El bloque de Diputados de UP rechazó el proyecto oficialista y sostuvo que toma «lo peor de todos los anteriores».
Claudio Lozano presidente del bloque UP e integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicitó los contenidos del análisis y posicionamiento de Unidad Popular ante el proyecto del oficialismo para prohibir y reprimir las manifestaciones públicas.
Allí se sostiene que: «hasta hace unos días existían varios proyectos para prohibir y legitimar la represión a las manifestaciones públicas, todos nacidos en el seno del Frente para la Victoria (Proyectos Pedrini, Conti, Ferreyra, Carlotto). Situación que generó diferencias dentro del propio bloque oficialista que, para apaciguar sus internas, resolvió no avanzar en el tratamiento de ninguno de ellos hasta recibir una orden directa de la Presidenta».
Para Lozano, «todo indicaría que la orden de Cristina Fernández llegó al recinto porque los diputados del FpV unificaron sus posiciones en un nuevo proyecto, que toma lo peor de todos los anteriores para agregarle, además, un anexo en el que establecen cómo debe ser la represión a protestas y manifestaciones».
«Desde Unidad Popular, y en consonancia con las miles de voces de representantes de organizaciones sociales, de Derechos Humanos, sindicales, de abogados y constitucionalistas, anticipamos nuestro rechazo a este proyecto no solo porque el derecho a la protesta es el primer derecho de una sociedad democrática, (CN Artículos 14 , 32 , 37, 75 inciso 19, 36 , 22 y ss), sino porque el marco en el que se propone lo convierte en un dispositivo que articula control social con vigilancia y represión», prosigue la argumentación.
Además, se enumera que «éste y el resto de los proyectos para ‘regular’ la protesta se dan en el marco de la implementación del sistema SIBIOS y de las tareas de inteligencia ilegal llevadas a cabo sobre militantes y organizaciones populares (expuestas a la luz a través del Proyecto X), de la sanción de la Ley Antiterrorista; de la criminalización de la protesta social con más de 5000 procesados; de la designación del genocida Milani al frente de las FFAA.; de la pretensión de utilizar a las FFAA en tareas de seguridad interna; de la negativa a abrir la totalidad de los archivos de la dictadura; de la condena a prisión de personas por participar en manifestaciones (los seis vecinos de Corral de Bustos, los trabajadores de Las Heras, Esteche y Lescano, y Néstor Marcolín trabajador de la línea 60); del asesinato de 29 personas en ocasión o por motivos de protesta social desde el año 2003 a la fecha (…); de las desapariciones que continúan impunes de Julio López, Luciano Arruga y Daniel Solano; de la profundización de la represión a los trabajadores en las últimas semanas (Emfer-Tatsa-Lear)».
Con todo lo dicho, Unidad Popular exige que se rechacen los proyectos “anti-manifestación”, se sancione la Ley contra la Criminalización de la Protesta Social y cese de inmediato la represión a los que luchan.
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