El diputado Claudio Lozano, Presidente del bloque Unidad Popular, sostuvo que, “los hechos deben medirse por sus efectos. Por lo tanto, una rápida mirada respecto al resultado producido por los recientes casos de “acuartelamientos y saqueos” son los siguientes: el sistema político dominante en la Argentina ha encontrado una justificación para aumentar los salarios al conjunto de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, al tiempo que ha consolidado un extendido dispositivo territorial de carácter represivo que se inscribe en la decisión de contener el conflicto social de un año que termina con la aceleración de la devaluación, la inflación y señales negativas en el comportamiento del empleo.
Los límites al proceso de democratización que dispararon los hechos de los últimos días (fuerzas policiales atravesadas por redes delictivas, ausencia de marcos institucionales que permitan discutir el salario y el empleo policial, situaciones salariales inaceptables, -no solo para estas fuerzas, sino para el conjunto de los trabajadores estatales,- las y un cuadro social sumamente frágil) en lugar de haber abierto un proceso de democratización de las fuerzas de seguridad y una estrategia de atención de la problemática social urgente que atraviesa una parte de la población argentina, ha dado lugar al proceso exactamente inverso. Se ha operado el mantenimiento de cúpulas policiales cuestionadas, se han otorgados aumentos salariales y se ha potenciado el compromiso represivo para sostener la política de devaluación y ajuste puesta en marcha por el Gobierno Nacional luego de su debilitamiento electoral. Es notable, pero tras un relato que se desploma cotidianamente, el 2013 termina consagrando una situación de criminalización de la demanda social en un contexto donde prima la opción del ajuste y el extractivismo salvaje.”