“Para todos los argentinos, sumado al contexto recesivo, percibir el uso de frivolidad mayúscula y el paradigma del uso de un cargo público para beneficio personal como el que hace el vicepresidente genera indignación y produce mayor deterioro de la imagen gubernamental”. Así hablaba Claudio Lozano, diputado de Unidad Popular, en un especial a dos voces del programa Código político del canal de noticias TN, respecto al procesamiento por parte del juez federal Ariel Lijo sobre Amado Boudou, por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa por la adquisición de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica.
“Esta no es la única causa de Boudou en la justicia”, continuó Lozano – “en este sentido, queda claro que hubo una defensa estratégica por parte del Gobierno, que echó por tierra a un procurador, a un fiscal y un juez, para que todo esto no vea la luz, ya que involucraría la cúpula gubernamental y particularmente a la presidente”.
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Lozano, presidente del bloque de diputados de Unidad Popular, afirmó que el vicepresidente “tiene causas muy complicadas que incluyen, por ejemplo, irregularidades muy serias en el manejo de los fondos del Anses y que implicaron descapitalización patrimonial por ocho mil millones de pesos”. Como el diputado explicaba en el programa televisivo, las operaciones en Anses afectaron otros funcionarios: “Hernan Fardi, hoy vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, desde su ingreso a la gestión pública aumentó su patrimonio 5 veces, y se convirtió en el segundo funcionario más rico después de la presidente de la nación”.
Más allá de los ejemplos particulares, Lozano entiende que hay una lógica en esta mecánica. “En el caso de la Anses – explicó el diputado – las irregularidades se hacen a través de las mismas empresas de la ruta del dinero de la causa Ciccone, por lo cual no hay casos aislados, sino una matriz institucional que opera”.
Según el proceso judicial, el compañero de fórmula de la actual presidencia podría ser llamado a juicio oral en 2015. En este sentido, Lozano expresó: “De fondo, estamos en una transición institucional hasta el 2015 en la que, creo, habría que tratar de que tuviera niveles de tranquilidad razonables y estar afectando esa transición con los avatares de la causa que involucra a Boudou parece una barbaridad”. “En este sentido, lo más razonable y lo que esperamos desde nuestro lugar es que el Gobierno se haga responsable de la situación y separe al vicepresidente de su cargo”. “Esto es lo que debería ocurrir, incluso, desde la causa, es ilógico que quien es juzgado en mantenga el rol segundo en la jerarquía institucional, principalmente, porque tiene un conjunto de influencias que le permite inferir en el proceso”.