Claudio Lozano, en nombre del bloque, llamó a la dirigencia nacional a impedir la sanción de la Ley de Hidrocarburos.
El diputado nacional Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular, hizo un llamamiento a la dirigencia política, social, económica y cultural y, especialmente a los legisladores, para impedir la sanción del proyecto de Ley de Hidrocarburos. En caso de que el oficialismo lograra aprobarla, UP convoca a comprometerse públicamente en su derogación en el 2015, luego de las elecciones y de la asunción de los nuevos legisladores.
La convocatoria fue enviada en la tarde de ayer a los integrantes de todos los Bloques:
Declaración de compromiso ante la sanción de una nueva ley de hidrocarburos
«Frente al intento de sancionar el proyecto de ley de hidrocarburos, que modifica sustancialmente la normativa vigente y establece la generalización de beneficios promocionales e incentivos dirigidos a las grandes empresas del sector, se ha realizado a través de un inédito y vergonzoso trámite exprés, lo que no sólo ha impedido un debate público fundamental para el futuro de nuestro país, sino que ha lesionado gravemente el derecho de acceso a la información por parte de nuestro pueblo.
En este sentido, queremos alertar a toda la población sobre un nuevo retroceso, que este proyecto pretende consagrar, en materia de soberanía sobre los bienes que, como los hidrocarburos y la energía en general, no deben considerarse mercancías sino bienes comunes, además de recursos estratégicos.
Asimismo, la aprobación de esta nueva ley se ha hecho a espaldas de buena parte de los Estados provinciales no productores y consumidores de hidrocarburos, vulnerando, de esa manera, elementales compromisos de concertación propios de un país federal, al tiempo que ha ignorado gravemente la problemática medioambiental asociada a la potencial masificación de la técnica extractiva de la fractura hidráulica como método para la explotación de los hidrocarburos no convencionales.
A su vez, esta ley prohíbe insólita e injustificadamente la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales y/o provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de las formas jurídicas existentes debilitando tanto el control y planificación públicos de la actividad hidrocarburífera, como la adecuada regulación normativa, ambiental y económica.
Sostenemos firmemente que la energía es un bien social y un derecho humano de carácter esencial para el bienestar de la población y el abordaje del debate en torno a las formas en las que la energía se genera y los objetivos con los que se la distribuye y utiliza, es una cuestión que nos atañe como pueblo y en cuya resolución se juega nuestro futuro y el de nuestros hijos.
En nombre de la preservación y salvaguarda de los vitales y estratégicos intereses del pueblo de la Nación Argentina, hacemos un llamado al conjunto de la dirigencia política, social, económica y cultural de nuestro país y, específicamente, a los legisladores nacionales, a los efectos de alcanzar un compromiso de orden público, para impedir su sanción o, en su defecto, si firma la mayoría de peso del oficialismo, comprometernos con su inmediata derogación en el 2015, luego de la realización de las elecciones nacionales y de la consecuente asunción de los nuevos legisladores».
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