El Bloque Unidad Popular advierte sobre los riesgos que podría correr la Argentina si se encaran acuerdos “estratégicos” con grandes potencias en un contexto donde se reproducen y profundizan las fuertes asimetrías entre los actores participantes. En este sentido, y tal como lo resaltara el presidente del bloque Claudio Lozano: “vemos con preocupación los trascendidos sobre una Estación China, a instalarse en Neuquén, de “espacio lejano de exploración a la Luna”. Estación que se instalaría a cincuenta años, bajo conducción del Gobierno Chino y bajo régimen legal chino. Estación que gozaría de beneficios impositivos monumentales y cuyas características parecieran consagrar un derecho especial extraterritorial a favor de China”.
En el documento que se adjunta, UP sostiene que “entendemos como importante el vínculo con el gigante asiático, pero consideramos que el mismo debe construirse preservando las posibilidades de desarrollo de la Argentina. Hacerlo exige profundizar la integración regional de América Latina. Las necesidades chinas de soja y minerales transforman a la Argentina en una atractiva plataforma de explotación y también de mercado para su desarrollo industrial y tecnológico. La complementariedad citada no debe servir para reeditar el tipo de vínculo que Argentina estructuró con Gran Bretaña a finales del siglo XIX. No se trata de reeditar, bajo nuevos patrones, otro proceso de reprimarización que vuelva a obturar el desarrollo argentino con elevados costos sociales y ambientales”.
Acuerdos con China. Inquietantes convenios
En los primeros días de septiembre, han trascendido informaciones inquietantes en el marco de la gira que los Ministros de Economía y de Planificación- Axel Kicillof y Julio De Vido, respectivamente- han emprendido por China con el objetivo, oficialmente divulgado, de poner en marcha los aprestos administrativos finales para los proyectos en materia energética y ferroviaria que fueron parte de los acuerdos firmados con China, luego de la visita de su Presidente, Xi Jinping, en julio pasado.
Como ya es de público conocimiento, los acuerdos cerrados con China en los ámbitos energético y ferroviario, se han oficializado en el contexto del duro embate económico financiero que nuestro país está sufriendo desde mediados de junio del corriente año, como consecuencia de la confirmación de la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a realizar el pago total de las acreencias reclamadas por un conjunto de fondos buitres que no fueron parte de los procesos de canje que determinaron la reestructuración de la deuda externa argentina, entre 2005 y 2010.
En efecto, el panorama internacional es extremadamente complejo para nuestro país, lo cual implica que nuestro margen de maniobra soberano puede verse decisivamente perjudicado, si se encaran acuerdos de carácter “estratégico” con grandes potencias – como China- en un contexto que reproduce y profundiza las fuertes asimetrías entre los actores participantes.
Ello, lamentablemente, se ha visto corroborado con la estructura de los acuerdos que Argentina ha firmado con China, en los que se reproducen las típicas cláusulas contractuales que son propias de los países con débil margen de maniobra y que consolidan vínculos bilaterales profundamente asimétricos, lo cual ha quedado cristalizado en la ratificación de jurisdicciones extranjeras que la Argentina reconoce en los acuerdos con China en caso de que se produjeran controversias o incumplimientos de las cláusulas contractuales.
Por ende, no sólo se cede nuevamente jurisdicción soberana, confirmando los criterios de funcionamiento dependiente de todo el andamiaje comercial y de inversiones que rige a través de los Tratados Bilaterales de inversión y de las estructuras extraterritoriales a las que la Argentina les ha transferido, en las últimas décadas, las atribuciones propias de un país soberano en materia económica, sino que, además, consolida una estructura de inserción en el sistema internacional absolutamente dependiente, adquiriendo compromisos económicos y financieros en un contexto de extrema debilidad, lo cual agrava aún más el panorama.
Ahora, ante todo este escenario por demás preocupante, se ha agregado un capítulo más en el vínculo con China, y que está relacionado con un acuerdo de cooperación que se ha firmado para instalar en Neuquén una estación de “espacio lejano de exploración a la Luna”, que sería dirigida por el gobierno chino.
