En esta entrevista a la legisladora de Buenos Aires para Todos en UP, González opina sobre los avances en materia de defensa del consumidor y sobre las últimas decisiones tomadas en la Legislatura.
(CABAdigital) Entrevista a la legisladora, María América González, de Buenos Aires para Todos en Unidad Popular (UP), que recibió a CABA Digital en su despacho de la Legislatura porteña para ofrecer su opinión sobre los avances alcanzados en materia de defensa del consumidor, como vicepresidenta de la Comisión de Investigación de esa área, y de las últimas decisiones gubernamentales que se dirimieron en el Palacio Legislativo.
González admitió el desafío que le supuso, según sus palabras, encargarse del área de Defensa del Consumidor porque “era una experiencia nueva, muy alentadora, que nació cuando ingresé a la Legislatura en el año 2009. A pesar de que estuve siempre relacionada con consumidores, porque mi asesor es Pedro Busetti, que junto con Claudio Boada representan a distintas organizaciones de defensa del consumidor”.
Al respecto agregó: “para mí es una bendición poder defender a los consumidores y la tercera edad, tanto desde la vicepresidencia de esa Comisión como desde la presidencia del Foro para la Tercera Edad de la Legislatura, porque la vida, la casualidad, hizo que dentro del derecho laboral y de familia, me dedicara al derecho previsional, y después, la televisión y la radio, hicieron que se me conociera por ese tema. Y es un círculo que se cierra, y es el mismo porque defendés al trabajador, al trabajador cuando llega a la jubilación, luego al trabajador jubilado que va a consumir”.
Y continuó: “Cuando asumí en el 2009, me dieron la vicepresidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor, y desde allí empezamos a tomar conciencia del atropello sufrido por este sector, incluso desde mi primera ley, que fue la ley que aumentó el monto del mal llamado subsidio a los inundados”. ¿Por qué? “Porque tendría que ser una reposición de los daños. Tal es así que desde 2010, la primera inundación con la ley vigente, aún hoy seguimos redactando acá mismo los amparos gratis para que la gente pueda obtener esa ‘reposición’. Así me empecé a interiorizar, también como consumidora, de las deficiencias que tenemos”.
Y ese proceso continúa hasta el día de hoy, afirma la legisladora. “Eso es lo que me lleva a los distintos proyectos. Nosotros, por lo general, recibimos a las organizaciones de defensa del consumidor y son ellos los que reclaman y traen el sentir del consumidor en particular, y yo puedo, a través de esto, ahora, redactar un proyecto de ley”.
Al ser consultada por la modificación del artículo 3 de la ley 2697, una iniciativa de su autoría que obliga a las empresas prestadoras de servicios a dar de baja la prestación al momento que el usuario lo solicita, indicó que “se estipula que la persona puede de dar de baja al servicio, por web, por correo, personalmente, por teléfono o de cualquier otra manera que lo pueda certificar. En consecuencia, si la empresa continúa facturando, porque la mitad más uno va a seguir facturando, el usuario no tiene obligación de pago, y si el servicio se debita de su cuenta, puede repetir el debito automático posterior a la baja del servicio. Esto nace de los hechos”.
Tras ser interrogada por los proyectos en los que se encuentra trabajando, le contó a CABA Digital que “un proyecto de ley pendiente es la que regula el famoso cartelito de los estacionamientos que declaran que no se hacen responsables por las pertenencias del usuario. Pero, ¿cómo no se hacen responsables? Es un contrato de depósito, y el estacionamiento debe hacerse responsable de los daños y de las pertenencias que queden adentro del coche. Diferente sería que, si no se quieren hacer responsables, revisen el auto y no acepten aquellos que poseen pertenencias de un valor elevado”.
“Otro caso de atropello es el de los supermercados que cobran por el estacionamiento, como el Easy que pertenece a Jumbo, que ya lo tengo denunciado”, afirmó, y lo definió como “un disparate”.
“El problema de los que dejan su coche en los estacionamientos y no compran, sino, supongamos, que se va a trabajar. Bueno, eso se resuelve presentando una factura de compra”, argumentó González, y agregó que “otro proyecto de ley que tenemos es el de obligar a que los precios sean informados a través del correo o a través del teléfono (incluso esto pertenece a una ley ya aprobada), más aún con las directivas del cavernícola de Guillermo Moreno de no permitir que se publiquen las ofertas en los diarios. Lamentablemente, los principales perjudicados son los más débiles, los que más necesitan de la información y menos acceso a ella tienen”.
Por eso afirmó que “en defensa de ellos estamos nosotros”. Sobre los artículos de la canasta básica dijo que deben estar publicados en carteles en las entradas de todos los supermercados, “y ni hablar en las góndolas, que a veces ni siquiera aparecen. Ni eso. Es una falta de respeto”. Por eso se preguntó “¿dónde están los inspectores? ¿El Gobierno de la Ciudad está acomodado con la cadena de supermercados?”.
Su postura ante el DNU de Mauricio Macri sobre la libertad de prensa es certera: “Es un mamarracho, pero no porque esté de acuerdo con la Ley Nacional de Medios que la votamos, con serios cuestionamientos. Porque cuando se vota una ley con un criterio un poco amplio, puede ser manipulada por las autoridades de turno. Ahora, desde el gobierno nacional la están utilizando para sacar del medio a un monopolio que los molesta y crear otro monopolio que los favorece. En consecuencia, no estoy defendiendo la ley nacional cuando digo que es un mamarracho el decreto de Macri. Estoy defendiendo la libertad de prensa.”
“Ahora, yo creo que quien le escribió esto a Macri, llámese Horacio Rodríguez Larreta, que para mí es el enemigo, porque lo sufro en todos lados, lo sufrí en la ANSES, en el PAMI y lo sufro ahora acá en la Ciudad; si le quisieron escribir un discurso, los primeros artículos son intachables, son un dechado de buenas intenciones, que ya los tenemos escrito en la Ley de Medios nacional y en la Constitución de la Nación y lo tenemos también en la Constitución de la Ciudad”.
“Entonces –apuntó- todas estas pavadas fundamentales que dice como que el Congreso no dictará leyes que restrinjan la libertad de prensa, es tan obvio, tan ridículamente obvio, que si hubiera una ley dictada en contrario a la libertad de prensa, esa ley sería nula de nulidad absoluta, porque sería absolutamente inconstitucional. Así que repetirlo carece totalmente de sentido”.
Al finalizar, brindó unas breves palabras sobre la situación del Frente Amplio Progresista (FAP) en la Ciudad. “No existe el frente en la Ciudad porque apoyamos la decisión de Claudio Lozano de no negociar con ciertos sectores”, aclaró, porque “la decisión de abrirnos del FAP se tomó pensando en los afiliados y militantes del partido, por eso tras un congreso partidario que llevaremos adelante la semana que viene, dirimiremos los pasos a seguir de Buenos Aires para Todos”, que ya se encuentra trabajando en conjunto a diferentes agrupaciones para promover los candidatos para las elecciones legislativas de este año.
