La legisladora por Buenos Aires para Todos en Unidad Popular, Laura García Tuñón, junto a la abogada feminista referente del Movimiento de Mujeres Nina Brugo, expresaron hoy su rechazo al texto que cuenta con el dictamen de mayoría en la Comisión Bicameral para la reforma del Código Civil de la Nación presentado por el Frente para la Victoria y que será tratado este miércoles 27/11 en el recinto del Senado.
“Este proyecto se tratará a pesar de los desacuerdos que plantearon muchas organizaciones sociales y sectores de la sociedad. Están apurados porque no quieren que pierda estado parlamentario pero el proyecto que ha presentado la Campaña Nacional por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito que pretende legislar un tema de salud pública para que no se siga cobrando la vida de cientos de mujeres pobres por año, duerme cajoneado a pesar de que lleva años y que ya debió ser representado porque se dejó caer”, expresó García Tuñón.
El proyecto de reforma del Código Civil que se pretende aprobar presenta una serie de aspectos que hemos objetado como fuerza política porque afecta derechos a los sectores más vulnerables, obstaculiza el acceso a derechos sexuales y reproductivos, desconoce avances conquistados en materia de identidad, pone en riesgo derechos laborales y pretende quitarle responsabilidades al Estado sobre sus actos.
En lo que respecta al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y a la ampliación de derechos que se vinculan con las leyes de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género este proyecto es un retroceso que deja a la vista el acuerdo con la jerarquía de la Iglesia Católica. “Como sostienen todos los Estados modernos e incluso los que son católicos progresistas, mantener a la Iglesia Católica como si fuera una institución estatal consolida viejos paradigmas, niega una sociedad pluralista y diversa e impide consolidar la ciudadanía religiosa y la democracia”, explica la Secretaria de Género de Unidad Popular, Nina Brugo.
Desde el punto de vista jurídico, desde la responsabilidad parlamentaria como fuerza política y desde el compromiso como mujeres militantes coincidieron en que “la mantención de este privilegio atenta contra el principio de igualdad ante la ley, a la libertad de culto y de conciencia. Todo lo cual da un trato diferenciado, discriminatorio, arbitrario e insostenible ante otros cultos, organizaciones y la Iglesia Católica, contrario a los principios que consagra nuestra Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la misma”.