En concreto, se trata del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la provincia de Neuquén, Argentina, en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, el 23 de abril de 2014, y que consta de ocho artículos. Este proyecto, fue enviado por el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación, cuya Comisión de Relaciones Exteriores, procedió a tratarlo el pasado 3 de septiembre de 2014, oficializando un Dictamen de Mayoría que, por cierto, ha sido avalado por la mayoría del cuerpo, controlado por el oficialismo en la citada Comisión. Debe notarse que el proyecto no ha sido acompañado por los Senadores representantes de otros bloques y ha pasado, con el trámite descrito, a la Orden del Día de la Cámara.
El proyecto de esta estación para observación del espacio, será encarado por la compañía China Satelite Launch and Tracking Control Genera (CLTC), se instalará en la provincia de Neuquén, y cuenta con una inversión cercana a los 300 millones de dólares y se prevé que esté en funcionamiento en 2016, mientras que hacia fines de 2014, debería comenzarse con la construcción de las antenas.
Esta estación tendría por objeto realizar tareas de monitoreo, control y bajada de datos en el marco del Programa chino de Misiones para la Exploración de la Luna y el Espacio. A su vez, sería la tercera estación de una red y la primera fuera de territorio chino con una antena de 35 metros de diámetro e instalaciones asociadas a su observación.
Se ha informado, además, que la contraparte técnica de la Argentina en este proyecto, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que funciona en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, podrá acceder a al menos un 10 por ciento del tiempo disponible para el desarrollo de sus proyectos de investigación con tecnología de avanzada.
Justamente, en el Senado de la Nación y en el marco del funcionamiento de la Comisión de Relaciones Exteriores, se citó a las autoridades de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) para que expliquen los alcances del acuerdo firmado con China. Es que, según los considerandos del proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Cooperación, la Conae “ se beneficiará con el acceso a un mínimo del diez (10) por ciento del tiempo de uso de la antena para desarrollar proyectos propios”, lo cual, según se colige de la información disponible, se inscribe en los instrumentos existentes entre ambos países en materia de cooperación en las actividades de exploración del espacio ultraterrestre.
Pero, más allá que nos parece positivo que ambos países puedan avanzar en tareas de exploración del espacio para usos futuros con fines pacíficos, el contenido del acuerdo, en algunos puntos, merece formular objeciones que, en el marco del vínculo bilateral y su potencial despliegue en el mediano y largo plazo, son atendibles, en función de la preservación de nuestros intereses nacionales vitales.
Un primer aspecto a señalar, está reflejado en el artículo ocho del acuerdo, que versa sobre la vigencia del mismo. En concreto, se establece que el mismo tendrá vigencia por cincuenta (50) años, durante los cuales ambos países encararán actividades de cooperación en un ámbito territorial determinado para el montaje de la estación espacial, cuya operación correrá por exclusiva cuenta de las autoridades chinas de la empresa Satelite Launch and Tracking Control General, operadora de la estación espacial. En este aspecto, más allá de la vigencia de tiempo que, en actividades de cooperación pacífica en materia aeroespacial puede ser comprensible, ya que se trata de investigaciones sumamente sofisticadas y que demandan mucho tiempo para su desarrollo intensivo, nos preocupa que no se especifique información alguna sobre las condiciones en las que el Gobierno chino, a través de la mencionada empresa, ocupará por el término de 50 años, una fracción de terrenos de la provincia de Neuquén para actividades de este tipo.
