La cita es a las 14 en el Edificio Anexo de Diputados. Convocada por Lozano, participarán referentes, especialistas y académicos.
Convocada por el diputado nacional Claudio Lozano, presidente del bloque de Unidad Popular, se realizará este martes 7 de octubre la audiencia pública “Nueva ley de hidrocarburos. Un debate necesario y estratégico”. La cita es a las 14 en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, Piso 2, Sala 1.
La audiencia contará con la participación de José Rigane, secretario general de Fetera y secretario adjunto de la CTA; Gabriel Martínez, secretario de Organización de Fetera; Gustavo Calleja, ex subsecretario de Combustibles de la Nación e importante referente del Moreno; Raúl Dobrusín, legislador por la provincia de Neuquén (UP); representantes de organizaciones como Observatorio Petrolero Sur, Jubileo Sur y académicos que trabajan en la materia energética.
Como ya es de público conocimiento, el Gobierno nacional ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que modifica parcialmente la legislación vigente en materia de hidrocarburos en la Argentina.
Este proyecto, cuyo tratamiento en Comisiones en el Senado ya ha comenzado, está centralmente enfocado en los recursos hidrocarburíferos no convencionales y en la explotación offshore, y crea la nueva figura de «explotación no convencional», con extensiones de los plazos de las concesiones que están en línea con el desarrollo masivo de estos proyectos a través de la técnica conocida como fracking.
Asimismo, queda claramente explicitado el objetivo de generar todas las condiciones favorables a las grandes empresas trasnacionales del petróleo y el gas mediante la generalización de incentivos impositivos y fiscales que se habían otorgado por decreto en julio de 2013 luego del acuerdo entre YPF y Chevrón para la explotación de un proyecto piloto en Loma La Lata Norte-Loma Campana, en la formación Vaca Muerta, que ya tiene más de un año de vigencia.
El trasfondo de esta propuesta tuvo como protagonistas al Gobierno central y a algunas de las provincias petroleras como Neuquén, Chubut, Río Negro y Mendoza, las que pujaban, por un lado, por conservar sus prerrogativas como poseedoras del dominio originario sobre los recursos hidrocarburíferos, lo cual las habilita a otorgar los permisos de exploración y las concesiones de explotación y, por el otro, por obtener mayores porciones en el potencial reparto de la renta que se generaría con el desarrollo masivo de estos proyectos.
Esa disputa ha sido coyunturalmente conjurada a través de un acuerdo que permitirá a las provincias conservar intactos sus derechos sobre las concesiones ya otorgadas y recibir ingresos adicionales en las potenciales nuevas concesiones a través de distintos mecanismos -canon, bono de entrada al área de explotación, montos destinados a infraestructura, etc.-, a cambio de limitar sus prerrogativas y posibilidades de percepción de recursos en futuras concesiones, las que deberán ser consensuadas con el Gobierno nacional.
Este escenario, que prevé también la posibilidad de extender y unificar áreas concesionadas para la explotación de recursos convencionales con otras en las que podrían existir recursos no convencionales, generaría un peligroso incentivo para que las empresas potencialmente beneficiadas por esas concesiones emprendan un tipo de explotación depredatoria, con nulas o escasas capacidades de control sobre su accionar productivo, como ya ha quedado demostrado en otras etapas históricas recientes de la explotación de recursos hidrocarburíferos en nuestro país. Asimismo, todo ello comportará serios riesgos a la sustentabilidad medioambiental y podría poner en serio riesgo los usos del agua -nuestro bien común más preciado- para actividades económicas sostenibles.
Por otro lado, el proyecto en debate no contempla en absoluto los derechos de las 14 provincias consumidoras e industrializadoras de los bienes hidrocarburíferos, en las que vive nada menos que el 85% de la población total del país, lo cual es la exacta contracara de un acuerdo espurio entre el Estado nacional y las diez provincias productoras, que omite consideraciones elementales que todo país federal debería plantear en términos de una equitativa, racional y sostenible explotación y distribución de los beneficios de la riqueza generada en nuestra Nación.
Una vez más, estamos ante la estratégica decisión de pararnos firmemente ante la profundización de un esquema de desarrollo de la actividad hidrocarburífera, que incentivará el carácter extractivista mediante el uso masivo de la técnica del fracking y dejará la política hidrocarburífera en manos de los intereses de las grandes empresas trasnacionales y de sus socias locales, alejando las posibilidades de orientar una política energética nacional que, a través del control estratégico de YPF, permita recobrar la renta para volcarla a un desarrollo productivo sostenible y democrático.
Pensamos y creemos que tenemos un objetivo compartido, que es el de desandar el camino y emprender otro que nos lleve a una progresiva diversificación de la matriz energética y a un creciente entorno favorable para una integración regional energética basada en políticas de acceso universal a la energía y en criterios de sostenibilidad y aumento de nuestro margen de maniobra soberano.
Fuente: www.fetera.org.ar
