Para De Gennaro, impulsor del proyecto, “el Estado argentino está creando llaves maestras a la vida de todos los ciudadanos».
En un proyecto presentado por el bloque de diputados de nuestra fuerza se solicita al Poder Ejecutivo que informe a la Cámara sobre algunos detalles referidos al acta acuerdo firmada con España para la incorporación de tecnología electrónica en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI).
Uno de los puntos más conflictivos del nuevo sistema es la restricción del derecho a la privacidad que genera la Base Nacional de Datos Biométricos (SIBIOS), el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y el futuro DNI electrónico. En este sentido, en el proyecto de UP se le pide al Ejecutivo que informe si «tiene intenciones de enviar un proyecto de Ley al Congreso Nacional para intentar aprobar la restricción» a este derecho y también que especifique qué datos incorporará el sistema del nuevo DNI y cuál será el uso, la protección y los mecanismos de control estatales sobre esos datos.
Por otra parte, se le pide que detalle los motivos por los que «resulta imprescindible modificar nuevamente» los DNI, «por qué se eligió hacerlo a través de la Casa de la Moneda de España» y «por qué no hubo una licitación».
Desde los fundamentos del proyecto, el diputado Víctor De Gennaro advierte que «nada garantiza que los DNI electrónicos efectivamente simplifiquen y mejoren los trámites de la ciudadanía con el Estado» y que, de hecho, en España -lugar desde el que estaríamos importando este sistema- sólo en un 0,02% de los trámites virtuales con el Estado la población optó por usar su DNI electrónico a pesar de que se está otorgando desde 2006.
También recordó que en muchos países donde se utiliza este sistema entre ellos Inglaterra, Francia, España, Alemania, Israel, Estados Unidos, Canadá y Australia- las restricciones al acceso a los datos de los ciudadanos son más grandes que las que se contemplan en el plan que impulsa el Ejectuvo, por considerarse un «avance desproporcionado sobre el derecho a la privacidad de las personas».
Asimismo, advirtió que el sistema SUBE utiliza una tarjeta con chip RFID que está asociada al número de DNI y domicilio «sin respetar ningún principio de necesariedad ni proporcionalidad, constituyendo una base nacional de datos de movilidad y microconsumo comercial de la ciudadanía en tiempo real, que también ha probado ser vulnerable luego de que se filtraran y publicaran los registros de uso de mil usuarios».
Además, se solicita que se informe al Congreso si «habrá empresas privadas intermediarias en el proceso de implementación y gestión del nuevo DNI y, de ser así, cuáles son».
De esta manera, «el Estado argentino está creando llaves maestras a la vida de todos los ciudadanos», sostiene el proyecto que fue acompañado por las firmas de De Gennaro, Claudio Lozano, Antonio Riestra, Carlos Brown, Juan Carlos Zabalza, Gabriela Troiano, Nicolas del Caño y Victoria Donda.
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