Los diputados provinciales de UP, Raúl Dobrusín y Alfredo Marcote presentaron un proyecto de ley en la Legislatura neuquina para llevar adelante una consulta popular para que el pueblo se exprese sobre el acuerdo suscripto entre el gobierno provincial y la empresa YPF, reafirmando el acuerdo que esta última firmó con la norteamericana Chevrón.
Como es de notorio y público conocimiento, el día 24 de julio del corriente año el Gobierno Provincial suscribió un Acta Acuerdo con la Empresa YPF S.A. dándole venia formal al cambio instrumentado en la política energética Nacional con la sanción de la ley N° 26.741, por la cual se declaró de “Interés Público Nacional la cuestión del abastecimiento de hidrocarburos y su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización”.
“Dicha norma implicó un avasallamiento pleno de los derechos sobre nuestros recursos y por ende sobre nuestra soberanía, conforme al empoderamiento que nos otorgara la Constitucional Nacional y Provincial” señaló Dobrusín.
En efecto, tal como lo establece el artículo 124° de la carta magna nacional, son las Provincias las únicas titulares sobre el «dominio exclusivo» de los recursos naturales existentes en su territorio. Y en idéntico sentido la constitución neuquina estableciendo en su artículo 95° que: “El espacio aéreo, los yacimientos mineros y todo lo contenido en el subsuelo de la Provincia del Neuquén, pertenece a su jurisdicción y dominio. Las fuentes energéticas son de propiedad Provincial exclusiva ”.
Cuando en el año 2006 el gobierno Nacional sancionó la denominada “ley corta” N° 26.197, se determinó claramente cuáles de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina pertenecían al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional y cuáles a las Provincias, conforme al ámbito territorial en que se encontraran.
Quedó así delimitado lo siguiente: “pertenecen al Estado nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir de las DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968, hasta el límite exterior de la plataforma continental. Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968” y por su artículo 2º determinando que “las Provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereños, quedando transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado Nacional.”
“No obstante lo expuesto, el gobierno Nacional convirtió a Neuquén en la zona de sacrificio para revertir la crisis energética del país derivada de sus propia política ineficiente” explica Dobrusín, y agrega que “nuestra provincia asiste impávida las decisiones presidenciales sobre nuestro territorio, del cual éramos hasta este acuerdo y por habilitación Constitucional “soberanos”, y lo hace en desmedro de los intereses de todos los neuquinos”.
“Tanto es así –prosigue – que nos encontramos participando de un procedimiento formal a los fines de la aprobación de un acuerdo efectuado por y desde las necesidades del gobierno nacional – Provincia de Neuquén con YPF- a los fines de darle validez a otro acuerdo, más trascendente y definitivo, que contiene la verdadera negociación con la Empresa Chervón”.
El diputado provincial de UP asegura que “este otro acuerdo del que no participamos y que no podemos leer ni conocer, es el que otorga la concesión a treinta y cinco años de los recursos de nuestra Provincia para la explotación no convencional de hidrocarburos a la norteamericana Chervon y este dato no puede resultar menor, ya que es la empresa que mas daño ambiental ha realizado en el mundo, y que se encuentra embargada por el gobierno ecuatoriano.
“Lo que esta en juego no resulta menor toda vez que se encuentra comprometida la riqueza natural de nuestro subsuelo, la aplicación de un modelo de explotación no sustentable, la afectación de recursos no renovables y esenciales para la vida humana y por sobre todo por encontrarse severamente en riesgo la salud de nuestro pueblo y de las futuras generaciones, por eso, y de acuerdo a la ley provincial 2267 solicitamos realizar una consulta popular, para que sea el pueblo quien decida sobre dar vía libre o no a la explotación de recursos utilizando la técnica del fracking” señaló Dobrusín.
La ley provincial 2267 señala en su artículo 31 que “la autoridad de aplicación deberá convocar a audiencia pública a fin de consultar a la comunidad con carácter previo acerca de los proyectos referidos en el art. 24º de la presente ley, que requieran la presentación de un estudio de impacto ambiental. La convocatoria deberá hacerse a través de los medios de comunicación, con un mínimo de treinta (30) días de anticipación. Los particulares podrán consultar los antecedentes del proyecto que sea objeto de la audiencia a partir del momento de la convocatoria”.
Fuente: Equipo de Comunicación de UP Neuquén
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