El Proyecto de Ley de Reparación Integral a las Víctimas de «Cromañón» presentado por los legisladores Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos) y Fernando Sanchez (ARI-Coalición Cívica), obtuvo ayer dictamen de mayoría en la Comisión de Derechos Humanos y ahora deberá ser tratado en la Comisión de Presupuesto. El proyecto fue trabajado durante dos meses en la Comisión con la participación de familiares y víctimas de Cromañón, de legisladores de diferentes bloques de la oposición y finalmente fue consensuado con Juan Cabandié (FPV), quien había presentado otro proyecto. El presidente del Bloque Buenos Aires para Todos y miembro de la Comisión de DDHH, Fabio Basteiro, fue uno de los principales impulsores.
Laura García Tuñón, manifestó al respecto que «nos da una enorme satisfacción haber arribado a este dictamen después de tanto trabajo colectivo y de una búsqueda incesante del consenso. La Vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal se comprometió a analizarlo y llevar una respuesta a la Comisión de Presupuesto, así que estamos muy esperanzados en que podamos llevar adelante esta reparación necesaria» y agregó: «vale aclarar que el subsidio no excluye la percepción de una indemnización por la vía judicial pero ayuda a todos aquellos que aún hoy debido al trauma sufrido, no están en condiciones de afrontar un proceso de esas características».
Lo que pretende este proyecto es brindar un subsidio mensual y vitalicio a las víctimas que hoy se encuentran en estado de vulnerabilidad como consecuencia del impacto provocado en sus vidas por esta tragedia. Además, el proyecto propone coordinar esta ayuda material con otras acciones, tales como atención médica, psicológica y social para las víctimas, pensando en la integralidad del daño sufrido.
Serán beneficiarios de este subsidio aquellas personas que hayan sufrido la pérdida de un familiar directo, o padezcan afecciones de salud físicas o psicológicas permanentes, que guarden relación directa con los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2004. El monto del mismo será equivalente al fijado como Salario Mínimo Vital y Móvil por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, o su equivalente en el futuro.
Este subsidio se sustenta en el principio de solidaridad social y en el convencimiento de que el estado debe atender las consecuencias de un siniestro, que por omisión, ayudo a generar.