La diputada Liliana Parada, presentó ayer por la tarde al debate en el recinto de la Cámara baja, la posición del bloque Unidad Popular a través de un dictamen que denuncia que el proyecto del oficialismo está plagado de inconstitucionalidades y que ello implicará más acciones judiciales.
Parada sostuvo que una vez sancionada, esta ley “generará tanto una situación injusta entre los que no puedan acceder a la Justicia en reclamo de sus derechos como un planteo de inconstitucionalidad. Con esta propuesta se limita al extremo la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios al recluirse exclusivamente en el ámbito del derecho administrativo».
«Por más que el Estado y sus funcionarios provoquen algún tipo de daño, se verán eximidos de reparar la totalidad de los perjuicios ocasionados.
El Estado y sus funcionarios tienen más derechos y están por encima de la sociedad y las personas. En este sentido, remitirse a las normas del derecho administrativo implica, lisa y llanamente, licuar y diluir la responsabilidad del Estado, ya que no sólo no existe un código administrativo de fondo, sino que los principios administrativos no son más que construcciones teóricas adecuadas a los intereses de turno. Además, no brindan cobertura en materia de derechos a toda la ciudadanía. De esta manera, se está violando per se el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Eliminar este capítulo del Código Civil, implica sustraerlo de la competencia nacional y provincializar la regulación de la responsabilidad del Estado. El Estado limita su responsabilidad frente a las personas, a los colectivos y a las asociaciones. Se hace todo esto, en lugar de tener un Estado constitucional y democrático.
¿Por qué vamos por menos derechos para la gente común y más derechos para los funcionarios? Objetamos que no indemnice el daño moral. Objetamos que no indemnice integralmente, como corresponde.
Queda claro que el objetivo de la ley es eliminar los juicios contra el Estado de los ciudadanos de a pie, de los trabajadores, y no de las grandes empresas, ya que el artículo 10 del proyecto –que hoy se va a sancionar- establece que la responsabilidad contractual se rige por su propio sistema y normativa específica, por lo cual los intereses de las grandes empresas, de las grandes corporaciones contratistas del Estado van a quedar indemnes y sujetos a lo que fijen en sus respectivos contratos.
Lo que están haciendo es proteger a los funcionarios. Es una autoprotección: protegen al Poder Judicial y se protegen, como si no tuvieran más responsabilidad que cualquier ciudadano de a pie. Si nosotros dictamos leyes de irresponsabilidad, realmente mereceríamos pagar por eso.”
