La tensión social disparada tras el autoacuartelamiento policial, dejó un debate abierto sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad.
Estos hechos reabren un debate que el sistema político argentino se niega a discutir, con contadas excepciones, y es el de qué derechos laborales deben tener los miembros de las fuerzas de seguridad y en ese marco la legalidad de sus organizaciones gremiales. Hoy ningún policía en la Argentina, ya sea federal o provincial, puede tener cobertura gremial y sus sindicatos (hay decenas de ellos) no tienen personería gremial: el ministerio de Trabajo de la Nación rechazó todas las solicitudes de inscripción presentadas con esa intención.
Adriana Rearte es secretaria General del Sindicato de Empleados Penitenciarios, Policiales y Afines de Córdoba (SEPPA). El sindicato fue creado e inscripto aunque no reconocido. Ella es esposa de un policía ya que los agentes en servicio tienen impedida la participación sindical. La mayoría de las organizaciones de este tipo son encabezadas por agentes retirados o exonerados a causa de sus intentos organizativos o por sus mujeres como en el caso de Adriana.
La Olla.tv dialogó con ella en la mañana posterior a los saqueos, cuando las cosas se serenaban en las calles de la ciudad mediterránea y en las pantallas de la TV y en las radios los gobiernos provincial y nacional se echaban culpas y metían ruido. Rearte afirma “que si tuviéramos sindicato podrían haber dictado una conciliación obligatoria y no hubiésemos llegado a esto”.
Adriana Rearte – corte
Rearte habla desde el lugar de esposa. “Nosotras comenzamos una lucha el 18 de noviembre, haciendo un petitorio, pidiendo un básico de $10.000, mejoras en la parte laboral de nuestros esposos. Y no obtuvimos ninguna clase de respuesta. Cansadas de peticionar y marchar y ver que nada daba resultado, el lunes a la madrugada nos juntamos un grupo de esposas de policías y penitenciarios y decidimos tomar la guardia de infantería y cerrar la puerta a los policías para que no salieran a trabajar”. Las mujeres continuaron con la medida y alrededor de la 1 de la mañana del día martes los policías decidieron acuartelarse.
A su vez Adriana, frente a las consecuencias de la medida de fuerza, señala: “Nosotros comenzamos el 18 con este reclamo, y antes de hacernos responsables por estos hechos terribles por qué primero no se fijan en el gobierno. Hubo que esperar que (el gobernador) volviera de Panamá a la madrugada para que recién ahí pudieran tomar una determinación.” Según Rearte el gobernador de la Sota “llegó el con su soberbia y altanería y nos dijo que no había aumento para nadie, que no había ninguna posibilidad y que iban a ser sancionados(…) Esto enardeció más a las personas acuartelados”.
Adriana Rearte – entrevista completa
Algunos dirigentes sindicales, como Víctor De Gennaro, a su vez diputado nacional por Unidad Popular, argumentan que es un derecho constitucional que se le está negando a una parte de la población. La Constitución, en el artículo 14 bis, establece que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor (…) organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Acorde a esta premisa y junto con la CTA y sindicatos policiales ha elaborado un anteproyecto de ley sobre este tema.
Cuando no hay legalidad es difícil saber dónde se pone el límite, y no se puede hacer conculcando los derechos de parte de la sociedad. Para tener mejores policías estos tienen que estar protegidos por derechos e integrados a las organizaciones del pueblo, sino siempre serán perros guardianes del poder de turno y no ciudadanos…
Este es uno de los aspectos a tratar sobre lo que pasó estos días en Córdoba, una puntita del iceberg. No nos olvidamos que la Policía de Córdoba, dependiente del Ministerio de Seguridad del gobierno provincial, es la que: persigue a los pibes por portación de rostro gracias al Código de Faltas; es la que reprimió a los vecinos y militantes frente a la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas; es la que “suicidó” a Jorge Reyna en una celda de la comisaría de Capilla del Monte; es la que miraba pacíficamente o nunca llegaba cuando una patota de la UOCRA apaleaba y robaba a los acampantes de Malvinas Argentinas el 28 de noviembre pasado; es la que…
Fuente: LaOlla.tv
