Lozano: “Nosotros incluimos la renta financiera de manera completa, eliminando las exenciones que hoy impiden que el impuesto a las ganancias pueda ir sobre el conjunto de la renta. No compartimos el carácter limitado, parcial e insuficiente de la propuesta oficial. El gobierno practica una suerte de ir sobre la “rentita” y no sobre la renta financiera.
Tampoco es cierto –por eso no acompañamos el otro dictamen de minoría- que no tenga sentido gravar ahora la renta financiera. En realidad, tiene sentido hacerlo ahora.”
Adjuntamos la versión taquigráfica de la intervención del diputado Claudio Lozano, durante la fundamentación del dictamen que presentó el bloque Unidad Popular esta tarde en la Cámara de Diputados.
(En archivo adjunto enviamos el Dictamen y una síntesis del mismo) DESCARGAR
Dip. Lozano.- Estamos tratando un tema que ha venido tomando creciente importancia en los últimos años. Si rápidamente tomamos el primer período de gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -2007 al 2011-, la primera explicación respecto a la importancia que adquirió el salario es que tuvo una evolución del 157 por ciento mientras que la evolución de los precios fue del 120 por ciento, y el mínimo no imponible creció sólo el 72,8 por ciento.
¿Qué sucedió? Habiéndose producido un incremento del salario real del 16 por ciento como consecuencia de que los salarios crecían por arriba de los precios, los trabajadores que quedaban involucrados en el pago del impuesto a las ganancias, al tener que pagar dicho tributo por el retraso del mínimo no imponible, veían transformar ese aumento del 16,7 por ciento en una caída de su salario real del 8,5 por ciento. Es decir, el retraso del mínimo no imponible operaba un deterioro del salario real en la franja de trabajadores que tenían que pagar ese impuesto.
Esta situación se tornó particularmente grave a partir de 2012, porque el incremento real del 7 por ciento se transforma directamente, luego de pagar el impuesto, en una caída del 12,5 por ciento en términos reales del salario.
Son estas razones las que explican por qué este tema fue tomando creciente importancia. Y habría que agregar también lo que aparece como resultado de esta distinta evolución ‑me refiero a este retraso del mínimo no imponible‑ respecto a la de los precios: se multiplicó por cuatro la cantidad de trabajadores que pagaban el impuesto a las ganancias. Es decir, al comienzo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tributaban 500 mil trabajadores y actualmente lo hacen 2.300.000.
Esta situación va a instalar en la Argentina un debate que hace que este tema aparezca como parte de la agenda de marchas, de movimientos de trabajadores, de centrales sindicales, de paro nacional de las centrales opositoras, incluso de los señalamientos de centrales y organizaciones empresariales cercanas al gobierno. Está claro que en el marco de la situación que abre el reciente resultado electoral del 11 de agosto, en todo este contexto aparece una decisión oficial, que lamentablemente no tenemos oportunidad de discutir de manera completa en este Parlamento porque una parte sustantiva pasa por un decreto que ya resolvió dónde y cómo se establece el mínimo no imponible de aquí en adelante.
La decisión del decreto no es menor. Permite resolver la urgencia, porque 1.400.000 trabajadores, aproximadamente, dejan de pagar el impuesto a las ganancias. Ese es el contexto nuevo. Y es aquí donde aparece el primer problema, que no explica para nada por qué razón estamos tan apurados con este tema. Si existe el decreto que permite que a partir del próximo mes 1.400.000 trabajadores no paguen ganancias, quiere decir que tenemos tiempo suficiente para discutir aquí, tomando en cuenta los distintos proyectos que existen en esta Cámara, cómo llevar adelante una reforma integral del impuesto a las ganancias y permitir que dentro del sistema impositivo argentino tenga el mismo papel que en cualquier sistema, que es dotar de justicia y progresividad al sistema tributario.
Es realmente una pena que teniendo todas las condiciones sociales y políticas para dar este debate, en lugar de ello estemos protagonizando un tratamiento exprés que no va a resolver absolutamente nada y que sigue pateando para adelante la reforma que en materia de ganancias estaríamos necesitando.
¿Qué implicaría, por lo menos para nosotros, este debate sobre el impuesto a las ganancias? Quiero dejar bien en claro lo que decía recién. Estamos abiertos a cualquier acuerdo político que permita, vía mayoría parlamentaria, mejorar la vida del conjunto de los trabajadores. Desde el momento en que ese acuerdo político mayoritario no se puede construir, la función de nuestro dictamen de minoría es presentar nuestra visión sobre el tema. Por ello es que hicimos este dictamen.
Aclarado esto, una visión integral del problema implicaría entender que para el proyecto oficial el mínimo no imponible se plantea en términos de situaciones distintas. Hay tres casos: los sueldos brutos de hasta 15.000 pesos, no pagan; entre 15 y 25.000 pesos, tienen un incremento del 20 por ciento en el mínimo no imponible, y aquellos por encima de 25.000 pesos, no han sufrido ningún tipo de incremento en ese mínimo.
