Propone anular la adjudicación de viviendas sociales en la que se compruebe que se la haya usado para vender drogas.
«Lo que se propone contribuye con herramientas legales a contrarrestar la proliferación de puestos de venta de drogas y a remover los existentes, y además que cuando se determine que en una vivienda social entregada por la provincia se constituyó un lugar de comercialización de drogas el efecto legal sea la desadjudicación y la obligación de la autoridad de aplicación, el Ministerio de Seguridad, de tramitar el desalojo», argumentó la legisladora del partido PARES-UP.
La decisión del gobierno de demoler bunkers a fuerza de mazazos y topadora sigue vigente, más desde el 9 de abril, cuando el secretario de Seguridad, Sergio Berni, la avaló como una de las medidas tendientes a marcar presencia estatal en la calle y dejó las críticas en off side. Pero tal ofensiva se ha desarrollado en los últimos dos años sin un encuadre legal que legitime los derribos. Según el secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani, han sido alrededor de 60 kioscos de drogas derribados -lo pudieron hacer porque se encontraban en terrenos fiscales- desde el 25 de junio de 2012.
El proyecto de Benas le sale al cruce a ese vacío legal imperante, aunque Diputados tuvo que volver a votarlo, y por unanimidad, puesto que la primera vez en el Senado naufragó sin trámite ni debate. «La autoridad de aplicación podrá disponer que la fuerza pública, en un lapso no mayor de 48 horas de constatada fehacientemente la existencia de locales o puestos de comercialización o distribución de drogas, en los terrenos públicos de cualquier jurisdicción, proceda a la destrucción o remoción de los mismos, previo aseguramiento de pruebgas y comunicación al órgano jurisdiccional pertinente», reza uno de los artículos de la iniciativa.
Benas dijo que cuando la piqueta entró en acción recogió la inquietud de fiscales por darle marco legal a los derribos. «Es preciso sostener esa acción con una ley, y evitar también que los vecinos lo hagan por cuenta propia. No es una política contra el narcotráfico, pero es una acción necesaria, y la misma gente lo confirma porque nadie quiere tener un bunker cerca«, abundó la legisladora del Frente Progresista.
«Se trata de atacarle a los traficantes las posiciones y las posesiones -acotó Ruani- porque eso realmente es lo que incide en esta lucha. Conozco el proyecto y considero que lo más importante es lo que refiere a las viviendas sociales, porque hubo bunkers históricos en departamentos Fonavi que luego de allanados siguen en poder de los familiares o amigos de los narcos, en lugar de reasignárselas a familias que esperan por una vivienda digna«. El funcionario fue más allá y abogó por la sanción de la ley de extinción de dominio, para desapoderar a los traficantes condenados de su patrimonio. «De otra manera, la gente no cree que se luche en serio contra el narcotráfico», planteó.
El artículo 4º del proyecto de Benas establece que «la comercialización de estupefacientes en una vivienda social concedida por la provincia es causa de desadjudicación de la misma, y la autoridad de aplicación tramitará con el área de vivienda el inmediato desalojo».
Por otra parte, sugiere la creación de una línea telefónica gratuita 0800 «destinada a la recepción de denuncias referidas a la localización de sitios dedicados a la comercialización, venta o distribución de drogas». Al respecto, Benas argumentó: «Siempre teniendo la precaución de corroborar la veracidad de la denuncia, es necesario brindar con urgencia alguna garantía al ciudadano que toma esa decisión valiente, sin riesgo de quedar librado a represalias», dijo y recordó los casos recientes de sendas mujeres en Pérez y en barrio Godoy que sufrieron atentados en sus domicilios luego de haber denunciado a traficantes de la zona.
Por Luis Bastús
