Desde nuestra Secretaría de Ambiente y Bienes Comunes, Andrea Burucua explica el acuerdo con Repsol y las implicancias para Argentina.
Por Andrea Burucua y Gustavo Lahoud*
El miércoles próximo la Cámara de Diputados de la Nación tratará el proyecto de ley, que envió el Poder Ejecutivo, a fin de ratificar el Convenio que celebró con REPSOL y que ya cuenta con media sanción del Senado.
Transcurridos casi dos años de la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF por parte del Estado nacional (Ley de Soberanía Hidrocarburifera 26.741) y, luego de tres meses de “negociaciones”, el gobierno llegó en febrero del corriente año a un acuerdo político, económico y financiero con Repsol por el que la República Argentina reconoce a la empresa U$S 5.000 millones a título de indemnización, monto que se hará efectivo mediante la entrega de títulos públicos en U$S. Así también se acordó el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a efectuar nuevos reclamos (por ejemplo, por daños ambientales). El Convenio queda enmarcado no solo en leyes nacionales, sino en el Tratado Bilateral (TBI) Argentina-España.
Queremos hacer hincapié en algunas cuestiones fundamentales del Convenio:
1) De emitirse el total de los bonos, lo que configura un escenario de máxima, Argentina terminaría pagando U$S 11.297 millones entre amortización e intereses hasta el 2033, número superior a la demanda de Repsol en el CIADI. Pero, aún si no se llegara a la hipótesis de máxima, lo cual está en función de las cotizaciones de mercado de los bonos emitidos, la Argentina pagaría, igualmente, una cifra que se ubicaría entre los U$S 7.200 y U$S 8.300 millones, lo cual coincide con las pretensiones de Repsol.
2) En toda expropiación, es el Tribunal Nacional de Tasación el que valúa o pone precio a lo que la Nación expropia. En este caso, el Tribunal de Tasación aparece dibujado en el proceso de valuación, quedando claro que se lo invitó a pronunciarse para validar un precio establecido en otro lado. Para valuar correctamente era necesario una completa auditoría de activos que diera cuenta del manejo político-institucional y económico-financiero de la empresa y una completa auditoría de los pasivos ambientales y del desempeño productivo de la empresa bajo el control estratégico de Repsol hasta fines de 2011, aspectos que han sido omitidos. Simplemente, el Tribunal de Tasación de la Nación se expidió sobre la valuación final de los activos de la empresa sin mencionar, en forma minuciosa, el procedimiento empleado ni los pasos que se habrían dado para llegar al valor indicado sin haber tomado en cuenta ni valuado los daños ambientales, ni denunciado vía auditoría integral el vaciamiento patrimonial que Repsol consumara.
3) Pasivos ambientales:
En abril de 2012, en ocasión de las reuniones plenarias para el tratamiento de la ley de expropiación, el actual Ministro de Economía Axel Kicillof, había apuntado que se estaba encarando una minuciosa investigación, junto a las provincias, en referencia a la situación ambiental que la compañía Repsol había dejado como consecuencia de su accionar.
En función de esto, las provincias petroleras efectuaron un informe de pasivos ambientales y dimensionaron los costos ratificando la existencia de pozos abandonados (8.000 sólo en Santa Cruz), cursos de agua y tierras contaminadas por derrames de crudo, piletas mal saneadas, entre otros. A esto debe sumársele necesariamente los daños a la salud de los pobladores, la pérdida de áreas de cultivo, pastoreo y otras actividades tradicionales (más de 100.000 hectáreas improductivas, solo en Santa Cruz) y por supuesto la violación a derechos de los pueblos indígenas.
Lo cierto es que cuando el gobierno nacional les habilitó la queja en 2012, los gobernadores salieron a reclamar sus pasivos y daños ambientales: Neuquén los estimó en 1500 millones de dólares; Santa Cruz estaba dispuesto a avanzar en demandar el pago del pasivo ambiental que ascendía a 3.500 millones de dólares; Río Negro los calculaba en U$ 40 millones de dólares; más de 200 pasivos en Mendoza; Chubut consideraba “será muy importante e incluso puede superar al del resto de las provincias”…
(Es interesante destacar, que los pobladores, comunidades indígenas y ONGs que venían reclamando desde la década del 90 por el saneamiento de sus territorios y por el control de la operatoria petrolera, nunca habían logrado este reconocimiento por parte de algún funcionario del gobierno. Sin embargo, cuando el Estado nacional les dio permiso para que blanquearan sus pasivos, sus tierras y aguas contaminadas, lo hicieron rápidamente, dando razón a lo que año tras año venían sufriendo y reclamando los habitantes de esos territorios).
De todas formas, esos montos, que varios de los funcionarios provinciales salieron a reclamar o proclamar en mayo o junio de 2012, quedaron en el olvido. No fueron tenidos en cuenta al momento de justipreciar las acciones de Repsol.
El mismo informe Mosconi, efectuado por la intervención de la empresa YPF, a cargo de Julio De Vido y Axel Kicillof, que recopila los resultados de la investigación llevada a cabo desde el 16 de abril de 2012 hasta el 1 de junio de 2012, “aporta evidencia sobre la estrategia de depredación, desinversión y desabastecimiento del mercado interno que desplegó el grupo Repsol desde que tomó el control de YPF en el año 1999”. Dicho informe expresa claramente que “Repsol no llevó adelante un plan adecuado de gestión ambiental, con una sub-ejecución sistemática de los compromisos asumidos con la autoridad de aplicación.”
