A un año del ataque a legisladoras y vecinos que inspeccionaban las obras del IVC, por parte de una patota comandada por la ex presidenta de la Junta Vecinal, Vanesa Lopez y su marido Mario Fariñas, el pasado jueves nuevamente el Barrio Ramón Carrillo fue escenario de la violencia patoteril de estas personas. Esta vez, atacaron a una de las empresas (COPAR) que se disponía a iniciar obras, y a vecinos que intentaron intervenir. Al día siguiente las obras continuaron dónde lo exigió la patota y contratando a las personas que ellos designaron.
A pesar que el año pasado Vanesa Lopez fue suspendida como presidenta de la cuestionada Junta Vecinal y la misma fue intervenida por parte del Juzgado de la Doctora Elena Liberator, los hechos violentos se siguen sucediendo con absoluta impunidad.
Al respecto, la legisladoras y miembros de la Comisión de Vivienda, Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos) y Rocío Sánchez Andía (ARI-CC) señalaron: «hacemos responsable al Jefe de Gobierno y a las autoridades del IVC, que tienen que garantizar la realización de las obras, como la seguridad de los trabajadores de las empresas y los vecinos del barrio» y denunciaron: «Es tal la impunidad, que los mismos violentos forman parte de las cooperativas de servicios que contrata el Gobierno de la Ciudad. El día viernes continuaron las obras pero dónde quiso Vanesa López y se contrató a la gente que ella exigió».
Además, las legisladoras remarcaron: «nos preocupa que no se avance en un proceso de normalización de las representaciones legitimas que debe tener un barrio como el Ramón Carrillo, luego de la intervención de la Junta Vecinal, donde por lo menos dos de sus miembros son parte activa del accionar mafioso que hemos denunciado».
