El proyecto nació de una iniciativa unificada de los diputados Graciela Iturraspe (Unidad Popular) y Juan Carlos Díaz Roig (FpV).
Tras un extenso trámite parlamentario, la Cámara Alta aprobó por votación unánime, y devolvió a Diputados, el proyecto unificado de los diputados Graciela Iturraspe (Unidad Popular) y Juan Carlos Díaz Roig (FpV). Se espera que Diputados lo pueda tratar antes de que terminen las sesiones ordinarias de este año.
La ley propone un régimen reparatorio para ex presos políticos durante la última dictadura cívico–militar. Ante su aprobación, la diputada del bloque Unidad Popular Graciela Iturraspe celebró el dictamen y recordó que, al recorrer el país como legisladora, había podido reencontrar a muchos de ex presos «muy a menudo en situaciones muy duras de supervivencia, en edad jubilatoria en su mayoría, pero sin tener los años suficientes de aportes, no queriendo ser una carga para sus familias, pero muchas veces en estado de indefensión”.
“Son los mismos que hay sostenido la memoria, han puesto nuevamente el cuerpo en cada uno de los juicios, que se siguen llevando adelante en todo el territorio, y los que han abrazado la causa de memoria, verdad y justicia, con la gran mayoría de nuestros compatriotas”, sostuvo la legisladora.
La ley aprobada pretende otorgar un resarcimiento a quienes “hayan sido privados de su libertad en condición de civiles o militares, condenados por un Consejo de Guerra o puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional entre el 6 de noviembre de 1974 (vigencia del Estado de Sitio) y el 10 de diciembre de 1983, fecha en que se retornó a la democracia en el país.”
La diputada de UP indicó que “existiendo en el país, tres provincias que ya tienen leyes de pensión para este universo de hombres y mujeres, es absolutamente necesario terminar con esta situación discriminatoria por el lugar de residencia de cada uno y tener esta ley nacional que equipare derechos a lo largo y a lo ancho del país”.