Para Claudio Lozano diputado nacional y candidato a senador por Camino Popular presentó esta semana el proyecto de resolución en el que, luego de citar algunos de los conflictos sostenidos por los países que integran la Cuenca del Río Uruguay, propone canalizar el conflicto bilateral Argentina-Uruguay «a través de un proceso de mediación de países amigos de la región, en el marco de la UNASUR, para potenciar una voluntad política compartida, que permita resignificar el funcionamiento de la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU) como mecanismo legítimo para el contralor del uso y conservación de las aguas compartidas”
Luego de manifestar su preocupación por la ausencia de resolución del conflicto entre Argentina y Uruguay, como consecuencia de la instalación de la fábrica de celulosa UPM (ex Botnia) en las costas del río Uruguay, Lozano propone la necesidad urgente de la mediación de países del UNASUR propuesta en el presente proyecto, diciendo que:
«En definitiva, a pesar de la existencia de reaseguros en términos de acuerdos y pactos, persiste el conflicto estructural, que hace que la CARU y los mismos esquemas normativos existentes, carezcan de utilidad para la solución de diferendos concretos.
Ese desacuerdo, de carácter estructural, tiene profundas reminiscencias históricas que hay que plantear seriamente. Tiene que ver con el hecho que, cuando sobre un curso de aguas compartidas, los países tributarios de esa cuenca hidrográfica, deciden encarar un aprovechamiento de algún tipo o un proyecto extractivo como el de UPM-Botnia, debe funcionar el principio de «consulta previa», lo cual supone que el país que va a encarar el proyecto debe informar sin dilaciones al otro con el que comparte la cuenca.
Este principio, en la historia de la cuenca del Plata, nunca se cumplió a cabalidad. Ahí están los casos de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina con sus proyectos hidroeléctricos y los conflictos que los mismos generaron desde los ’50 por la falta de acuerdos de carácter bilateral y multilateral que le dieran consenso a este tipo de proyectos y que permitieran su racional planificación, formulación y ejecución, con un criterio de integralidad y racionalidad en el manejo de las cuencas compartidas, como es el caso de la del Plata.
Es por ello que, ante la emergencia de cualquier tipo de nuevo proyecto, continúan y continuarán los desacuerdos y los conflictos, con lo cual, cada país actúa de forma unilateral, agravando no sólo la situación político-diplomática regional al introducir factores de desconfianza, sino profundizando, además, un manejo inconsistente, irresponsable e irracional de bienes comunes compartidos, como los recursos hídricos de la Cuenca del Plata.
En consecuencia, muy probablemente, la Argentina recurrirá nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya a los efectos de que la misma arbitre sobre la situación de existencia de contaminación y se expida sobre la solicitud de aumento de la producción, a pesar de lo cual, el gobierno uruguayo ya ha tomado la decisión de autorizar mayores niveles de producción a la empresa.
Así, la carencia de acuerdo político sobre el uso de recursos naturales compartidos- que es estratégico para el avance de proyectos de integración regional en Sudamérica- lleva a que primen las decisiones unilaterales y aumente la conflictividad en un contexto regional y mundial en el que los proyectos extractivos basados en la explotación intensiva de recursos naturales, parecen ser el destino casi ineluctable de los países menos desarrollados como los de nuestra región sudamericana»