Claudio Lozano presentó un nuevo trabajo que analiza en profundidad la Ley de Hidrocarburos, la situación energética, y ofrece alternativas para un mejor aprovechamiento de nuestros recursos en el marco de la Audiencia Pública convocada por diputados de Unidad Popular.
Para el presidente de dicho bloque, el debate se presenta de una manera limitada en términos públicos, y como una disputa entre la Nación y las provincias hidrocarburíferas que aparece como un “federalismo trucho”.
{videobox}e_tMDHBEm7k||box=1{/videobox}
VIDEO
Según palabras del propio Lozano, “en la letra de la ley y por detrás de esa discusión aparece un conjunto de disposiciones, nuevas figuras de concesiones, plazos y de incentivos promocionales que prefiguran una masiva entrega de nuestros recursos naturales al capital transnacional con costos ambientales muy serios. Por si fuera poco, el proyecto de ley impide cualquier avance por parte del Estado sobre las áreas hidrocarburíferas e incluso las facilidades que el proyecto exhibe deben ser entendidas como un piso, ya que todo queda sujeto un Acuerdo fiscal, ambiental y de pliegos licitatorios entre el gobierno central y el de las provincias, y que no figura en el Proyecto de ley. La idea de la Argentina exportadora de productos energéticos que, Loma de la Lata mediante, nos llevó al desastre actual, al tiempo que profundiza nuestra dependencia los hidrocarburos. Nuestro país debe reorientar su pensamiento y apuntar a una profunda diversificación de su matriz energética. Ese plan estratégico no existe ya que este proyecto y su urgencia solo se sostiene en la desesperada búsqueda de dólares del Gobierno Nacional. Para llegar al final del 2015 con mayor tranquilidad están dispuestos a hipotecar el futuro”.
José Rigane, Secretario General Adjunto de la CTA Nacional, tildó al proyecto como “una vergüenza” por la pérdida de soberanía que se extenderá por los próximos 50 ó 100 años. Dicen “patria o buitres” y están haciendo lo que no se animó a hacer ningún gobierno anterior, ni ninguna la dictadura en el último medio siglo. Es un remate de nuestro patrimonio y riqueza, que es lo que ha estado en discusión desde los años 90. Ratifica y profundiza la política de Menem y mantiene intactos los fundamentos que nos llevaron a esta situación, es decir, privatización y fundamentalmente, la extranjerización. Así, la energía se convierte en una mercancía y no se lo considera un derecho humano”.
Quien también expresó su opinión fue Raúl Dobrusín, Diputado provincial de Neuquén por UP, quien aclaró que, además de discutir quien se queda con la renta petrolera, “están aprovechando y haciendo un negocio inmobiliario en donde están tanto YPF como la empresa Gas y Petróleo del Neuquén que, gracias al Gobernador de la provincia, maneja todas las áreas que antes eran responsabilidad del estado neuquino. También hicieron una sociedad anónima con una cláusula específica que dice que no puede tener control estatal sino de la Comisión Nacional de Valores. El secretario de Ambiente de Neuquén, responsable de la tarea de controlar, es el representante de la provincia en YPF. En un “esfuerzo muy grande”, Neuquén ha comprado 6 camionetas para inspeccionar 500 pozos. Y en Loma Campana tienen un solo inspector para 362 perforaciones. Nada de pensar en satélites ni nada de eso porque es demasiado difícil”, agregó en tono irónico. “Nos están robando la vida y el futuro”, aseguró.
Gustavo Lahoud, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPYP), por su parte, explicó que los intereses están fijando su mirada en las riquezas energéticas de nuestro país: “cuando los Estados Unidos comenzaron este tipo de explotación, lo hicieron pensando como generar un horizonte de vida ya que, desde el punto de vista económico y financiero, este tipo de extracciones no es sustentable en el tiempo, porque los pozos súper explotados se agotan mucho más rápido que los convencionales. Necesitan la extensión de sus intereses y es en este marco en el que le interesan –entre otras- la formación de Vaca Muerta, Neuquén, los probables recursos que haya en la Ley 129 en Chubut, y buscan extender a toda la plataforma continental condiciones de explotación que van a hacer un desarrollo y modo de vida digno para todos los argentinos. Por eso pedimos que se haga una auditoría integral sobre los recursos y las reservas, tanto las probadas como las posibles en nuestras 5 cuencas sedimentarias productivas.”
Hugo Palamidesi, del Grupo Moreno, expresó su preocupación ya que “estamos en una situación muy crítica, y dado el grado de desabastecimiento y carga económica, la energía se ha transformado en un problema de todo el mundo. Hoy tenemos que lograr que el pueblo entienda que no es sólo un problema de los que nos dedicamos a este tema. Los que menos tienen son los que van a pagar más caro esta política. La energía va a quedar sólo para los que puedan pagarla, y ya lo estamos viendo. Este problema sólo lo vamos a resolver con mucho sacrificio, dolor y pobreza del pueblo argentino.”
De este encuentro participaron, además, Gustavo Calleja, ex Subsecretario de Combustibles de la Nación, Diego Dinizio del Observatorio Petrolero Sur, Martín Garcione de la Multisectorial contra el Fraking, Isaac Bulrich, del Grupo Moreno, Pablo Bergel, Partido Bienes Comunes, Ing. Bruno Capra, del Centro de Entidades Empresariales Nacionales, Beberly Keene, Dialogo 2000, la diputada Graciela Villata (FC Códoba), Julio Fuentes (Sec. Gral. ATE), Jorge Cardelli (Sec. Gral. Cultura CTA Nacional) y Hugo Godoy (CTA).