Nuestro dictamen establece una suba en las deducciones; incluimos un tema que hoy no está en debate, el de los alquileres; actualizamos las escalas y fijamos una nueva alícuota de impuesto a las ganancias para el tramo superior de ingresos, y establecemos un mecanismo de actualización automática.
¿Cuál es el índice que nos parece adecuado para actualizar todo esto? Es el denominado RIPTE, que es un índice que releva el Ministerio de Trabajo y que está vigente desde 1997, que permite actualizar todos los tramos del impuesto a las ganancias poniéndolos en relación con la evolución del salario. Particularmente se trata de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, es decir, aquella franja asalariada de mejor perfil de ingresos y, por lo tanto, la que se encuentra involucrada en el debate sobre el impuesto a las ganancias. Por eso creemos que este es el indicador que hay que utilizar.
Si se actualiza el mínimo no imponible desde 1999 a la fecha sobre la base del RIPTE, para el trabajador soltero debiera ser de 17.743 pesos, y para una persona casada con dos hijos debería ser de 20.800 pesos. En nuestro esquema, la evolución del RIPTE también acompaña el tratamiento para autónomos.
Otros elementos que incorporamos son cuestiones de orden conceptual. ¿Por qué razón un trabajador que no tiene vivienda y debe pagar un alquiler, no puede deducirlo del impuesto a las ganancias? Lo lógico sería que pudiera hacerlo.
Otro elemento importante es la actualización de las escalas. En la actualidad, un trabajador que gana 20.000 pesos es, indudablemente, un trabajador con un sueldo privilegiado en la Argentina, pero que no forma parte del pelotón de los ricos; sin embargo, debe pagar el porcentaje más alto, según las escalas, como si fuera uno de los ricos cuando, en realidad, forma parte de franjas medias de nuestra sociedad.
Si actualizáramos las escalas, quedarían en la parte más alta aquellos que perciben desde medio millón anual para arriba. Consecuentemente, podríamos subir la alícuota del 35 al 41 por ciento, tal como ocurre hoy en países como Brasil y Chile, y así recuperar alrededor de 7.000 millones de pesos y alcanzar un financiamiento muchísimo más progresivo. Por lo tanto, la actualización de las escalas que no se tocan desde el año 2000 –y que en el decreto oficial tampoco fueron tocadas‑ impide una política de carácter progresivo al cobrar el impuesto.
Otro elemento conceptual que ahora no tiene urgencia porque se resolvió con el decreto pero que podría tenerla, es el tema de los jubilados. No existe razón conceptual alguna para que un jubilado que pagó sus impuestos durante su vida activa deba pagar impuesto a las ganancias. Tal vez podríamos incluir en esta franja a aquellos jubilados que dependen de regímenes privilegiados, porque en tanto son privilegiados, puede ser razonable que lo aporten; pero aquellos cuyas jubilaciones tienen un tope en el régimen previsional que se fija en cada uno de los meses en que se otorga la movilidad jubilatoria, no deberían pagar dicho impuesto.
Otra cuestión de orden conceptual que tampoco se entiende –relaciono esto con algunos de los argumentos que se vierten‑ es por qué razón tiene sentido decir que no vamos a gravar las operaciones en la Bolsa porque queremos favorecer el mercado de capitales, mientras que todos los conceptos asociados al salario vinculados con los distintos regímenes de convenios colectivos -horas extras, antigüedad, título, presentismo, productividad, zona desfavorable y demás- son tomados en cuenta a la hora de hacer el cálculo del impuesto a las ganancias. Entonces, es razonable favorecer el desarrollo del mercado de capitales desgravando ganancias, pero no es razonable favorecer el desarrollo del trabajo. En realidad, esto no tiene mucho sentido.
Simplemente estoy señalando las profundas inconsistencias que tiene el régimen del impuesto a las ganancias en nuestro país y que podríamos estar resolviendo si diéramos lugar a un debate integral de lo que deberíamos hacer con este gravamen.
Por último, quiero referirme al tema de la renta financiera. Nosotros la incluimos de manera completa, eliminando las exenciones que hoy impiden que el impuesto a las ganancias pueda ir sobre el conjunto de la renta. No compartimos el carácter limitado, parcial e insuficiente de la propuesta oficial. Podríamos decir que el gobierno practica una suerte de ir sobre la “rentita” y no sobre la renta financiera. Me extraña escuchar argumentos de carácter neoliberal para justificar esto. El justificativo para no cobrarlo es que hacerlo implicaría no favorecer el desarrollo del mercado de capitales.