A pesar de todo esto, la cuestión ambiental fue concretamente ignorada en la consideración de la valuación de pasivos, cerrando el análisis de la cuestión con una cifra antojadiza -pasivos contingentes ambientales por un valor de 307 millones de dólares- que en absoluto refleja el complejo escenario de hechos consumados y de causas existentes sobre la materia en las últimas dos décadas.
Es importante destacar que, además de no haber sido tomados en cuenta para negociar el precio, en la Clausula Sexta 2, la República Argentina desiste de iniciar acciones contra Repsol y se obliga a su vez a mantenerla indemne de las iniciadas por otros (6.2. iii). Esto implica que nuestro país se hace responsable de pagar las condenas en contra de Repsol cuando otros sean los actores. O sea, serán la Nación y las provincias (todos nosotros) las que deberán asumir el saneamiento y recomposición de estos pasivos que actualmente omiten, quedando abierto el monto de compensación no sólo al devenir en el mercado de los títulos públicos emitidos sino también a los reclamos judiciales que se efectúen en el futuro y a los costos de los planes de gestión ambiental que deban ponerse en marcha.
4) Tampoco se tienen en cuenta las denuncias, penales inclusive, que los trabajadores de YPF vienen realizando desde que se la privatizó y que siguieron su curso legal luego de la toma de control por parte de Repsol de las acciones que estaban en manos de los trabajadores de YPF- y que conformaban el 10% del total de las mismas bajo el Programa de Propiedad Participada de mediados de los ’90 en el inicio del proceso privatizador- y que fueron cedidas a la empresa con complicidad de los gremios y de las autoridades gubernamentales.
Conclusiones:
Hace ya dos años, durante el tratamiento de la denominada Ley de Soberanía Hidrocarburífera, nuestros compañeros diputados exponían su acompañamiento en general a dicha ley, manifestando sus dudas al hacer eje en la posibilidad que se abría con la recuperación de YPF como herramienta fundamental para la reconfiguración de nuestro deficitario sistema energético, poniendo en blanco sobre negro los objetivos de interés público que revisten la recuperación del autoabastecimiento sostenido en el tiempo y la planificación de una matriz de generación de energía sostenible, diversificada y menos dependiente de los hidrocarburos en pos de un desarrollo económico y social más justo y equilibrado.
La recuperación de YPF por parte del Estado nacional y las provincias constituía un primer paso necesario pero en ningún modo suficiente, ya que si no se abordaban de manera integral el conjunto de problemáticas del sector- acosado por la caída productiva, la desinversión y la caída sistemática de reservas- a través de un rediseño completo de las reglas de juego de funcionamiento del sector hidrocarburífero, corríamos el serio peligro de que el proceso de recuperación del control estratégico de YPF por parte del Estado terminara en la convalidación del funcionamiento oligopólico, cartelizado y desregulado que han sido los patrones fundamentales bajo los cuales el sector funcionó en los últimos 25 años, generando un proceso de continua apropiación de la renta en favor de esos mismos sectores.
Sosteníamos entonces que debíamos recuperar el control del 100% de las acciones de YPF, lo cual estaría enmarcado en una completa auditoría de reservas y de los eventuales pasivos ambientales que deberíamos encarar en conjunto con las provincias, con un cambio en la constitución de la sociedad, que proponíamos fuera una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, sujeta de esa forma al control estatal.
Como ya sabemos, nada de esto ocurrió; el Estado nacional mostró parcialmente una voluntad de acción y de denuncia que, rápidamente, quedó en el olvido a medida que pasaba el tiempo y se desconocían los detalles sobre los términos bajo los cuales el Gobierno nacional estaría dispuesto a avanzar para zanjar la disputa con Repsol. Vale recordar, además, que en el tratamiento legislativo de la ley de soberanía hidrocarburífera, se hizo especial énfasis en el hecho que era inaceptable que la actividad de esta nueva YPF no fuera alcanzada por la autoridad de contralor externo de la Auditoría General de la Nación (AGN), ni por el control interno de la SIGEN, al mantenerla como una sociedad anónima.
Hoy el gobierno nacional presenta como un logro un convenio por el que se le reconoce a Repsol un valor de 5.000 millones de dólares por el 51% de las acciones expropiadas y a través del cual se reafirma, explícitamente, la pertinencia y vigencia de legislación internacional que condiciona nuestra soberanía en términos políticos y económicos y se acepta- a libro cerrado- una arbitraria valuación de activos y la omisión de pasivos ambientales acumulados en todos estos años de actividad hidrocaburífera en la Argentina.
Cae la ilusión que en algunos generó la expropiación de YPF. La YPF supuestamente nacional no solo es una sociedad anónima sino que se comporta como tal, desentendiéndose de los sufrimientos de aquellos que habitan próximos a concesiones y de los derechos de los pueblos indígenas que tienen dentro de sus territorios las concesiones petroleras. El estado no solo no controla suficientemente sino que hace oídos sordos a los reclamos ambientales, desconociéndolos para reclamarlos en el marco de una negociación con REPSOL lo que nos hace pensar que va a seguir desconociéndolos en la operatoria de esta YPF.
En lo que respecta al posicionamiento de los compañeros diputados de UP ante el Convenio firmado entre Argentina y Repsol para poner fin al litigio por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en la compañía YPF S.A., su voto será negativo. (Se encuentra a disposición el dictamen de minoría que presentó el Pte. del Bloque de UP, Claudio Lozano para abundar toda esta información)
Lamentablemente se pierde con esto, además de dinero público, la oportunidad de construir democráticamente una política energética y una estrategia para el desarrollo nacional que nos permita salir del extractivismo y dejar de reproducir condiciones de un país semicolonial.
*Miembros de Secretaría de Ambiente y Bienes Comunes de Unidad Popular.