En efecto, desconocemos si, efectivamente, se ha realizado algún tipo de contrato entre las partes aludidas, es decir, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Satelite Launch and Tracking Control General, que permita llevar adelante las actividades previstas. Tampoco conocemos, por los antecedentes enviados, si la provincia de Neuquén ha firmado algún tipo de instrumento al respecto, para el usufructo de un área territorial determinada para estos fines. Sí sabemos que, en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado- acaecida el pasado 3 de septiembre de 2014- las autoridades de la misma, recibieron al Secretario General de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Félix Menicocci, quien habría brindado informaciones relativas a la participación de la citada agencia estatal en el proyecto considerado.[1]
En este punto, en los considerandos del proyecto, se brindan sólo un par de referencias generales, que tienen que ver con dos acuerdos de 2012, que regularían las condiciones en las que deben llevarse a cabo estas actividades. Uno de ellos, es el Acuerdo de Cooperación firmado el 20 de julio de 2012, entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Satelite Launch and Tracking Control General, en el que se especificarían las condiciones que regirían la implantación de las instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano en la provincia del Neuquén. El otro, es un instrumento tripartido, firmado el pasado 28 de diciembre de 2012, entre las partes arriba aludidas y la provincia del Neuquén, para establecer las condiciones que rigen la implantación de las instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano en la provincia del Neuquén.
En definitiva, se trata de dilucidar si, en estos instrumentos, se han establecido el tipo de condiciones necesarias y suficientes para que sea no sólo viable sino sujeto a derecho, el establecimiento de un acuerdo por un lapso de cincuenta años para el desarrollo de un tipo de operaciones en las que, el Gobierno chino, a través de la mencionada agencia, tendrá el exclusivo control. Ciertamente, este aspecto no es menor, ya que se brindan atribuciones especiales y propias de un poder soberano a un actor extranjero en una porción de territorio argentino y, más allá de los instrumentos existentes que puedan esgrimirse, el asunto nos parece lo suficientemente grave como para merecer un tratamiento adecuado.
En segundo lugar, en el artículo segundo del acuerdo de cooperación, se establecen desgravaciones impositivas significativas, que no tienen en los considerandos del mismo, ni en el marco del articulado específico, mayores explicaciones. En concreto, el artículo señalado dice: “Todas las operaciones de comercio exterior, realizadas por el Gobierno de China, para el establecimiento, construcción y operación de la estación del espacio lejano en la Provincia del Neuquén, así como también las compras y contrataciones de benes, obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en la Argentina estarán exentas de todo impuesto y/o derecho aduanero, los impuestos internos, así como también de los impuestos nacionales al consumo, incluido el IVA”.
Un tercer aspecto a observar, está en el punto tercero del tercer artículo, en el que se dice que “ El Gobierno de Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del presente Acuerdo de Cooperación. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la Argentina deba tomar decisiones que puedan interferir con las actividades de China, se compromete a informar a ésta con la debida anticipación, así como a explorar soluciones alternativas, cuando sea necesario, a fin de asegurar que tales actividades no se vean sustancialmente afectadas.”
Esta redacción se asemeja mucho a la inusitada e inadmisible ratificación de una autoridad extraterritorial extranjera, que operaría con atribuciones de autoridad y control, en un territorio soberano de la República Argentina y, en tal sentido, nos preguntamos si ello es admisible más allá de cualquier tipo de instrumento jurídico, de rango inferior, que pueda alegarse.
En efecto, esta situación de grave anomalía, sólo es posible en tanto y en cuanto sea el propio Estado argentino el que dedica declinar, voluntariamente, su autonomía y soberanía, en materia de autoridad y control. Por cierto, si lo vemos en perspectiva del tipo de acuerdos que se han firmado con China y a la luz del andamiaje normativo vigente, por el cual nuestro país ha cedido, hace ya casi cuarenta años, su propia jurisdicción avalando la prórroga de la misma a autoridades foráneas, lo emanado de esta cláusula y este tipo de acuerdos, generan una enorme preocupación sobre las consecuencias que sobrevendrían para nuestro país, a partir de la ratificación de un instrumento de estas características.
Ello implicaría, en los hechos, la consagración de un derecho especial extraterritorial a favor de China, lo cual no es otra cosa que la cesión lisa y llana de soberanía, con el objeto de ser parte de un proyecto del que no se conocen los alcances específicos, más aún en un área de desarrollo tecnológico clave en el sistema internacional contemporáneo, como es la puja creciente entre las grandes potencias por el control aeroespacial.