¿Cuántas veces escuchamos este argumento durante la década del 90? ¿Acaso alguien cree que el desarrollo del mercado de capitales en la Argentina no fue el que debió ser porque estuvieron gravadas las operaciones en la Bolsa? Lo cierto es que esas operaciones no estuvieron gravadas y la Bolsa es lo que hoy es. No tenemos esta Bolsa por los impuestos que están pagando y, por eso, no les vamos a aplicar más impuestos para favorecerla. ¡Este argumento no existe!
Tampoco existe el argumento que ayer brindó el administrador Echegaray cuando dijo que no se puede gravar la renta de los depósitos a plazo fijo porque podría ocurrir lo mismo que en 2001 con el tema del “corralito”. En la Argentina de hoy encontramos la demostración de que eso no pasa, porque hoy los ahorristas del sistema financiero local están haciendo colocaciones en pesos a tasas de interés negativas y, sin embargo, los depósitos siguen allí.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? La verdad es que no tiene pie ni cabeza decir que por estos argumentos no se va sobre la renta financiera. Lo que aquí ocurre es lo que siempre pasa en nuestro país: cada vez que hay que resolver sobre este punto aparece algún límite que establecer. Ahora resulta que hay que desarrollar el mercado de capitales. Lo cierto es que el mercado de capitales y el sistema financiero de la Argentina no se desarrollan porque lo que no tenemos como país es la capacidad de retener el excedente dentro de nuestras fronteras.
En ese sentido, la mejor forma de retener esos excedentes es con regulación pública, y uno de los mecanismos con los que contamos es el del impuesto. Entonces, bienvenido sea el impuesto, incluso para resolver el problema de expansión del mercado de capitales y del sistema financiero.
Tampoco es cierto –por eso no acompañamos el otro dictamen de minoría- que no tenga sentido gravar ahora la renta financiera. En realidad, tiene sentido hacerlo ahora. Aquí no existe un problema que requiera juntar la “guita” de lo que se pierde por lo que se le deja de cobrar a los trabajadores. Hoy las cuentas públicas están en desequilibrio, y ese déficit está siendo cubierto con adelantos de la ANSES, del Banco Central y con adelantos transitorios. Entonces, no es razonable que esto se incremente; por el contrario, sería razonable ir sobre las rentas existentes, una de las cuales es la financiera. No se justifica no discutir este tema en el día de hoy, porque desde el punto de vista de la equidad existen razones para hacerlo. El sistema tributario tiene que ser más equitativo y, para ello, este es uno de los puntos que tendríamos que tocar. Obviamente que también se le podría proponer al gobierno que ajuste el gasto, pero esa no sería una recomendación razonable.
Entonces, reitero que no existen motivos para no discutir en este contexto de la Argentina la puesta en marcha de una estrategia de progresividad tributaria que vaya sobre el conjunto de las exenciones que hoy tiene el impuesto a las ganancias y que, efectivamente, no han sido contempladas en el proyecto del oficialismo ni en el de los otros bloques de la oposición. Esta es la razón por la que presentamos nuestro propio dictamen.
En nuestra opinión es necesario incorporar esos temas. Si faltaran recursos hay un dispositivo que el gobierno tiene a mano, pero que no utiliza, como es la restitución en forma gradual y progresiva de las contribuciones patronales, que Cavallo redujo a la mitad en 1993 y nunca más se restituyeron. Son 100.000 millones de pesos de financiamiento asociados a las grandes firmas que están a disposición de cualquier gobierno que quiera fortalecer su capacidad de hacer políticas públicas.
En consecuencia, como el dictamen del oficialismo no avanza sobre la renta sino sobre la “rentita”, y porque el otro dictamen no contempla la posibilidad de llevar adelante un debate integral del impuesto incorporando el gravamen a la renta financiera, nosotros decidimos presentar una propuesta diferente.
Por otra parte, debo señalar que este tema, que adquirió importancia en los últimos años por la desigual evolución de los precios respecto de la del mínimo no imponible, hoy adquiere aún más relevancia porque hace a la cuestión de la equidad. Probablemente en la actualidad esto tenga más centralidad en la agenda de la que tendría que tener. En este Parlamento nadie tendría que sentirse conforme ni tranquilo pensando que con este asunto se está discutiendo en serio la cuestión de la distribución del ingreso.
En la Argentina de hoy la población laboral representa diecisiete millones de trabajadores, cuyo ingreso promedio es de 4.100 pesos. Por otro lado, nueve de cada diez trabajadores perciben salarios inferiores a 8.000 pesos.
No es éste el tema fundamental del conjunto de los trabajadores argentinos. El 49 por ciento de la población laboral está fuera del circuito formal. El 70 por ciento de los hogares no reúne ingresos suficientes para cubrir una canasta de 8.500 pesos y el 30 por ciento de los hogares está en situación de pobreza. Este es el tema de fondo que cuestiona al supuesto modelo de inclusión.
Para eso hay que discutir en serio la ley de Impuesto a las Ganancias, a fin de transformarla en un instrumento de progresividad impositiva que los argentinos necesitamos.”
