El Partido Buenos Aires para Todos en Unidad Popular que preside el diputado Claudio Lozano y cuyo vicepresidente es Fabio Basteiro, rechaza la decisión del gobierno de la Ciudad y el de la Nación de transferir los distintos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que son coordinados por el Instituto Espacio para la Memoria “IEM”, a la órbita del gobierno nacional.
Este rechazo se fundamenta que la experiencia desarrollada en el IEM, que administra estos centros clandestinos en la ciudad de Buenos Aires, como organismo autárquico resulta fundamental para preservar los espacios de memoria con criterios de autonomía frente a los gobiernos de turno.
El IEM está constituido por diversos organismos y personalidades destacadas en la defensa de los derechos humanos que en muchos casos adhieren a distintas fuerzas políticas del quehacer nacional.
La apropiación que este gobierno pretende realizar del Instituto es un claro paso atrás en la defensa de la memoria popular en tanto construcción colectiva y un retroceso en la institucionalización de los derechos humanos.
El mantenimiento de los espacios de memoria, así como de los trabajadores que cumplen labores allí, dentro de la órbita de un organismo Autárquico y Autónomo, es la única garantía de su permanencia, frente a los vaivenes a los que pueden ser sometidos si se produce un cambio del signo político en el gobierno nacional.
Rechazamos también el intento de «resignificación» del Casino de Oficiales de la ESMA con la intervención arquitectónica que se pretende realizar en él y que puede significar la perdida de pruebas fundamentales en los juicios que se están llevando adelante.
Exigimos a los Poderes Ejecutivos de la Ciudad y de la Nación que se deje sin efecto está decisión tomada entre gallos y medianoche que no ha sido consultada con ningún organismo ni personalidad con incumbencia en el tema.
Nos comprometemos a plantear nuestro rechazo en todas las instancias institucionales en las cuales tenemos participación, y a exigir a todos los legisladores de la Ciudad y Nacionales que deban decidir al respecto que escuchen las voces de sobrevivientes, familiares y la totalidad de los organismos de derechos humanos así como la de las distintas organizaciones sociales comprometidas con su funcionamiento, antes de convalidarlo.