Por otro lado, se desconoce si el personal de origen chino que operará la estación, será civil y/o militar, lo cual, dado el escenario normativo propuesto, hace presagiar que podrían reconocerse inmunidades soberanas, concesiones típicas de aquellos países que firman acuerdos con grandes potencias para instalar, en su suelo, bases operativas militares, como es el caso del enorme dispositivo de bases que los Estados Unidos tiene en la región latinoamericana desde hace décadas.
A su vez, hay otra dimensión del asunto, que remite a concepciones de carácter geoestratégico y, por ello mismo, propias de los ámbitos de la defensa nacional y la política exterior. En ese sentido, el ex Vice Canciller argentino, Roberto García Moritán, advertía, en una nota reciente, que “por las características técnicas de la antena de recepción y los instrumentos operativos, (el observatorio espacial) tendría otros eventuales alcances que le permitiría un uso dual, civil y militar”.[2] En esa línea, agregaba que la estación, con antenas que permitirían una cobertura y visibilidad casi completa de la Tierra, sería a la vez un centro potencial de escaneo de comunicaciones, rastreo y detección de satélites, control de lanzamientos a escala global incluso, en caso de necesidad, de misiles, drones y otras actividades militares semejantes“.[3]
De esta manera, la República Argentina, podría estar sirviendo a intereses geoestratégicos de potencias como China y, en el camino, quedar entrampada en una compleja trama de intereses que la podrían convertir en blanco de riesgos hipotéticos en función del juego de poder de las grandes potencias.
Es importante señalar, además, que la compañía China Satelite Launch and Tracking Control Genera (CLTC), depende específicamente del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China, lo cual implica que existen vinculaciones concretas con las áreas estratégicas militares.
Es importante tener presente que la República Argentina ha demostrado, con su firme desarrollo tecnológico en materia aeroespacial en los últimos años, que puede y debe ser vanguardia en los usos pacíficos del espacio aéreo, tal como se ha corroborado en los últimos días con el exitoso desarrollo del lanzador de satélites Tronador II, que servirá para poner en órbita, en octubre próximo, el satélite argentino de comunicaciones Arsat- 1, que es, sin dudas, un gran logro de nuestras agencias de investigaciones aeroespaciales.
Estos antecedentes, hacen que la República Argentina pueda trabajar en igualdad de condiciones con el selecto grupo de países con tecnología aeroespacial y de exploración del espacio, lo cual implica la firma de convenios de cooperación de mutuo beneficio, que jamás deberían confundirse con acuerdos que, al tiempo que generan equívocos y serias dudas respecto a plausibles decisiones que comporten cesión de soberanía con cláusulas por demás difusas, nos ponen ante una situación de debilidad extrema y pérdida de margen de maniobra soberano, en un contexto en el que las grandes potencias pujan por obtener mayores cuotas de poder en un mundo que está atravesado por las guerras por recursos y espacios de control e influencia.
A su vez, este tipo de convenios, muy probablemente generen rispideces inevitables con nuestros socios en Sudamérica y, tanto desde las instancias del Mercosur- a través del Parlasur- como desde Unasur o Celac, deberemos generar instancias de observación y análisis de este tipo de acuerdos que pueden lesionar, decisivamente, los sueños y esperanzas en pos de una integración latinoamericana sólida y próspera, que consolide nuestras soberanías territoriales, marítimas y espaciales.
Por todo ello, nos resulta imposible acompañar este tipo de acuerdos y advertimos que debe generarse en la comunidad nacional y sudamericana, una firme voluntad para trabajar en pos de la integración aeroespacial regional, de manera tal de incrementar nuestras capacidades soberanas conjuntas, al tiempo que reforzamos nuestra integración en campos decisivos para nuestro desarrollo tecnológico a mediano y largo plazo.
[2] http://www.infobae.com/2014/09/03/1592200-alertan-la-instalacion-una-estacion-espacial-china-la-argentina
[3] http://www.infobae.com/2014/09/03/1592200-alertan-la-instalacion-una-estacion-espacial-china-la-argentina
Corriente UP