Por Laura García Tuñón – Docente y Legisladora de la Ciudad – Miembro de la Comisión de Educación
El último jueves, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri y su Ministro de Educación, Esteban Bullrich, presentaron el Instituto de Evaluación de la Ciudad y el “Boletín de las Escuelas” que será entregado en los próximos días.
Sobre el Instituto de evaluación, venimos diciendo que no nos oponemos a la evaluación. Pero sí queremos debatir la pertinencia de tener un instituto autárquico. Creemos que se pretende crear un Ente Externo de Evaluación del sistema, desarticulando los órganos ya existentes en el ministerio y abriendo la puerta a la contratación de consultoras privadas para que decidan los criterios de la educación según sus intereses.
La Ciudad cuenta con una Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa que jerarquizó la tarea que viene desarrollando en materia de evaluación desde hace muchos años. Esta dirección, cuenta con equipos de trabajo e investigación, quienes vienen evaluando los distintos programas del ministerio, las instituciones, los aprendizajes y las prácticas pedagógicas y a su vez realizan las apoyaturas necesarias ante la aplicación de las evaluaciones nacionales e internacionales en las que la Ciudad participa. Por lo tanto, desde hace años, aún antes de esta gestión de gobierno, se vienen desarrollando procesos de evaluación sostenidos en el tiempo, con la participación de los actores del sistema educativo (directores de áreas, equipos de supervisión, equipos de conducción, docentes y otros). En la presentación, Macri y Bullrich parecen desconocer que tienen equipos evaluando desde antes que ellos llegaran. Luego de 5 años y medio de gobernar la ciudad, o bien piensan que lo que estuvieron haciendo lo hicieron mal o que ante la llamada eficiencia o asepsia de la evaluación, nos están diciendo que ellos mintieron. La evaluación, por sí misma, no produce mejoras. Más evaluación no significa mejor educación. La evaluación educativa requiere asumir un compromiso compartido entre los diferentes actores del sistema educativo, en sus diversos componentes, reconociendo los distintos niveles de responsabilidad. Y justamente esa responsabilidad desde el ejecutivo tiene serias deficiencias.
Con el “Boletín de las Escuelas” parece que le van a decir a las familias qué escuela es buena y cuál no. Silvia Montoya, actual directora de Evaluación Educativa dice que todo padre tiene derecho a la información para comparar y decidir a qué escuela enviar a su hijo/a, y el Ministro plantea que si una escuela mejora en su rendimiento podrá obtener una biblioteca de premio. ¿No saben estos funcionarios que los libros no pueden ser una política de premios, que acentúan las diferencias? Es obligación del estado brindarlos, en especial en aquellas escuelas que más lo necesiten.
Los padres para obtener una vacante, según el reglamento, deben vivir en el radio de 10 cuadras de la escuela y ello lo que hace es garantizar el principio de que todas las escuelas deben tener buenos rendimientos, materiales y aulas en buen estado y maestros al frente de los grados. ¿Sabrán estos funcionarios que faltan docentes para trabajar en las escuelas y que el año anterior en uno de los institutos de profesorado sólo se recibieron siete maestros y que ante ello están dando clase estudiantes? ¿Sabrán que en los clubes de niños y jóvenes (funcionan los sábados y son programas de apoyo a la educación) dejaron de darle el desayuno y el almuerzo a los chicos? ¿Sabrán que en las escuelas de jornada simple, los chicos tienen casi una hora menos de clase para que puedan comer? ¿Estas cuestiones también serán evaluadas en el Boletín de las Escuelas?
Nos negamos a que nos quieran dar a elegir entre mejores y peores escuelas. La educación es un derecho que debe garantizar igualdad de condiciones para la enseñanza en todas las escuelas de la Ciudad. Para asegurar una educación pública de calidad no hace falta establecer un ranking basado en índices de competitividad, sino garantizar las mejores condiciones para enseñar y aprender.
