Lo hizo mediante un proyecto de resolución en virtud de los antecedentes por violaciones a los Derechos Humanos de los presos en cárceles federales denunciados durante su última gestión.
La diputada nacional de la CTA por la Provincia de Buenos Aires, Graciela Iturraspe (UP), por intermedio de un proyecto de resolución expresó repudio y preocupación ante la designación de Alejandro Marambio como director del Servicio Penitenciario Federal, en virtud de los numerosos y documentados antecedentes de violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en cárceles federales durante su anterior gestión.
Los años de trabajo que realizó el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires dan cuenta de la grave y sistemática violación a los derechos humanos que padecen los privados de libertad en todas las cárceles del país, tanto en las provinciales como en las federales.
Durante la gestión de Marambio, entre los años 2007 y 2010, el funcionario no mostró ninguna voluntad de modificar el cuadro de situación en las cárceles federales sino todo lo contrario. Restringió de forma notoria las posibilidades de los internos de denunciar las violaciones a sus derechos, ya que obstaculizó o impidió el acceso a los penales de la Procuración Penitenciaria de la Nación y a las OnGs comprometidas con la defensa de los derechos humanos, y negó sistemáticamente la gravedad de las denuncias, amparando así las prácticas aberrantes. En ese mismo sentido propició la defensa corporativa de los agentes penitenciarios acusados de tortura, destinando incluso a sus letrados a la defensa de los denunciados. Además, ofició como interventor de la cárcel de Mendoza cuando se produjeron los hechos de tortura que se hicieron públicos a través de un video filmado por el propio personal penitenciario y violentó los derechos de los estudiantes privados de libertad en los Centros Universitarios de Ezeiza y de Devoto mediante prácticas de avasallamiento y traslados compulsivos.
En el mismo orden, durante su gestión fueron múltiples las protestas por el trato privilegiado que el SPF daba a los presos involucrados en causas por delitos de lesa humanidad.
Durante su gestión murieron al menos 180 personas privadas de la libertad, según los registros de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Además este organismo realizó 600 denuncias penales por torturas en las cárceles bajo su dirección. La investigación publicada con el título «Cuerpos Castigados» (de la PPN) da cuenta de una encuesta aplicada al 10% de la población encarcelada en 2007: el 64% había padecido agresiones físicas durante la detención. En el seguimiento y actualización de esos datos durante 2009-2010 las personas entrevistadas víctimas de agresiones físicas ascendieron a un 76%.
La asunción de la grave situación de las cárceles federales, que aún hoy se registra, implica poner en marcha todos los mecanismos del Estado para erradicar la tortura y otras prácticas aberrantes. En este sentido, la designación de Marambio no es una buena señal, sino todo lo contrario.
Por todo esto se insta al Poder Ejecutivo nacional a reconsiderar la designación de Alejandro Marambio como jefe del Servicio Penitenciario Federal e iniciar las investigaciones pertinentes sobre los documentados casos de tortura y violaciones a los derechos humanos durante su gestión.
Este proyecto de la diputada Iturraspe fue acompañado por sus pares Claudio Lozano y Víctor De Gennaro.
