“El fallo adverso es la consecuencia de no haber puesto en marcha una auditoría de la Deuda Pública para defender el interés argentino», y «haber mantenido una estrategia permanente de cesión de soberanía», sostuvo el diputado.
Claudio Lozano, diputado nacional del bloque Unidad Popular y precandidato a senador por Camino Popular, sostuvo frente al fallo del Juez Griesa que, “los fondos buitres avanzan en su demanda sobre la Argentina gracias a la irracionalidad, las contradicciones y la falta de responsabilidad del Gobierno Nacional en la defensa de los intereses soberanos de la Nación; el fallo adverso y los problemas que este plantea, son la consecuencia de:
a. No haber puesto en marcha (y seguir sin hacerlo) una profunda Auditoría de la Deuda Pública que, tomando en cuenta la jurisprudencia vigente respecto a la legitimidad, la tesis de la deuda odiosa, el cuestionamiento de la usura, así como la corresponsabilidad de los acreedores, nos permitiera definir qué deuda se paga y qué deuda no, recuperando para el caso de esta última todas las herramientas legales para defender el interés argentino.
b. Haber mantenido (y seguir haciéndolo, porque repiten la misma conducta en el acuerdo Chevron-YPF) una estrategia permanente de “cesión de soberanía” que transforma nuestro país en un mero deudor comercial a ser juzgado en cualquier tribunal internacional.
c. Haber mantenido como estudio de abogados para nuestra defensa, al mismo de la Argentina menemista, buffet jurídico, carísimo y con vínculos dominantes con las empresas y los bancos trasnacionales.
d. Haber contratado como agente de pago a un banco norteamericano que ahora le debe obediencia a la justicia norteamericana antes que al Estado Argentino.
Este conjunto de disparates presentado bajo un discurso vacío de supuesta defensa del interés nacional y en el marco de “bravuconadas” insostenibles dado el mantenimiento de criterios noventistas para afrontar el endeudamiento, solo podían producir el resultado frente al cual hoy estamos. En la supuesta “década ganada” la Argentina ha triplicado los pagos netos por deuda pública respecto a la década de los noventa (este gobierno es el mejor pagador de la historia democrática de la Argentina), nuestra deuda sigue representando aproximadamente un 41% del PBI al igual que en 1997, andamos clandestinos y juzgados por el mundo y, como si fuera poco, estamos hoy frente a la posibilidad de un default técnico.
Frente a esto advertimos que la Argentina está viviendo hoy la presión de los fondos buitres, pero que ésta es solo una de las amenazas que penden sobre nuestras cabezas gracias a la irresponsabilidad oficial.
En este sentido, el cuestionamiento del sistema financiero internacional, a un gobierno que no solo ha renunciado a defender el interés argentino, sino que lo debilita día a día, tiene múltiples elementos más. El mantenimiento de los tratados bilaterales de inversión (que hace tiempo que debieron haber sido denunciados), las demandas en el CIADI (tribunal del cual hace tiempo que debiéramos habernos retirado), la ilegítima deuda con el Club de París y el cuestionamiento del FMI por la destrucción del INDEC y las estadísticas públicas constituyen las herramientas de presión con las cuales el sistema internacional y sus socios locales pretenden imponerle a la Argentina el trillado y ya fracasado camino del endeudamiento, el retorno al mercado de capitales, y la apertura a las inversiones extranjeras. Camino que abonaron hace pocos días Scioli, Massa y De Narváez frente al Consejo de las Américas y al que este gobierno con su discurso tramposo y de mentirita, nos terminan entregando mansitos como corderos.
Por último, sostenemos que la defensa del interés soberano de nuestro país requiere ya:
A. Rescindir el contrato con el Bank of New York y designar como agente de pagos al Banco Central de la República Argentina.
B. Crear en el Congreso de la Nación una Comisión Bicameral que encare la Auditoría de la Deuda Pública.
C. Las conclusiones de la Auditoría deberán motivar un nuevo canje de deuda donde los bonos de deuda pública hoy vigentes sean reemplazados por nuevas emisiones que,respetando nuestra Constitución, solo reconozcan legislación y justicia local.
D. Encomendarle a la Corte Suprema de Justicia, a las organizaciones de abogados y a las Facultades de Derecho de las distintas universidades del país la selección de una comisión de expertos que puedan asumir la defensa de los intereses argentinos frente a los problemas que plantea la cuestión del endeudamiento.”
