El diputado Víctor De Gennaro (UP) encabezó la Audiencia Pública sobre la deuda argentina, convocada por Unidad Popular en el Congreso y organizada por la Asamblea en el marco de la visita a nuestro país de Eric Toussaint.
Del encuentro tomo activa participación el titular de la UP bonaerense, Hugo Godoy, entre otros dirigentes de las diversas organizaciones que conforman la Asamblea por la Suspensión de Pagos e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes
El fundador de la CTA y presidente de UP, Víctor De Gennaro, lo hizo, resignificando un debate acotado a la esfera de la economía, tanto por el gobierno argentino como por los organismos internacionales: “La deuda externa no es simplemente un debate contable o financiero sino, esencialmente, una decisión política que se llevó la vida de centenares de miles de niños en 30 años de seguir pagando lo fraudulento e ilegal”, sentenció De Gennaro.
Adollfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, el embajador Miguel Ángel Espeche Gil, los legisladores Gustavo Vera y Pablo Bergel, el pastor Ángel Furlan, los diputados del FIT Néstor Pitrola y Pablo López, el ex embajador ante el Vaticano, Carlos Custer, Beverly Keene de Diálogo 2000 y los secretarios adjuntos de la CTA y ATE, Ricardo Peidro y Hugo Godoy, fueron algunos de los oradores del encuentro, en el que Julio Gambina, director del Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA) leyó el documento elaborado por la Asamblea.
El politólogo belga Éric Toussaint (doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Liège –Bélgica- y de la Universidad Paris VIII–Francia), fue el expositor central del encuentro. Luego de trabajar durante más de un año (2007/2008) como integrante extranjero de la Comisión investigadora de la deuda ecuatoriana y de seguir los procesos de desendeudamiento a nivel global, sostuvo que “el eje para solucionar el problema de la deuda es el del acto soberano unilateral que, en las experiencia que recorren el mundo, se produce con el apoyo popular o a partir de la presión popular ejercida por las organizaciones sociales”.
Para Toussaint, “este acto soberano es y debe ser unilateral ya que no existe mecanismo multilateral alguno, más allá de la manifestación de Naciones Unidas del pasado septiembre”, y destacó que “quedó demostrado que cuando un gobierno tomó la decisión política amparado en sus derechos puede llegar la solución”. Así lo demuestran las experiencias de Ecuador e Islandia que, con características y procesos diferentes lograron resolverlo.
“Ecuador tenía los fondos para pagar su deuda pero priorizó las necesidades sociales recuperando los recursos del país para redireccionarlos hacia la educación, la salud y la generación de empleo”.
También destacó la trascendencia de la organización social que obligó al gobierno noruego a condonarle las deudas a cinco países para responder a la demanda que, en su propio territorio, realizaban los sectores populares denunciando la corrupción gubernamental en la venta de barcos noruegos.
Toussanit cerró su exposición con una afirmación sobre el caso argentino y un párrafo dedicado al movimiento social global: “Este acto soberano basado en la legislación nacional es viable y Argentina, con apoyo popular, tiene derecho a suspender el pago hasta que se investigue. Ustedes tienen una cantidad de argumentos para dejar de pagar, tanto en la doctrina Calvo como en la Constitución Nacional sobre la delegación a jurisdicción extranjera.
“Estoy muy alentado. Hace diez años para Europa hablar de deuda era referirse a una problemática de los países en vías de desarrollo. Las sucesivas crisis de la última década (que la abarcan aún sin nombrar a EE.UU o Japón, con deudas que llegan al 100% y 200% de su PBI, respectivamente) y la respuesta social que fue surgiendo permite una acción común entre movimientos sociales de países industrializados y los de los que se denominan en desarrollo”.
A su turno, Pérez Esquivel recordó las coincidencias con De Gennaro al considerar que “la Deuda Pública es parte de los Derechos Humanos”. Para el Premio Nobel de la Paz “hay que mirar adentro y ver lo que no se quiso hacer. Hubo y hay una negativa sistemática a la investigación de la deuda argentina a pesar del fallo del juez Ballesteros. También hay ocultamiento de acuerdos, como Chevron. Estoy convencido de que van a trabar la Comisión investigadora. Después hablan del proyecto nacional y popular”.
Participaron también, Ricardo Peidro, Secretario Adjunto de la CTA; Miguel Ángel Espeche Gil, embajador y doctor en Derecho Internacional Público y Diplomacia, doctor en Derecho Internacional Público y Diplomacia; Gustavo Giménez (MST); Moira Millán, Coordinadora Nacional por la primer Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivi; Pablo Bergel, legislador de la Ciudad de Buenos Aires; Beatriz Rasland, FISYP; Camilo Rodríguez, foro Nacional Deuda Externa; Jorge Cardell, Secretario de cultura de la CTA y dirigente de la Corriente Nacional Emancipación Sur; Ricardo Godoy, PTP-PCR; Susana Merino, Editora de El Grano de Arena-Comunicación Alternativa); Luis Laferrere, Programa Por una Nueva Economía; María Elena Saludas, ATTAC-CADTM; Tomás Raffo y Ana Rameri, IPyPP; Guillermo López, FETERA-CTA; Carlos Loza, Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos; Eduardo Lucita, EDI; Cayetano Masaglia, Proyecto Sur; Néstor Pitrola, Diputado Partido Obrero; Pablo López, Diputado Partido Obrero; Pablo Cabeza, Centro Cultural Alejandro Olmos; José Quarrachino; Ángel Furlan, Federación Luterana Mundial; Beberly Keene, Diálogo 2000; Adrián Ruiz, Director de Derechos Humanos de la CTA; Marta Manuel, Movimiento Emancipador; Daniel Suárez (PSA).
