En la ciudad de Lincoln comenzó la campaña por 1 millón de firmas para el tratamiento de una Nueva Ley Previsional.
Motorizada por la diputada Rita Liempe y acompañada por trabajadores municipales, desde ayer miércoles 5 de junio, se están sacando mesas en distintos puntos de la ciudad, llevando la propuesta y recolectando firmas de la ciudadanía.
“Estamos convencidos que nuestra gente está para más. Por eso queremos que participe, exigiendo a los representantes que traten los temas que son necesarios. Nuestros jubilados tienen el derecho a obtener el 82% móvil y, además, un sistema previsional con mayor participación de los trabajadores en las decisiones”, aseguró Liempe.
Las mesas estarán en todos los distritos de la cuarta sección, a lo largo del mes de junio y tienen el objetivo de sumar 1 millón de firmas en todo el territorio nacional.
La propuesta de una nueva ley previsional, que reemplace a la ley 24.241, se apoya en los principios y derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y los Convenios de la O.I.T., en particular la denominada norma mínima de la seguridad social, el Convenio 102, que hasta la fecha no fue ratificado por nuestro país.
Hasta la reforma estructural que le dio nacimiento, en 1994, regían a nivel nacional, las leyes 18037 y 18038 que garantizaba a los trabajadores un beneficio previsional definido, dentro de un sistema de reparto, que oscilaba, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, entre un 70 a un 82 %, del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los tres años calendarios más favorables, de los últimos diez años anteriores al año de cesación en los servicios; a su vez los haberes eran móviles en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones. Simultáneamente los trabajadores del Estado Nacional, provinciales y Municipales tenían regímenes que les garantizaban un haber de hasta el 82% móvil del sueldo, conforme el cargo desempeñado en actividad.
La reforma de los noventa destruyó los distintos regímenes de seguridad social, transformando la mayoría de los derechos sociales en mínimos asistenciales.