(Sinmordaza.com) Durante la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación donde finalmente se aprobó el acuerdo para indemnizar a Repsol con 5.000 millones de dólares, Antonio Riestra reiteró las objeciones centrales planteadas en 2012 cuando se decidió la nacionalización de la petrolera. «En ese momento dijimos que lamentábamos no estar frente a una estatización, aunque también reconocíamos que la decisión mejoraba la posición estructural del país con respecto a cómo estábamos, pero reclamábamos modificaciones en el marco regulatorio, que en parte son las que están faltando hoy y nos hacen rechazar este acuerdo».
«Queremos remarcar la pesada carga que nos queda por la situación medioambiental que Repsol nos deja como consecuencia de su accionar. Solamente en Santa Cruz hay ocho mil pozos abandonados, cursos de agua y tierras contaminadas», explicó.
Y agregó: «En 2012, los gobiernos de las provincias petroleras estimaron sus pasivos y daños ambientales. Neuquén reclamó por 1.500 millones de dólares; Santa Cruz 3.500 millones de dólares; Río Negro lo calculaba en 40 millones de dólares; Mendoza, en 200 millones, y Chubut consideraba que la cifra sería muy importante, y que incluso podía superar al resto de las provincias».
Además, aclaro que «cuando hablamos de pasivos ambientales nos referimos a cuantificar un daño que debe aparecer dentro del balance de una empresa, pero en realidad tenemos que considerarlos específicamente como daños ambientales, y con ellos nos referimos no sólo al suelo o a la fauna sino que fundamentalmente debemos tener en cuenta que hay seres humanos afectados detrás de todo esto».
Por ello, sostuvo, «no podemos admitir que la cuestión ambiental haya sido ignorada en la evaluación de los pasivos, cerrándose su análisis con una cifra absolutamente antojadiza de de 307 millones de dólares, que en absoluto refleja el complejo escenario de hechos consumados y causas existentes sobre la materia en las últimas dos décadas».
Riestra recordó que en la cláusula sexta, punto 2, la República Argentina desiste de iniciar acciones contra Repsol y asume la obligación de mantenerla indemne frente a aquellas iniciadas por otros. «Esto significa que nuestro país se hace responsable de pagar las condenas en contra de Repsol cuando otros sean los actores», explicó.
Además, el hecho de que no se hayan tomado en cuenta los pasivos ambientales que dejó la actividad de la empresa Repsol YPF al valuar el 51 por ciento expropiado, «fija la posición de la nueva YPF hacia el futuro».
«Si se libera a Repsol de futuros reclamos judiciales, ¿con qué argumentos invertirá YPF en la remediación de los sitios contaminados o pozos abandonados de manera voluntaria? Si como empresa continuadora no los reconoce para cobrarlos, ¿los reconocerá para pagarlos o será necesario judicializarlos?», se preguntó el diputado de PARES en UP.
Y finalizó: «Vemos claramente que la YPF supuestamente nacional no sólo es una sociedad anónima, sino que se comporta como una sociedad comercial que pone en riesgo a las personas que habitan en zonas próximas a las concesiones petroleras y niega los derechos de los pueblos indígenas que tienen sus territorios en ellas, como en su momento lo hizo Repsol».
El diputado de UP denunció que en el cálculo no se consideraron los pasivos ambientales denunciados por las provincias petroleras.