Una jueza de Neuquén dio lugar al pedido de diputados opositores -entre ellos Raúl Dobrusín y Alfredo Marcote, de UP- que exigen conocer el pacto por Vaca Muerta. Se suma a 2 reclamos anteriores. YPF insiste en la reserva.
(El Cronista Comercial) Mientras mañana la Cámara de Diputados de Neuquén se encamina a aprobar el convenio firmado entre la provincia y la estatal YPF para el desarrollo dos áreas de hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta, ya son tres los pedidos legales que exigen a la petrolera revelar el acuerdo que selló con la gigante Chevron para explorar el megayacimiento.
Según trascendió, la jueza neuquina María Eugenia Grimau declaró ayer admisible la solicitud de los diputados locales de la oposición Beatriz Kreitman, Manuel Fuertes, Raúl Dobrusín y Alfredo Marcote acerca de la necesidad de dar a conocer públicamente el contenido del pacto entre las petroleras, que aún se mantiene en secreto. Aunque la magistrada no dio a lugar al pedido de suspensión de la sesión de mañana (donde se votará en forma general el convenio y en la que se esperan marchas en contra de sectores políticos y gremiales), sí exigió la divulgación del documento. No está previsto que sea un juez quien defina la conveniencia y oportunidad del tratamiento legislativo de un proyecto de ley , afirmó la jueza, quien, de todos modos, concedió que el proceso por la vía judicial debe continuar hasta tanto sea conocido el acuerdo. «Exigimos al Gobierno que nos envíe el contrato real entre YPF y Chevron, sin secretos, si es que se quiere el real aval legislativo. Si lo tiene, que lo entregue. Si no lo tiene o no lo conoce, que lo busque» , exigió el diputado Manuel Fuertes ayer en conferencia de prensa. Grimau, sin embargo, todavía no estableció el plazo que le concede al gobierno provincial para responder.
El requerimiento de los legisladores se convierte, de esta manera, en el tercero que pretende hacer público el misterioso contrato, cuestionado fundamentalmente por sectores ambientalistas. En esa línea, tal como adelantó El Cronista, pasado mañana se cumplen los diez días hábiles que otorgó la jueza federal María José Sarmiento (con la firma de Liliana Heiland) para que el Gobierno nacional entregue una copia del polémico convenio en el marco de una ampliación de demanda por parte de un grupo de accionistas españoles minoritarios de Repsol. Sumado a esta demanda, la candidata a senadora nacional por UNEN, Fernanda Reyes, hace una semana presentó un amparo judicial para que la Secretaría de Energía informe sobre el pacto. Precisamente ayer, Reyes, junto a los candidatos legislativos del frente porteño UNEN Fernando Pino Solanas y Elisa Carrió reiteraron en rueda de prensa su rechazo el millonario contrato entre YPF y Chevron, por considerar que viola la Ley Nacional de Hidrocarburos y sentenciaron que significa una entrega de todos los recursos. Esto es una enorme estafa, sostuvo Solanas, quien aseguró que el acuerdo es aberrante. Reyes, por su parte, estimó que Chevron tiene con este contrato los mayores niveles de beneficio y dijo que el acuerdo, que se resolvió por decreto sin pasar por el Congreso y del cual nadie tiene información, ni siquiera fue analizado por los legisladores neuquinos.
En tanto, en YPF insisten en la confidencialidad del contrato, por tratarse de un pacto entre privados.
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