base de recursos en la captación de ingresos de los sectores acomodados de la sociedad, se sostiene a expensas de los haberes de los jubilados. Y esta lógica que permite contener la situación que transitan los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica vía una redistribución de ingresos que no “afecta” a las capas altas, parece ser una constante en la que también se inscribió la última reforma del sistema de asignaciones familiares que procuró un aumento de la prestación por hijo a los grupos familiares de menores recursos a partir de la caída en el monto recibido por parte de un conjunto de grupos familiares del estrato medio del sistema. Así, la redistribución para el gobierno nacional consiste en transferir ingresos de las capas medias a los más postergados dejando intactos a los sectores de mayor capacidad económica. En este sentido, si la estrategia oficial intentó ubicar a la AUH como instrumento viable para incidir en la transformación de las condiciones de vidas de los sectores más empobrecidos, sus efectos concretos demuestran que sólo es una estrategia de contención con impacto decreciente como producto del alcance no universal, la diversidad de valores que se pagan y el continuo deterioro de la prestación».
Claudio Lozano, presidente del Bloque de Diputados Nacionales de Unidad Popular (UP)
