El referente de UP en Junín, Jerónimo Torres, analizó los últimos anuncios del Gobierno nacional y la llamada «década ganada».
Por Jerónimo Torres *
(Diario Democracia) La “axeldevaluación”, como ha denominado el economista y diputado nacional Claudio Lozano a la fortísima devaluación de la moneda argentina impulsada por el Gobierno Nacional, la cual en apenas 3 días (del 21 al 23 de enero) llevó a que el dólar oficial pasara de $6,88 a $8 (significando esto un 16,3% de desvalorización de la misma), sumada al mísero anuncio de actualización del 11,31% de las jubilaciones, no son más que dos de las medidas estratégicas tomadas en el marco de un planificado programa de ajuste y que construye un escenario en el cual el año 2014 parece comenzar a mostrar sus más salvaje cara.
Estás decisiones acompañan a la devaluación gradual del peso (en el año 2012 fue del 18% y en 2013 del 25%), a la acumulada del pasado mes de enero que fue del 23% y al proceso inflacionario en curso que arroja resultados superiores al 25% y 27% durante los años 2012 y 2013 respectivamente. A esto, a su vez, se debe adicionar el 5% de inflación mensual de enero informado por consultoras privadas (doblando al mismo periodo del año anterior), alentado principalmente por el aumento en combustibles, transporte y alimentos.
En este contexto, los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, cuentapropistas, autónomos, jubilados, pensionados y beneficiarios de becas de estudio y planes sociales pierden capacidad de compra.
De modo similar, los argentinos que con esfuerzo ahorraron en pesos, como igualmente las pequeñas y medianas empresas, se ven perjudicados. Resulta así, que casi los únicos beneficiados por esta intencional política económica de ajuste, son primordialmente los sectores exportadores, enormemente privilegiados en la “década ganada”: mega empresas altamente extranjerizadas, relacionadas sobre todo a actividades extractivas del agro, la minería y el petróleo.
Un dato no menor a tener en cuenta es que solamente 100 empresas comercializan y acceden a la renta por la exportación del 80% de la producción nacional.
Como antítesis perfecta de las grandes ganadoras del “modelo”, se encuentran los trabajadores y nuestros jubilados. Estos últimos, víctimas sistemáticas de olvidos voluntarios, de estrategias de manipulación y del saqueo de los fondos del Anses en manos del Gobierno Nacional para financiar su propio déficit a costa de jubilaciones de hambre.
El anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del aumento del 11,31% desde el próximo mes de marzo, al grito de “una vez más los derechos en la Argentina se siguen ampliando”, es la menor actualización otorgada respecto de los dos periodos anteriores. Esto implica que 4 millones de beneficiaros (el 75% del total) perciban la mísera suma $2.757, no llegando así a cubrir la canasta básica de $4.885, según cálculos de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
Esto demuestra una vez más cuál es el rumbo escogido por el gobierno de turno: el ajuste inflacionario y devaluatorio va dirigido a que lo paguen los sectores más postergados y la clara decisión de agudizar la precarización de las condiciones de vida de los sectores medios y bajos de nuestra sociedad.
Las acciones gubernamentales tomadas en el marco de esta crisis económica y cambiaria de ningún modo atacan las causas madres de la misma, ni las que generan los altos índices inflacionarios, sino que se centran en transferir rápidamente ingresos a los grandes socios del “modelo” y asegurar vertiginosamente la rentabilidad deseada a los sectores relacionados a las exportaciones en perjuicio del ciudadano común y sus familias.
Dada la actual situación, es necesario un inminente cambio de rumbo en las políticas económicas. Para eso, se debe redefinir en su rol estratégico y esencial a las actividades extractivas y su renta como bien social; generar participación pública activa en el mercado minero, de granos e hidrocarburos; gestar un plan nacional de industrialización a largo plazo; llevar adelante una reforma integral del sistema financiero que garantice mecanismo seguros de ahorro para los nacionales y acceso a créditos racionales para el fomento de la producción principalmente industrial; investigar la legitimidad de la suculenta deuda externa; eliminar las prácticas monopólicas y oligopólicas; llevar adelante una reforma impositiva progresiva; constituir mesas concertadas de cadenas de valor.
Éstas, son algunas de las decisiones que desde la Unidad Popular consideramos trascendentales para que nuestro país pueda, sostenidamente en el tiempo, garantizar a todos los argentinos un piso de ingresos y derechos, y que, por fin, en Argentina, podamos encontrar un camino hacia la justicia y la paz social.
