El juez Lijo recibió a Lozano en Comodoro Py

Se entrevistó con el juez que lleva la causa Ciccone para acercarle coincidencias con otras dos causas contra Amado Boudou.
El diputado nacional Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular, señaló luego de reunirse con el juez Lijo que se retiró «satisfecho» y resaltó que “Lijo le otorgó especial valor a la superposición existente entre las empresas y sociedades de bolsa que operaron con la Anses y que están presentes también en la ruta del dinero del caso Ciccone”.
La reunión fue solicitada hace unos días por Lozano para acercarle las coincidencias entre las causas que él tiene presentadas ante la Justicia, y la causa Ciccone.  Lozano explicó que esas causas, que impulsó hace más de tres años contra Amado Boudou, «por distintas razones y por la decidida actitud de (el juez Norberto) Oyarbide se encuentran paralizadas».
La primera coincidencia vincula la ruta del dinero del caso Ciccone con la operatoria a través de la cual la Anses realizara la compra de Préstamos Garantizados (bonos que por ley tenía prohibido comprar). Aparecen aquí tanto la firma Southern Securities Llc., con domicilio en Estados Unidos y en paraísos fiscales; la sociedad de Bolsa uruguaya P.T.Bex Bursátil; y Facimex, sociedad de Bolsa que opera en nuestro país y suele asociarse con el Banco Macro y el banquero Jorge Brito. El examen de las tres operaciones de compra implicaron pérdidas patrimoniales equivalentes a $7.800 millones para el Sistema Previsional. Además, la instrumentación de la Anses en operaciones de esta naturaleza transformó al organismo en un potencial vehículo de “lavado de dinero”. 
«La segunda coincidencia que motivó nuestra entrevista con el doctor Lijo -explicó Lozano-, es el hecho de que la primera factura emitida por la empresa que compró Ciccone (The Old Fund) se da en el marco de la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa. Marco éste en el que meses antes había intervenido la Consultora Arcadia, que en nuestra causa aparece manejando información sobre canje de deuda de 2010, dos años antes». Esta intervención «encareció de manera relevante los compromisos por deuda de los argentinos (US$ 4.800 millones) y favoreció negocios monumentales de inversores, bancos, grupos empresariales, amigos e incluso funcionarios», agregó el diputado.
Para Lozano, la entrevista con Lijo persiguió dos objetivos: «que la evidente conexidad de las causas lleve al doctor Lijo a tratar de sumarlas para ampliar la investigación y considerar, en tanto se demuestre un modo de operación común, la figura de la asociación ilícita«, y la segunda apunta a que «sería lógico juzgar al vicepresidente por haber propiciado el lavado de dinero por vía de un organismo público, por haberle jodido la vida a los jubilados y a la sociedad argentina, y no sólo por haber interferido en un negocio privado».