El requerimiento es del diputado nacional Claudio Lozano y debe ser respondido en el plazo perentorio de 10 días hábiles.
Tal como lo establece el Decreto 1172/2003, este requerimiento debe ser respondido en el plazo perentorio de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales de amparo por mora y denuncia ante la Oficina Anticorrupción.
Lozano ha anticipado que, si bien utilizará todos los mecanismos habilitados para acceder a esta documentación, que no sólo es pública sino que es vital para los todos los ciudadanos del país -tal como lo demuestran los hechos acaecidos últimamente en relación a los llamados fondos buitres-, de no recibir el citado acuerdo y los 64 contratos que lo sustentan, demandará personalmente a todos y cada uno de los funcionarios involucrados”.
El pedido se fundamenta en la necesidad de analizar de dónde surge el incremento en u$ 3.600 millones habilitado en el reciente acuerdo, de los cuales el Gobierno va pagar u$ 650 millones este mes. Lozano advierte que se trata de un incremento de magnitud que, además ya empezaríamos a pagar sin que pase por el Congreso, tal como fija la Constitución.
