Bajo el lema «A 30 años del fin de la dictadura y ante la crisis del Gobierno», UP Córdoba emitió la siguiente declaración:
«El estallido de la semana pasada en Córdoba, replicado actualmente en la mayoría de las provincias de nuestro país, muestra que hay una crisis social de proporciones motivada por la escandalosa desigualdad que se oculta detrás del discurso de la ‘década ganada’ y el ‘desarrollo con inclusión’ y una incapacidad absoluta del Gobierno de encauzar una respuesta que satisfaga las necesidades populares. El problema no es de ‘seguridad’ sino del modo en que el Estado organiza la gestión política de todos los problemas públicos, por eso la solución tiene que ser política. Es decir, que esta democracia aparente y formal, que sirve para que las grandes empresas amigas hagan más y mejores negocios, incluya a los sectores que hoy están afuera de la mesa en la que se negocian sus condiciones de vida.
El acuartelamiento policial, los saqueos y las ‘autodefensas’ de algunos vecinos y propietarios de negocios ponen de manifiesto una crisis que combina factores coyunturales, como el de una policía a la que no le llegó todavía una institucionalización democrática, siquiera formal, con otros económicos como la creciente desigualdad, la crisis de las políticas públicas de los estados (nacional, provincial y municipal) que no garantizan los derechos básicos de la población a la salud, la educación, la vivienda, la justicia, el empleo, la libertad de asociación gremial, la libertad de circulación y expresión, reconocimiento de los derechos territoriales y culturales.
La crisis de representación política que hizo eclosión en el 2001 sigue vigente. No acordamos con aquello de que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Nadie puede ostentar el monopolio de la representación social porque el pueblo no delega esa función. Entonces, si no puede negociar hablando por sus intereses y necesidades a través de genuinas representaciones políticas, es comprensible que haya estallidos. Y todo hace prever que los conflictos sociales lejos de amainar tenderán a exacerbarse en los próximos meses.
En este caso, se sumó la acción de grupos de policías que en algunos casos usaron sus contactos con motochorros y narcos para motorizar saqueos en gran escala de onerosos electrodomésticos, como parte de una negociación con las reglas de la mafia. El gobernador De la Sota que entendió el mensaje, otorgó lo solicitado públicamente, y quién sabe qué otras promesas ofreció bajo la mesa a ‘su’ policía.
Ante la profunda crisis lo que ninguno de los gobiernos (municipal, provincial o nacional) acepta es democratizar la vida política institucional, para abrir a los representantes de todas las organizaciones de los trabajadores una negociación pública y abierta para acordar las condiciones de vida; que las organizaciones sociales de los vecinos puedan definir legítimamente como parte del poder público el uso que se le da al territorio en que viven; que se termine el bipartidismo de los pactos «de Olivos» en la Nación y «de las Tejas» en Córdoba. Mientras que por el contrario negocian y conceden a las grandes empresas, en nombre de la población, las condiciones que exigen para apropiarse del patrimonio y los bienes comunes de la sociedad.
No hay soluciones mágicas, instantáneas, ni únicas, pero sí hay caminos que se pueden recorrer para ir resolviendo estos problemas, y las diferentes alternativas posibles se tienen que lograr a través del consenso popular, en instituciones que las integren al ejercicio del poder debatir, decidir y realizar las iniciativas que surjan. Las soluciones tienen que venir de una mejora en la calidad de a política, para construir una sociedad más justa, libre y solidaria y permita un poder que se ocupe de satisfacer sus necesidades, limitando el gobierno de los grandes negocios.
Exigir la renuncia del gobernador De la Sota no soluciona nada, ya que quien venga en su lugar, si no se dan las condiciones anteriores, creará una expectativa falsa de solución haciendo lo mismo pero maquillado.
Sí hay que exigir el reconocimiento de la libre agremiación en la provincia, que rompa el monopolio de los gremios oficialistas como el SEP, o la UEPC, reconozca la personería a ATE y permita la agremiación de las fuerzas públicas de seguridad.
Hay que exigir la anulación del “Pacto de la Tejas” entre el PJ y la UCR que garantiza la gobernabilidad del sistema comandado por el poder económico en la provincia. Es necesario reformar la representación parlamentaria en la Legislatura para que haya un mayor número de representantes del pueblo, con mayor diversidad partidaria, y legisladores que tengan representación territorial para que rindan cuentas a sus representados geográficamente localizados. (Lo mismo para los concejales municipales). Se tienen que incluir representantes de movimientos sociales y barriales, aunque no estén organizados en partidos. Abolir la “cláusula de gobernabilidad” y recuperar un sistema proporcional similar al D’Hont pero gravado hacia las representaciones sociales.
A treinta años de recuperada ya es tiempo de pasar de la democracia liberal, que coloca las formas por sobre su contenido, a la democracia popular con justicia social, que implica transformaciones profundas no sólo del ordenamiento político y jurídico, sino también el económico, para reemplazar el actual modelo extractivista dependiente, abrir cauces institucionales participativos y refundar el paradigma emancipador que nos permita la descolonización de la democracia para poner fin al saqueo y la explotación», finaliza el pronunciamiento de Unidad Popular Córdoba que preside el Secretario de Comunicación Nacional de UP, Juan Carlos «Pipón» Giuliani.
