Iturraspe reivindicó la Ley de Reparación a Ex Presos Políticos

«La reparación es un modo de que  las víctimas de crímenes de lesa humanidad vean  compensados los daños sufridos», sostuvo.
La diputada del Bloque Unidad Popular Graciela Iturraspe no solo acompañó con su firma el proyecto de ley de reparación a ex presos políticos.  Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, trabajó incansablemente para lograr su aprobación, concretada finalmente en la sesión realizada ayer por la tarde.

Con los palcos colmados por ex presos políticos que, como señaló Iturraspe “cuarenta años después de su encarcelamiento, se encuentran con una edad avanzada, con necesidad de sostenerse, de una obra social y mayoritariamente sin condiciones de obtener ni siquiera una jubilación”.

Discurso de Graciela Iturraspe

Compartimos el discurso completo de la diputada, en el recinto de la Cámara baja sobre la aprobación de la Ley de Resarcimiento a los Ex-Presos Políticos:

«Hoy venimos a tratar la Ley de Reparación para Ex Presos Políticos  y a recordar a Ricardo Scalet, Richard, quien fuera impulsor de la ley que está a punto de ser sancionada. Scalet fue el presidente de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, y falleció imprevistamente el pasado 28 de marzo, a los 56 años, mientras se hallaba en La Rioja con motivo de la inauguración de la Casa de la Memoria, en fecha coincidente con un nuevo aniversario del golpe militar.

La reparación monetaria es una forma de reparación. Esta, junto con la verdad y la justicia, son  uno de los elementos necesarios para que la sociedad y las personas, se planteen, se interpelen,  en esa necesidad imperiosa de restituir derechos, indemnizar, colaborar con la rehabilitación y dar garantías de no repetición.

Pero para avanzar en esta dirección es necesaria una ley de la Nación que en letra y espíritu, reconozcan a los militantes de antaño  y de ahora,  como víctimas del terrorismo de Estado.

Entendámonos, ningún militante se siente víctima por su práctica, en aras de transformar la sociedad, por una más justa e inclusiva, aun a sabiendas de los riesgos que en distintas etapas históricas esto conlleva. 

El tema es que en la Argentina, digámoslo alto y claro, la Doctrina de la Seguridad Nacional, asesinó, torturó, vejó, violó y desapareció. 

Aplicó políticas apuntando a la desintegración personal de los detenidos políticos, los aisló, les prohibió la comunicación con el mundo exterior, sacando esporádicas y controladas visitas, solo de los familiares directos a través  de vidrios y micrófonos. 

Fomentó la desintegración familiar, trasladándolos de cárcel en cárcel, a lugares remotos, donde solo unos pocos familiares podían llegar. 

Limitó el acceso a las noticias y a la lectura, los sometió a larguísimos períodos de aislamientos y hasta impedía la actividad física y la gimnasia. 

Las brutales requisas, la imprevisibilidad de las reglas y las normas, contribuían a un estado de zozobra permanente. 

Este sistema de detención, es el que venimos hoy a reparar con esta pensión, para esos hombres y mujeres, que privados de la libertad en su juventud, en su etapa de formación, salieron de los establecimientos carcelarios ya adultos, deseosos de repararse desde lo emocional y afectivo, priorizaron la formación o recuperación de sus familias, y hoy , cuarenta años, después se encuentran con una edad avanzada, necesidad de sostenerse, de una obra social y mayoritariamente sin condiciones de obtener ni siquiera una jubilación. 

La reparación es un modo de que  las víctimas de crímenes de lesa humanidad vean  compensados los daños sufridos.

Es un intento de que esta militancia sea definitivamente reconocida, desde entonces hasta ahora, en que se sigue poniendo el cuerpo, en los juicios, en las charlas en las escuelas y universidades, en la solidaridad activa con los que más sufren y con los propios pares que tienen  más necesidades.

Esta reparación viene a reparar parcialmente las secuelas hasta hoy y por siempre presentes en cada uno de ellos, físicas, emocionales y afectivas.

Esta ley nacional iguala a los ex presos políticos de todas las provincias, ya que hasta hoy sólo contaban con regímenes reparatorios similares las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. El monto de la asignación mensual se ajustará en relación con la categoría más baja de los empleados de la administración pública nacional, y quienes ya cuenten con el beneficio de alguna ley provincial tendrán la posibilidad, si lo desean, de acogerse al nuevo régimen.

Por todo ello planteo el convencido acompañamiento de mi bloque a esta iniciativa y agradezco a los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de Previsión, la posibilidad de haber trabajado el consenso para que esta ley se haga realidad».