Ayer por la mañana, Claudio Lozano, denunciante en las causas presentadas contra el Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Amado Boudou, fue recibido por el Juez Norberto Oyarbide a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N°5.
Tras la reunión, Lozano sostuvo que “la entrevista con Oyarbide sirvió para constatar, primero, que el Juez había cajoneado las dos causas que con pruebas contundentes llevaban indefectiblemente al procesamiento del hoy Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Amado Boudou; segundo, el cajoneo fue tal que el Juez leía delante de mí lo que las causas decían; tercero, que deliberadamente se tomaron decisiones dirigidas a desviar el curso lógico de la acción judicial, por un lado, ignorando evidencias insoslayables como declaraciones juradas de los funcionarios y neutralizando la causa asociándola con expedientes que tenían otros móviles y objetivos; cuarto, que jamás se le ocurrió pedirme que ratifique las denuncias; quinto, que de modo insólito me recordó que estaba en mí la posibilidad de recusarlo. En síntesis, Oyarbide cajoneó los expedientes, impidió los procesamientos, obturó el accionar judicial y me pidió que lo recuse.”
Lozano, actual diputado nacional y candidato a senador por Camino Popular, presentó dos causas judiciales contra Boudou por tráfico de influencias y uso de información privilegiada en el canje de deuda 2010 (exp. 6397/13) y por el uso de fondos del ANSeS para la compra de acciones de empresas, por montos que violaban los establecidos por las resoluciones de dicha Administradora (exp 12214/11).
La prueba más contundente son los correos electrónicos que intercambiaban Boudou y el titular de la consultora Arcadia, Miguel Etchebarne, desde antes del proceso de canje. Esa causa quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, y luego pasó a manos de Oyarbide.
Según Lozano, hubo tráfico de influencias posibilitando «la compra de bonos de la República Argentina a precio vil y que luego fueron asumidos como deuda por la Argentina». El diputado y actual candidato a senador por Camino Popular pidió luego que se informe quiénes son los dueños de los bonos. Pero el Ejecutivo nunca cumplió.
Por ese hecho, hay otro expediente que tramita ante el juez Ariel Lijo a raíz de una denuncia del diputado Fernando «Pino» Solanas. «Nuestra denuncia debería estar en el juzgado de Lijo, hay conexidad con ese expediente», se quejó hoy Lozano luego de entrevistarse con Oyarbide en su despacho.
La segunda causa contra el vice que inició Lozano es por el uso de fondos del ANSES, cuando la dirigía Boudou, para la compra de acciones de acciones de Mirgor lo que le ocasionó al sistema jubilatorio, junto con otras medidas, una pérdida de $ 4.200 millones.
En la causa, que se inició en el juzgado de Servini de Cubría, figuran las declaraciones juradas de Hernán Fardi, actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y entonces subgerente de Operaciones de la ANSeS. Según Lozano, Fardi tuvo un rol clave en las supuestas irregularidades.
Lozano denunció que en la declaración jurada inicial del año 2008 Fardi informa ser accionista de la firma Mirgor SA con una cantidad de acciones adquiridas en 28/6/2007 de 7500, por un valor de $ 1.440.000. Allí mismo Fardi también declara ser accionista de la empresa Quickfood SA, con fecha de adquisición de las acciones en 18/10/2007 por un valor total de $ 1.080.000. Para Lozano habría una «clara incompatibilidad del cargo que entonces ostentaba ? y su responsabilidad directa en la adquisición de aquellas especies para el FGS- con su calidad de accionista de ambas empresas». En la declaración de 2008, Fardi no denuncia su calidad de accionista en esas sociedades, lo que demostraría que ya se había desprendedido.
Fuente: Clarin