Por Laura García Tuñón – Directora General de Coordinación Comunitaria
El año pasado el PRO presentó, con la firma del diputado Daniel Lipovetzky, un proyecto para modificar la ley 472, que regula la obra social de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad.
Este proyecto tiene como principal objetivo incrementar la presencia y las facultades administrativas en la Obra Social de los representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la concentración de la dirección y administración en favor del SUTECBA y del gobierno.
El proyecto modifica la composición del Directorio de la Obra Social de la Ciudad, que quedaría integrado ÚNICAMENTE por el Gobierno de la Ciudad y por SUTECBA en igual número de representantes, excluyendo la participación del sindicato docente mayoritario con personería gremial y de la Asociación de Médicos, como fijaba la ley 472, es decir en la concentración de la representación. Son beneficiarios de la ObSBA los trabajadores nucleados en SUTECBA, en ATE, en UPCN; médicos municipales y los trabajadores de la educación con sus diferentes sindicatos, como así también aquellos que no están sindicalizados. Nuevamente si se vota esta propuesta de ley, los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, pierden la oportunidad de democratizar la obra social. En lugar de esta concentración, deberíamos estar discutiendo la mayor participación de los trabajadores por sobre el ejecutivo y la elección directa de los representantes en el Consejo de Administración,
Ante el derecho a la libre Opción, limita el mismo obligando a volver a la obra social 8 años previo a jubilarse para no ser derivado al PAMI. Vale recordar, que todos los trabajadores de la Ciudad, hacen un aporte del 3% del salario para la Obra Social más 3% destinado a otorgar cobertura a los jubilados, pensionados o retirados de la actividad de esta Ciudad y que el mismo se sigue aportando a pesar de la opción de otra obra social. Sin esta ley, ya existía la libre opción, aunque con restricciones. Este proyecto la limita aún más.
Nos preocupa a su vez la exclusión del Ministerio de Salud de la CABA de evaluar y controlar las prestaciones y servicios de salud que presta la Obra Social, poniendo en verdadero peligro la salud de todos los beneficiarios que se atienden en la obra social al no tener control de salud de ningún tipo.
Resulta oportuno destacar que el proyecto se desinteresa de avanzar en algunas cuestiones que resultarían significativas para mejorar las prestaciones de la obra social, tal como extender las prestaciones a cargo de la Obra Social más allá del programa médico obligatorio (PMO) en los términos que propone la ley de salud de la ciudad.
Este desinterés por mejorar los servicios y el manejo del negocio entre gobierno y un sólo sindicato, es lo que hace que muchos piensen y peleen por la libre opción. Vale recordar que la libre opción fue parte de la reforma del menemismo que rompió con los principios de protección solidaria y de derechos de la salud, entrando de lleno a la mercantilización de la salud. Sabemos que hemos perdido la batalla, sabemos que no se trata de que si tengo más plata recibo mejor prestación. Con el aporte del 3% de nuestro salario debemos recibir la atención que necesitamos sin importar cuánto cobramos. Este es el concepto de solidaridad que perdimos en los 90.
Ante la libre opción, se metió en la cabeza de cada uno que la salida es individual y según su bolsillo. La ObSBA tiene más de 200.000 beneficiarios aportantes (municipales, docentes, médicos en general). No nos merecemos malas prestaciones con tantos aportes. Por ello estoy convencida de que las modificaciones a la ObSBA deben ser por un manejo y control más democrático y por la elección de los representantes de los trabajadores en forma directa y secreta, para que sean ellos quienes gobiernen los destinos de la ObSBA.