La ley, que fue votada en 2011 y sigue sin reglamentarse, declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos. La diputada de UP expresó que hay una «necesidad urgente de avanzar en políticas públicas de salud que privilegien el derecho a la salud frente a la mercantilización de la vida.
La diputada nacional Graciela Iturraspe del Partido Unidad Popular, ha presentado un proyecto de Resolución por el cual expresa su preocupación por la injustificada demora en la reglamentación de la Ley Nacional 26.888, que declara de “Interés Nacional la Investigación y Producción Pública de Medicamentos y Materias Primas para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos” y exhorta al Poder Ejecutivo a convocar a todos los actores involucrados en términos de asegurar el efectivo acceso al derecho a la salud para todas las personas y propiciar la soberanía científico-tecnológica nacional, para avanzar a la brevedad en la reglamentación e implementación de la normativa de referencia sancionada por este Parlamento por unanimidad hace 2 años.
La ley Nacional de Producción Pública de Medicamentos Nº 26.688 es una normativa esencial tanto en lo que refiere al efectivo acceso de la población a los medicamentos, vacunas y productos médicos entendidos como bienes sociales, como para fortalecer la soberanía científico-tecnológica de nuestro país.
El primer proyecto de ley nacional en esta temática fue presentado por Eduardo Macaluse (diputado nacional mandato cumplido) en 2002, escuchando el reclamo y la propuesta de trabajadores de la salud, técnicos, investigadores, entidades de derechos humanos, entre otros actores. En 2009 se sumó otro proyecto de ley presentado por el diputado Mario H. Martiarena, y se alcanzó un dictamen de consenso en 2010, que alcanzó media sanción en Diputados en el mismo año, con 180 votos a favor y 3 abstenciones. En junio de 2011 fue finalmente sancionada por unanimidad en Senado.
Dicha ley es producto de muchos años de debate y construcción colectiva en que se sumaron a los propios laboratorios de producción pública de medicamentos otros actores comprometidos con asegurar la accesibilidad a medicamentos y vacunas en condiciones de igualdad, gratuidad y calidad para todas las personas que así lo requieran.
A dos años de dicha sanción, aún no ha sido reglamentada, ni convocados los actores para participar en el proceso de reglamentación establecida en dicha sanción y particularmente su necesaria implementación.
El Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, integrado por reconocidos científicos de nuestro país, retoma información publicada por el Banco Mundial, según el cual, el gasto en medicamentos en nuestro país alcanza al 30 % del gasto total en salud para los años 2008-2012. Esta información nos convoca a considerar varias dimensiones.
Por un lado, el desbalance a favor de respuestas medicamentosas, de la inversión para la prevención, promoción, asistencia y recuperación de padecimientos y enfermedades. Esto se visualiza en un abordaje predominantemente biologicista de problemas complejos, de los cuales constituye una de sus aristas paradigmáticas, la profusión de prescripción de psicofármacos desde edades cada vez más tempranas de la vida.
Al mismo tiempo, refiere al rol indelegable del Estado de regular la política de medicamentos, dentro de la cual la producción pública de medicamentos, vacunas, productos médicos, se constituye en una herramienta clave de gestión para la equidad y la soberanía nacional.
Asimismo, es indispensable avanzar hacia una provisión de medicamentos para establecimientos públicos estatales y de la seguridad social, incluyendo las obras sociales nacionales, provinciales y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que sea progresivamente cubierta por la red de laboratorios públicos, en condiciones de calidad para todos las personas e interviniendo eficazmente en los precios de mercado.
Entendemos que la reglamentación y particularmente la implementación de la Ley nacional de Producción Pública de Medicamentos, permitirá fortalecer la infraestructura, el abastecimiento de insumos y la formalización y jerarquización de los trabajadores de los laboratorios públicos ya existentes y su articulación a nivel local y nacional con otros laboratorios públicos, en relación a las necesidades de la población.
En este marco, consideramos que la reglamentación de la Ley Nacional de Producción Pública de Medicamentos, a partir de un proceso plural que jerarquice la construcción colectiva en temas fundamentales que vertebran el derecho a la salud, contempla y excede la especificidad de la temática, explicitando la necesidad urgente de avanzar en políticas públicas de salud que privilegien el derecho a la salud frente a la mercantilización de la vida.
Por lo aquí expuesto, convocamos a nuestros pares a que nos acompañen en esta iniciativa, con el compromiso de continuar trabajando por la efectiva reglamentación e implementación de la Ley nacional de Producción Pública de Medicamentos, en el marco del acceso al efectivo ejercicio del derecho a la salud para todos los habitantes de nuestro país.
Este proyecto, que en adjunto enviamos, ha ingresado con número de expediente 5213-D-2013, acompañado por los Diputados Nacionales Antonio Riestra, María Luisa Storani, Virginia Linares y Horacio Piemonte