Pronunciamiento previo de la Asamblea
A LOS DIPUTADOS/AS DE LA NACIÓN
«Es necesario invertir el orden de los factores. Éstos deben ser:
PRIMERO: Suspender los pagos e investigar las deudas contraídas desde 1976.
SEGUNDO: Pagar sustentablemente sólo las que resultaren legítimas y legales.
Ante el “Proyecto de Ley de Pago Soberano (Local) de la Deuda Externa Nacional”, enviado por el Gobierno al Congreso y ahora a consideración de la Cámara de Diputados, la Asamblea por la Suspensión de los Pagos e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio y los Bienes Comunes, integrada por una amplia diversidad de organizaciones y referentes populares de nuestro país, manifiesta su profunda indignación y rechazo.
Lejos de contribuir a solucionar el grave problema de la deuda eterna, este apurado proyecto constituye un atropello más a los derechos del pueblo y de la naturaleza. Tenemos que recordar a los diputados/as que el pueblo es el único y verdadero soberano y ustedes sólo sus representantes y por lo tanto no pueden actuar contra los intereses del pueblo.
Denunciamos que es contra el interés del pueblo que el Congreso declare “de interés público”, el pago de una deuda sobre cuyos orígenes y sucesivas negociaciones el propio proyecto ordena investigar y sobre la cual la justicia argentina ha dejado probada su ilicitud e ilegitimidad en el fallo del juez Ballestero sobre la causa Olmos (2000) que oportunamente fuera enviado al Congreso de la Nación. Lejos de cumplir con el mandato constitucional de arreglar la deuda externa, el Congreso que ustedes integran ha mantenido cajoneado durante 14 años el fallo de Ballestero y de esta manera, hasta el día de hoy, la deuda encadena colonialmente a nuestro pueblo. El pago de la deuda viola los derechos humanos fundamentales y es herramienta para imponer un modelo de desarrollo extractivista y expulsivo.
Exigimos al Congreso declarar de interés público el pago de la única deuda legítima: la deuda con el pueblo soberano, con el patrimonio nacional y nuestros bienes comunes.
Rechazamos la aprobación parlamentaria de una nueva e inconstitucional cesión de nuestra soberanía y jurisdicción, al aprobar una emisión de bonos que se regirían no por la ley argentina sino por la ley francesa. En lugar de esto exigimos al Congreso anular las leyes, tratados y acuerdos (incluyendo la emisión de bonos), la participación en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en torno a las Inversiones (CIADI) y más de 50 tratados de protección a los buitres-inversionistas, que son los que mantienen en un verdadero jaque a la soberanía de nuestro país.
La deuda fue impuesta a sangre, fuego y desapariciones por la dictadura cívico-militar y luego renegociada y reestructurada una y otra vez contra los intereses del pueblo. Después de años y años de negar la posibilidad de una auditoria e investigación, llama la atención que el gobierno haya incluido en el proyecto de ley la creación de una “Comisión bicameral de Investigación” destinada a tal efecto.
Si bien esto podría ser considerado un avance de la voluntad popular no es más que una burda hipocresía que no resiste el menor análisis. El proyecto de ley emanado del Ejecutivo, aprobado ya por la Cámara de Senadores en la que el gobierno tiene mayoría, y que ustedes tienen ahora en sus manos, primero declara de “interés público” pagar – obedeciendo sumisamente a las maniobras que propone el Ejecutivo para seguir forzando al pueblo a pagar – y luego propone en forma hipócrita crear una “Comisión Permanente” para investigar la deuda desde sus orígenes hasta el día de hoy. El colmo de esta hipocresía se manifiesta en el hecho que la misma debería emitir un “Informe Final” en apenas 180 días. Aun partiendo de los 477 casos de irregularidades ya determinadas desde hace más de una década en el fallo del juez Ballestero, la investigación de todo el período restante sería de ejecución imposible en el plazo determinado. Como prueba de esto bastaría ver el tiempo que llevó a la república hermana del Ecuador la auditoría de la deuda impulsada por la histórica decisión de un gobierno que pensó en el bien del pueblo.
El pueblo argentino y sus organizaciones sociales y de derechos humanos, han sabido confrontar y derrotar a los buitres criminales de la dictadura, venciendo obediencias debidas, puntos finales e indultos. No duden señores/as diputados/as que sabrá también confrontar, derrotar, juzgar y castigar, donde se encuentren, a los buitres y caranchos que, treinta años después, nos siguen colonizando y saqueando y a todos los que por acción u omisión han actuado y actúan como sus cómplices».
ASAMBLEA POR LA SUSPENSIÓN DE PAGOS E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA Y POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NACIONAL Y LOS BIENES COMUNES.