En una nota de opinión, el presidente del Bloque UP, Claudio Lozano, detalló las causas que pesan sobre el vicepresidente.
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or Claudio Lozano
(Diario La Nación) Hemos presentado tres causas penales que involucran al vicepresidente Amado Boudou y a otros funcionarios. La primera remite al año 2008, previo a la estatización de las AFJP. Siendo Boudou director de la Anses, acompañado por Hernán Fardi (hoy vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores y en ese momento a cargo de la subgerencia de Operaciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad Previsional) y Benigno Velez, entre junio y octubre de 2008, compraron acciones con los recursos del fondo, y así violaron el reglamento que el propio organismo se había dado. Así, compraron el 21,54% del capital de Mirgor SA y aumentaron 5% las acciones en la empresa Quickfood SA.
Lo curioso de esta violación del reglamento, que establecía que en ningún caso el fondo del organismo podía tener más de 10% de las acciones de una empresa, fue constatar por sus declaraciones juradas que Hernán Fardi tenía al comienzo de su gestión acciones por $ 1.440.000 en Mirgor y $ 1.080.000 en Quickfood, y observar luego en su declaración de finales de 2008 que esas acciones ya no estaban en su poder. Conclusión: Hernán Fardi, con la complicidad de Boudou y Velez, y de los miembros del Comité de Administración Pezoa y Lorenzino, vendió, en un contexto de derrumbe y crisis, sus acciones (que fueron adquiridas por la Anses). Esto se efectuó con el manejo de información privilegiada que posibilitó que terceros tuvieran ganancias jugosas en el Merval comprando acciones en caída sabiendo que, al cierre de las operaciones, el FGS barrería la plaza a valores máximos. Manejo de información privilegiada y uso de los fondos previsionales en beneficio privado son los delitos incursos en estas maniobras.
La segunda causa penal se refiere a 2009, con Boudou al frente de la Anses. Involucra a Sergio Chodos y Diego Bossio, y tiene que ver con la irregular compra de instrumentos financieros por parte del FGS entre enero y junio de ese año. Por ley, el fondo tenía prohibido comprar instrumentos financieros que no cotizaran en mercados secundarios, ya que eso hacía posible la arbitrariedad en sus precios. Pese a eso, Boudou puso los fondos previsionales al servicio de la política de canje de Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional, beneficiando al Banco Galicia y al Deutsche Bank (organizador del canje), y compró a distintas sociedades de bolsa que operaban por cuenta y orden de terceros. Pueden identificarse operaciones del FGS Anses con la Sociedad de Bolsa Facimex SA, que involucran también a la operadora PT Bex Bursátil. Importa precisar esto, ya que en este caso el vínculo con Facimex (ligada al banquero Jorge Brito) y con PT Bex repite la misma ruta del dinero por la que Vandenbroele compró Ciccone.
La tercera causa remite al canje de deuda pública hecho en 2010, con Boudou como ministro de Economía. Aquí, el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada corrompieron la operación hasta consumar el absurdo objetivo de hacer un canje sin quita de ninguna naturaleza. La imputación por parte del fiscal Di Lello a Boudou pone sobre la mesa lo ocurrido: la captura de bonos defaulteados desde 2005 hasta 2009 con la certeza y la decisión política de la reapertura del canje vía suspensión de la ley cerrojo. La consultora Arcadia -cuyos responsables son Marcelo Etchebarne y Emilio Ocampo- tuvo desde 2008 reuniones con varios bancos en Estados Unidos, que fueron luego los que hicieron las propuestas, sabiendo de antemano que la Argentina iba a canjear los títulos en default. Eso habría permitido a quienes tuvieran información de esas negociaciones comprar títulos argentinos a precio muy bajo, para luego presentarse al canje y hacer grandes diferencias.
No casualmente nunca se supo nada de esta consultora, hasta que nuestra denuncia pública hizo que los tiempos del canje se estiraran para poder «blanquear» en el prospecto de emisión su participación. Lorenzino era secretario de Finanzas en octubre de 2008 y delegado argentino en las «negociaciones» con los bancos. Si Arcadia sólo hubiera tenido un convenio privado con Barclays sería bueno saber por qué Lorenzino se reunió el 2 y 3 de octubre con los supuestos bancos organizadores y Arcadia. Nuestra investigación permitió que se hicieran públicos los mails entre Boudou y el representante de los bonistas Marcelo Etchebarne. Desde agosto de 2009 pactaban las condiciones que tendría el canje y convocaban reuniones con representantes de los bancos organizadores. Etchebarne tenía vínculos con Boudou a través de Diego Bossio, cuyo hermano trabaja en el estudio de Etchebarne.
Nuestras denuncias remiten a hechos de 2008, 2009 y 2010. Revelan la nula preocupación de Boudou y sus funcionarios por la asignación adecuada de fondos públicos y previsionales. Por eso, es más grave aún que luego de los cambios de gabinete el tándem Boudou-Lorenzino siga con el manejo del tema de la deuda. Quienes dieron muestras de trabajar para los acreedores maximizando los pagos que hace el país gozan de la confianza presidencial. La Argentina merece que quienes la representan en sus negociaciones financieras internacionales la defiendan y no que se sienten, una y otra vez, a un lado y a otro del mostrador
